El chofer acreditado de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, tenía desde 2023 poder legal para representar a Corporativo Zeg, una de las proveedoras de material electoral del propio instituto, reveló el diario Reforma el lubes pasado. El árbitro electoral pagaba como conductor de su presidenta al apoderado de una empresa que le vende material electoral: Jonathan Navarrete Torres, con nivel LC4 (jefe de departamento) en el tabulador del INE y un sueldo de 45 mil 765 pesos mensuales, figura en el Registro Público de Comercio como apoderado para pleitos y cobranzas de esa compañía.
Segun el diario, Corporativo Zeg y su filial Cajas Graf están bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que congeló sus cuentas, y de la Auditoría Superior de la Federación, mientras que en 2023 su representante legal fue Jesús Octavio García González, quien fue director de Administración del INE hasta abril, de acuerdo con la misma revelación. El 21 de octubre, el mismo diario publicó que Navarrete no se presentaba en las oficinas del instituto y que Taddei tenía un segundo conductor, Luis Alberto Bustamante, contratado con plaza de "líder de proyecto" y un sueldo cercano a 70 mil pesos mensuales, que antes trabajó con ella como analista administrativo en el instituto electoral de Sonora.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia del 20 de octubre que el INE "tiene que aclarar" el caso, y Taddei respondió al día siguiente con una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas: dijo que la persona señalada "jamás" fue su chofer, que estuvo adscrita a la Presidencia del instituto, que llegó en mayo de 2025 y que ya no trabaja ahí. Ese mismo día el INE presentó un portal de transparencia sobre sus contrataciones y Taddei anunció que pediría a la Auditoría Superior que revise al instituto, con lo que la presidencia del INE propuso quién debe revisarla, pero no explicó quién autorizó la plaza.
El caso del INE repite un trazo que, entre 2018 y octubre de 2026, aparece en la Presidencia de la República, en Pemex, en el gobierno de Tabasco y entre contratistas federales: el conductor de un funcionario termina con una plaza de mando, en una encuesta de candidatura o con su firma en una empresa que le vende al gobierno. En cada caso, la decisión de colocarlo la tomó o la facilitó la persona a la que servía, y en ninguno existe todavía una resolución que la sancione.
Nicolás Mollinedo Bastar, "Nico", condujo el auto de Andrés Manuel López Obrador cuando este fue jefe de Gobierno del Distrito Federal (2000-2005), y cuando en enero de 2004 se publicó su sueldo, López Obrador sostuvo en conferencia que Mollinedo no era chofer, sino que ocupaba una plaza de "coordinador de logística" del gobierno capitalino. La fórmula que usa Taddei veintidós años después es la misma: no se discute quién asignó la plaza, se discute cómo se llama.
Mollinedo fue después director de Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos en la entonces delegación Cuauhtémoc, en 2015, bajo Ricardo Monreal, y en 2021 impulsó el movimiento Más por México para registrar un partido político. En octubre de 2018, dos meses después de que López Obrador anunciara como presidente electo el Tren Maya, su hijo mayor adquirió un terreno de 64 hectáreas frente a donde se construyó la estación Tulum, reveló Latinus en septiembre de 2023; el parque turístico que opera ahí lo administra Preservación Ecológica Sac Actun, cuyos dueños son la exesposa de Mollinedo y el hermano de ésta, Jorge Alberto Portilla Mánica, entonces secretario general del Ayuntamiento de Tulum.
El 30 de enero de 2024, ProPublica publicó que la DEA, tras recibir en 2010 el reporte de un informante, investigó si dinero del narcotráfico financió la campaña presidencial de 2006 y grabó dos conversaciones con Mollinedo; el caso se cerró sin cargos y Mollinedo negó haber recibido donativos de narcotraficantes. Lo que sí consta son cargos públicos en su entorno: Rafael Marín Mollinedo, identificado como su primo, dirigió la Agencia Nacional de Aduanas en dos etapas, la última de febrero de 2025 al 31 de marzo de 2026, cuando salió para ser delegado de Gobernación en Yucatán, en medio de la investigación por huachicol fiscal y con aspiraciones declaradas a la gubernatura de Quintana Roo en 2027.
