Sinaloa quiere volver a celebrar el Grito de Independencia en sus plazas públicas.
El problema es que, a pocos días de la noche del 15 de septiembre, el estado volvió a recordar por qué durante los últimos dos años las fiestas patrias fueron suspendidas.
El martes por la noche, Culiacán vivió una nueva jornada de detonaciones, robo de vehículos y un automóvil incendiado. Un día después, en Mazatlán, estudiantes de una secundaria tuvieron que correr para ponerse a salvo cuando se escucharon disparos cerca del plantel.
Pese a ese escenario, la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava confirmó que el próximo 15 de septiembre habrá celebración en Culiacán y en los otros 19 municipios de Sinaloa.
“Hay las condiciones para que Culiacán y todos sus municipios puedan tener sus fiestas patrias”, afirmó la mandataria ante medios locales.
La declaración adquiere un significado particular porque Domínguez llegó al gobierno estatal hace apenas unas semanas, después de la salida de Rubén Rocha Moya, y convirtió la recuperación de la paz en la principal bandera de su administración.
“No de discurso, sino una paz que se sienta en las calles”, prometió al asumir el cargo.
La celebración de este año será el primer intento del gobierno estatal de recuperar plenamente los espacios públicos para las fiestas patrias después de dos años de cancelaciones.
Domínguez pidió a los sinaloenses volver a las plazas y participar en las actividades.
“Se trata de unir esfuerzos todos, que recuperemos nuestras calles y nuestros eventos públicos de convivencia sana”, señaló.
La ceremonia central se realizará en la explanada del Palacio de Gobierno, en Culiacán. Las autoridades prevén abrir el acceso desde las 18:00 horas y desplegar un operativo con fuerzas municipales, estatales y federales, además de una unidad móvil del C2.
Protección Civil calcula una asistencia de entre 25 mil y 30 mil personas.
El gobierno también anunció transporte gratuito para facilitar el traslado de las familias.
La apuesta, sin embargo, no es solamente organizar una ceremonia. Es demostrar que el Estado puede garantizar que los ciudadanos vuelvan a ocupar espacios que durante meses han sido condicionados por la violencia.
La noche del 8 de septiembre, Culiacán volvió a registrar detonaciones de arma de fuego en distintos sectores, además del incendio de un automóvil y un reporte relacionado con el robo de otro vehículo. La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que los hechos estaban controlados y pidió a la población mantenerse alejada de las zonas afectadas.
Pero detrás de esos episodios apareció otro ingrediente que muestra hasta qué punto la vida cotidiana en Culiacán puede alterarse por la información que circula en redes sociales.
El secretario de Seguridad Pública, Sinuhé Téllez López, atribuyó los actos vandálicos a una noticia falsa sobre la supuesta detención de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.
Según el funcionario, el rumor provocó vandalizaciones contra seis inmuebles, entre ellos comercios, talleres, viviendas y un hotel. No hubo personas lesionadas ni detenidas, aseguró.
La reacción resulta reveladora: una versión no confirmada sobre la captura de un integrante de una facción criminal fue suficiente para generar disturbios en distintos puntos de la capital sinaloense.
La escena más inquietante ocurrió el miércoles en Mazatlán.
Estudiantes de la Secundaria Federal número 5 Ricardo Flores Magón, en la colonia Urías, escucharon detonaciones cuando se encontraban en las inmediaciones del plantel.
Los jóvenes corrieron hacia los salones para ponerse a salvo mientras las autoridades acudían al lugar.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, las detonaciones fueron realizadas por personas que viajaban en motocicletas y presuntamente se disparaban entre sí. No se reportaron personas lesionadas.
El diario Noroeste reportó que fueron localizados 22 casquillos de arma corta en el lugar.
El episodio ocurrió, además, mientras circulaban versiones en redes sociales sobre un supuesto operativo federal en el sur de Mazatlán y la posible captura de Óscar Luciano Martínez Larios, “El Casco”, señalado como jefe regional de Los Chapitos. La versión no fue confirmada oficialmente.
La tensión que vive Sinaloa tiene como telón de fondo la confrontación interna del Cártel de Sinaloa, que se intensificó desde septiembre de 2024.
La violencia ha golpeado no solamente a integrantes de grupos criminales, sino también a civiles, comerciantes, estudiantes, funcionarios y comunidades enteras.
A principios de septiembre, un ataque armado en Culiacán dejó tres muertos, entre ellos un bebé de apenas un año y cuatro meses. El episodio volvió a poner de manifiesto el impacto de la violencia sobre los menores.
Días antes, un síndico de Tepuche fue secuestrado y asesinado junto con su hermano. El funcionario había llegado al cargo después del asesinato, en marzo, de su antecesor.
Y esta misma semana, autoridades anunciaron la detención de dos presuntos integrantes de un grupo relacionado con Los Chapitos, señalados por su presunta participación en el secuestro y asesinato de trabajadores de una empresa minera canadiense ocurrido meses atrás.
La gobernadora interina enfrenta así una paradoja.
Quiere que los sinaloenses vuelvan a las calles precisamente cuando la violencia continúa mostrando que puede alterar la vida pública en cuestión de horas.
El desafío del 15 de septiembre será mucho más grande que organizar un espectáculo, izar una bandera o escuchar el tradicional “¡Viva México!”.
Será una prueba de autoridad.
Si miles de familias acuden a las plazas sin incidentes, el gobierno podrá presentar el festejo como una primera señal de recuperación del espacio público.
Pero si los ciudadanos deciden quedarse en casa por miedo, el mensaje será distinto.
Porque en Sinaloa la disputa no ocurre solamente entre grupos criminales.
También se libra por algo mucho más elemental: quién tiene el control de las calles y quién consigue que la gente vuelva a sentirse segura en ellas.
Y ese será, quizá, el verdadero Grito que Graciela Domínguez tendrá que enfrentar este 15 de septiembre.
