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title: "En Cuba, reclamar agua puede llevar a prisión: los 1,339 presos políticos que retratan una nueva ola represiva"
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description: "Prisoners Defenders reporta un nuevo máximo de presos políticos en la isla. Entre los casos recientes aparecen madres que reclamaron agua y electricidad, ciudadanos que grabaron abusos y personas que utilizaron las redes sociales para denunciar las carencias de sus comunidades"
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date_published: "2026-09-10T08:03:00-06:00"
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tags:
  - "Cuba"
  - "Dictadura"
  - "Presos políticos"
author_name: "Gerardo Olvera"
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author_bio: "Editor internacional con más de 20 años de experiencia en medios. Analítico, crítico y ser humano funcional, dedica su tiempo a ver cómo sí. Como textoservidor ha trabajado para las principales cadenas radiales y televisivas de latinoamérica."
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# En Cuba, reclamar agua puede llevar a prisión: los 1,339 presos políticos que retratan una nueva ola represiva

En Cuba, la protesta ya no necesariamente comienza con una consigna política.

Puede comenzar frente a una llave sin agua, después de semanas de apagones o con un teléfono celular utilizado para grabar lo que ocurre en una calle.

El resultado puede ser una detención.

La organización Prisoners Defenders cerró agosto con **1,339 presos políticos registrados en Cuba**, la cifra más alta de su serie histórica. Durante ese mes incorporó 19 nuevos casos y registró siete bajas, para un incremento neto de 12 personas respecto de julio. En los últimos 12 meses, la organización documentó 281 nuevos presos políticos.

La propia base de datos de Prisoners Defenders mantiene actualmente el registro de 1,339 personas y documenta, entre ellas, casos de ciudadanos sometidos a prisión provisional, medidas cautelares y otras formas de restricción de libertad.

Para Javier Larrondo, presidente de la organización, la dimensión más preocupante del fenómeno está en el cambio del perfil de quienes terminan perseguidos.

“Reclamar agua o electricidad puede llevar a la cárcel”, afirmó Larrondo, al advertir que la represión alcanza también a quienes documentan abusos o cuestionan públicamente la actuación de funcionarios.

### Del opositor al ciudadano que reclama

El caso de **Sady Reynaldo Companioni** ilustra esa transformación.

La mujer, residente en Lawton, La Habana, comenzó a denunciar públicamente la falta de agua en su vivienda. Según Cubalex y medios independientes cubanos, durante semanas reclamó ante autoridades locales y también denunció en redes sociales lo que consideraba un trato desigual en la distribución del agua mediante pipas.

El 28 de agosto, cuatro policías llegaron a su vivienda y la detuvieron. Su hija, de seis años, estaba presente.

Companioni fue trasladada primero a una estación policial y posteriormente al centro de detención conocido como El Vivac. Prisoners Defenders registró su caso como prisión provisional.

La mujer fue liberada el 2 de septiembre, pero su salida no significó el cierre del caso. De acuerdo con información publicada por 14ymedio y Cubalex, quedó sometida a la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades policiales.

La organización Cubalex sostiene que el caso plantea interrogantes sobre la libertad de expresión, el derecho a presentar quejas ante las autoridades y las garantías frente a una detención arbitraria. También denunció que durante su detención se produjeron problemas para acceder a información sobre el expediente y para recibir medicamentos.

### La protesta que nace de la escasez

El caso de Companioni ocurre en un contexto de deterioro de las condiciones de vida en la isla.

La escasez de agua, los apagones y la falta de servicios básicos han provocado protestas y denuncias ciudadanas en distintas zonas de Cuba. Prisoners Defenders ya había advertido meses atrás que la respuesta oficial ante el deterioro económico y humanitario incluía detenciones, amenazas y procesos penales contra personas que participaban en protestas o expresaban públicamente su descontento.

La particularidad de los casos recientes es que muchos de los protagonistas no aparecen necesariamente como dirigentes opositores tradicionales.

Son madres, vecinos, usuarios de redes sociales o ciudadanos que reclaman soluciones para problemas concretos.

Y ahí está uno de los cambios que las organizaciones de derechos humanos observan en la represión cubana: **la frontera entre la protesta política y la protesta por sobrevivir se vuelve cada vez más difícil de distinguir**.

### Mujeres y menores, entre los casos documentados

La cifra récord también tiene un componente de género.

Prisoners Defenders registra actualmente más de 150 mujeres dentro de su listado de presos políticos, incluyendo mujeres adultas y menores de edad. Su base de datos también documenta decenas de personas que fueron detenidas cuando eran menores.

El efecto de las detenciones tampoco termina en las cárceles.

En el caso de Companioni, la detención ocurrió frente a su hija de seis años. Su familia tuvo que enfrentar además las dificultades para obtener información sobre el proceso y asistirla durante los días que permaneció bajo custodia.

Otro caso citado por Prisoners Defenders es el de **Doraikis Delgado González**, detenida después de transmitir en directo una protesta vecinal relacionada con los apagones en Alamar, La Habana.

Según la información difundida por la organización, Delgado González permanece en prisión provisional y enfrenta una acusación relacionada con la supuesta difamación de instituciones, héroes y mártires. La mujer padece hemofilia y es madre de dos niños.

### Una represión que se extiende a las redes

El teléfono celular se ha convertido en otra frontera de la confrontación.

Grabar una detención, transmitir una protesta o publicar una denuncia puede convertir una inconformidad local en un asunto que las autoridades consideran penal.

Cubalex documentó hasta agosto de 2026 **219 citaciones que considera arbitrarias**, dirigidas tanto contra activistas como contra ciudadanos que no necesariamente pertenecen a organizaciones opositoras. La organización sostiene que las citaciones están siendo utilizadas como mecanismo de intimidación y control.

En paralelo, el ICLEP reportó que julio de 2026 registró un récord de violaciones documentadas relacionadas con libertad de expresión y prensa, con 272 casos frente a 180 en junio.

Los números dibujan así un escenario que va más allá de los presos políticos conocidos.

### Cuando reclamar se convierte en riesgo

La historia de Sady Companioni concentra el dilema.

Una mujer reclama agua. Expone su situación en redes sociales. Denuncia lo que considera un trato injusto. Es detenida frente a su hija. Pasa por una estación policial y por un centro de detención. Después recupera la libertad, pero queda bajo vigilancia y con obligaciones ante las autoridades.

No se trata solamente de una disputa por el suministro de agua.

Es el punto donde una necesidad básica se cruza con el derecho a reclamar, denunciar y cuestionar a quienes administran los servicios públicos.

Mientras tanto, la lista de Prisoners Defenders continúa creciendo.

**1,339 nombres son, para la organización, el indicador de una represión que no se está reduciendo. Pero detrás de la cifra hay también otra historia: la de ciudadanos que comenzaron reclamando agua, electricidad o atención a sus problemas cotidianos y terminaron enfrentándose al aparato penal del Estado cubano.**

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