El caso del INE tiene dos piezas que no son iguales y que conviene no confundir: Navarrete es el chofer registrado que no conducía y que tenía poder sobre una proveedora, mientras que Bustamante es el colaborador que conduce y que cobra como líder de proyecto, después de seguir a Taddei del instituto electoral de Sonora al INE. Para dimensionar esas plazas, cuatro consejeros del INE tienen choferes registrados con sueldos de entre 31 mil y 39 mil pesos mensuales, de acuerdo con el directorio del instituto.
La disputa está en la línea de tiempo, porque Taddei sostiene que Navarrete llegó en mayo de 2025 y que Corporativo Zeg ya participaba en procedimientos del INE desde 2021, de modo que las fechas no encajan con la idea de que ella trajo al proveedor. La publicación del 19 de octubre sostiene, en cambio, que Zeg tuvo contratos con Taddei desde 2021, cuando ella presidía el instituto electoral sonorense, y que entró al Registro Único de Proveedores del INE dos meses después de que ella llegó a la presidencia del consejo, en 2023. La decisión sobre si hubo conflicto de interés no la tiene la presidencia del INE, sino la UIF, la ASF y el Órgano Interno de Control.
José Antonio Rodríguez Subiaur se registró el 10 de octubre como aspirante de Morena a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación en Macuspana, Tabasco, la figura que el partido usa antes de definir candidaturas para 2027. Militantes de Morena en el municipio lo señalan como chofer, durante décadas, de José Ramiro López Obrador, "Pepín", hermano del expresidente y secretario de Gobierno de Tabasco, y el abogado Jorge Eduardo Falcón Franco afirmó que trabajó con él al menos 30 años; documentos del Ayuntamiento de Macuspana lo identificaban en septiembre de 2025 como director de Enlace Territorial de la Secretaría de Gobierno estatal, la dependencia que encabeza "Pepín".
En una entrevista difundida el 17 de octubre, José Ramiro López Obrador negó que vaya a imponer candidato y respondió que la definición saldrá de la encuesta: "Es el método, no hay otro". La encuesta decide quién encabeza la boleta en Macuspana, pero no corrige que uno de los aspirantes cobre en la secretaría del funcionario al que conducía, ni que ese funcionario sea quien controla la política interior del estado.
Javier Núñez López fue subdirector de Abastecimiento y apoderado legal de Pemex Exploración y Producción (PEP) durante el sexenio pasado, y desde finales de 2024 es director de Operaciones del Infonavit, al que llegó con Octavio Romero Oropeza. El 13 de diciembre de 2021 firmó por PEP un contrato con Drillmec Inc. por 541 millones de dólares para diez equipos de perforación terrestre, de acuerdo con el portal de transparencia de Pemex.
Ese contrato coincide con el que describe la acusación 4:26-cr-135, presentada el 16 de marzo ante la Corte del Distrito Sur de Texas contra el consultor Alfonso Wilson, quien se declaró culpable el 31 de marzo de conspirar para violar la ley estadounidense contra el soborno en el extranjero (FCPA). El documento describe un contrato de unos 540 millones de dólares adjudicado en diciembre de 2021 y sobornos ofrecidos a un alto ejecutivo de PEP, al que identifica solo como "Foreign Official", de modo que el vínculo con Núñez surge del rastro del contrato y no de la acusación. Código Magenta lo describió como exchofer de la familia López Beltrán, un dato que no consta en ningún registro público verificable y que aquí se presenta como presunto.
Choferes, escoltas y ayudantes forman parte de la Ayudantía, el equipo que organiza traslados, logística y seguridad del presidente, y de ahí salió Ángel Carrizales López, que no era considerado como chofer sino "subcoordinador" de la Ayudantía desde diciembre de 2018 después de dirigir recursos humanos y la oficina particular de la presidencia de Morena entre 2015 y 2018. López Obrador lo propuso para la Comisión Reguladora de Energía, el consejo de Pemex y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cargos que pasaban por el Senado y donde su nombramiento no prosperó, y en noviembre de 2019 lo nombró titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), el regulador ambiental de la industria petrolera, cuyo titular designa el presidente sin ratificación; "Ángel es una persona con capacidad, es un profesional, es una gente honesta", dijo el 28 de noviembre de ese año. Cabe destacar que Carrizales López no cumplía con los requerimientos establecidos por la ley para ser Director Ejecutivo de dicho organismo regulador y aun así ejerció facultades amparado en un nombramiento irregular.
En octubre de 2024, la entonces gobernadora electa Rocío Nahle lo designó procurador del Medio Ambiente de Veracruz, y en octubre de 2025 Código Magenta lo incluyó, junto con el exjefe de la Ayudantía y hoy diputado federal Daniel Asaf, en la red de funcionarios que habría permitido el huachicol fiscal, el contrabando de combustible que entra al país declarado como otro producto para no pagar impuestos. Ninguno de los dos enfrenta una acusación formal por ese esquema, de modo que lo documentado es la ruta de los nombramientos y no una responsabilidad penal.
Fausto Corrales Rodríguez, chofer de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal electo asesinado en Culiacán el 25 de julio de 2024, fue vinculado a proceso en agosto por encubrimiento de ese homicidio y por falsedad de declaraciones. La Fiscalía General de la República sostiene que acompañó a Cuén a la reunión en la que Ismael "El Mayo" Zambada fue llevado por la fuerza a Estados Unidos y que después se contradijo y omitió información.
En el otro extremo están los choferes que no deciden nada y aparecen con poder legal en papel. En marzo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que choferes de despachos de Quintana Roo figuraban como socios y apoderados de una red de empresas que recibió 65.8 millones de pesos de un contratista federal en 2020, y dos de ellos dijeron que los inscribieron sin su autorización; en febrero, la misma organización identificó a un chofer como accionista de una empresa declarada simuladora de operaciones por el SAT, dentro de una red que obtuvo más de 2 mil 360 millones de pesos en contratos públicos en seis estados.
Porque el puesto de conductor se asigna por confianza y no por concurso, y esa confianza no tiene un tope que la limite: el titular decide a quién mete en el auto y con qué nivel lo registra en la nómina. Por eso hay choferes con plaza de director de área, como Alberto Rojas Márquez, conductor de López Obrador en la Presidencia, registrado con nivel M21 y 67 mil 37 pesos brutos mensuales, según Nómina Transparente consultada por Emeequis en 2023, mientras que los conductores de los consejeros del INE cobran entre 31 mil y 39 mil pesos.
La segunda decisión es la de promoverlos, y ahí la cadena se puede rastrear con nombres: López Obrador defendió la plaza de Mollinedo en 2004 y nombró a Carrizales en la ASEA en 2019 anteponiendo la honestidad a la experiencia, Nahle lo designó en Veracruz en 2024, y Subiaur pasó de conducir a "Pepín" a una dirección en la secretaría que este encabeza y de ahí a la encuesta de Morena. El único filtro externo que aparece en esa cadena es el Senado, que no aprobó a Carrizales para los órganos que requerían ratificación, y la salida fue llevarlo a un cargo que no la requería.
La tercera decisión es la que convierte la cercanía en contrato, y es la que hoy está bajo revisión: un conductor con poder notarial sobre una proveedora del INE, como Navarrete, o un apoderado de Pemex que firmó un contrato de 541 millones de dólares, como Núñez, son el punto donde el asunto deja de ser de nómina y pasa a ser de compras públicas, con instancias distintas para cada uno: el Órgano Interno de Control y la UIF en el primer caso, y la justicia estadounidense en el segundo, que hasta ahora no lo nombra.
La respuesta oficial, en 2004 y en 2026, ha sido reclasificar el puesto: "coordinador de logística" entonces, "adscrito a la Presidencia" ahora. Reclasificar la plaza cambia cómo se llama el cargo, no quién lo asignó ni quién responde por él, y en el caso del INE esa respuesta no la da la presidencia que contrató al conductor, sino las instancias que la pueden sancionar.
