--- canonical_url: "https://lopolitico.com/contenido/250/carteles-terrorismo-injerencia-2027" title: "Delincuentes en México; terroristas para EE.UU: la realidad que aprieta rumbo a 2027" article_type: "AnalysisNewsArticle" description: "EE.UU. designó a diez cárteles como terroristas y mientras acusa a funcionarios de Morena en Sinaloa; Sheinbaum denuncia injerencia rumbo a la elección de 2027." main_image: "https://lopolitico.com/download/multimedia.grande.9f660b310735a3c3.Z3JhbmRlLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-09-17T19:06:00-06:00" date_modified: "2026-09-18T08:15:24-06:00" tags: - "4T" - "Cárteles" - "Claudia Sheinbaum" - "Coordinadores 4T" - "Elecciones 2027" - "FTO" - "PRI" - "Sinaloa" author_name: "Carolina Monsalve" category_name: "Nacional" category_url: "https://lopolitico.com/categoria/11/nacional" category_description: "Cobertura de la política nacional de México: decisiones de gobierno, economía y seguridad. Reportamos la decisión, no la declaración." --- # Delincuentes en México; terroristas para EE.UU: la realidad que aprieta rumbo a 2027 El proceso electoral federal 2026-2027 arrancó el 3 de septiembre en el Instituto Nacional Electoral sobre una discusión que no es de seguridad sino de clasificación jurídica: lo que México persigue como **delincuencia organizada**, Estados Unidos lo trata desde febrero de 2025 como **terrorismo**, y esa diferencia de etiqueta se convirtió en la palanca que hoy pesa sobre las elecciones próximas. La distinción no es semántica. Para México un cártel es una red criminal que se persigue con derecho penal ordinario, caso por caso y bajo cooperación negociada; para Washington, desde la **Orden Ejecutiva 14157** que Donald Trump firmó el 20 de enero de 2025, diez organizaciones mexicanas figuran como **Organizaciones Terroristas Extranjeras** (FTO), con lo que sus agencias quedan habilitadas para perseguir activos en cualquier país abriendo la puerta a la acción unilateral. La lista pasó de ocho a diez el 15 de julio de 2026, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, sumó a los cárteles de Juárez y *Los Viagras*. Sobre ese fondo se montó lo que la presidenta Claudia Sheinbaum llama injerencia. El Departamento de Justicia imputó a una decena de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa ligados a Morena por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos al gobernador con licencia **Rubén Rocha Moya**, con solicitud de arresto y extradición de la fiscalía de Nueva York por presuntos nexos con el *Cártel de Sinaloa*; dos exfuncionarios ya fueron entregados. Ninguna de esas imputaciones es una sentencia: son acusaciones de una fiscalía extranjera. Con el proceso ya abierto, la presidenta respondió a Rubio —que en Ecuador dijo que el combate mexicano a los cárteles "no es ni de lejos suficiente"— con una frase que fija su posición: "México no es piñata de nadie y tampoco van a intervenir en las elecciones del 27". A mediados de septiembre rechazó además un documento interno del Departamento de Estado, difundido por el medio [NewsNation](https://www.newsnationnow.com/), que citaba una encuesta según la cual una mayoría de mexicanos respaldaría una acción directa de Estados Unidos contra los cárteles; lo llamó fuente "dudosa" y "sin sustento". ## ¿Qué cambia cuando un cártel pasa de criminal a terrorista? La designación FTO exige comprobar tres cosas: que la organización sea extranjera, que participe en terrorismo o preste **apoyo material** a él, y que amenace la seguridad nacional de Estados Unidos. El "apoyo material" —dar dinero, bienes o servicios a la organización— es la figura que lo ensancha todo, de modo que un análisis del Observatorio de la Cámara de Diputados advirtió que bajo esa lógica una empresa extorsionada podría quedar encuadrada como financiadora del terrorismo aun cuando pague bajo amenaza; el mismo documento recuerda que un estudio de 2024 registró que cerca del 45% de los empresarios en México reportaron demandas de pago por "protección". La etiqueta ya se tradujo en fuerza. Desde septiembre de 2025 las fuerzas armadas estadounidenses realizaron al menos **75 ataques** contra embarcaciones que, según Washington, transportaban droga en el Caribe y el Pacífico, con al menos **227 personas muertas**, según el recuento del propio gobierno estadounidense citado por [CNN](https://cnnespanol.cnn.com/) en septiembre de 2026. Es el tipo de operación que la clasificación de terrorismo habilita y que la de delincuencia organizada, por sí sola, no. En paralelo corre el frente financiero: en junio de 2025 el **Departamento del Tesoro** impuso medidas especiales contra CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector por presunto lavado para los cárteles, y la entonces fiscal general Pam Bondi llegó a colocar a México en la categoría de "adversario extranjero". Cada pieza —la designación, la persecución de activos, el señalamiento a bancos— amplía lo que Estados Unidos puede hacer sin pedir permiso y encoge el terreno de la cooperación que México prefiere. Operación Águila Alta: México pone 800 militares en la frontera para inhibir drones ## ¿Puede un político heredar el señalamiento por su cercanía a un gobernador? La respuesta depende de la vía. Por la penal no se hereda: para imputar a alguien como a **Rocha Moya**, el **Departamento de Justicia**necesita prueba de actos propios —apoyo material a una organización designada o participación en una conspiración—, y la cercanía política no es apoyo material, porque el apoyo material es a la organización designada, no al funcionario señalado. Ser compañero de fórmula o carta de un gobernador no es, por sí mismo, delito bajo la ley estadounidense. Por la vía administrativa el umbral es otro. La revocación de visa opera bajo la Sección 221(i) de la Ley de Inmigración, discrecional, sin condena y sin obligación de avisar; la inadmisibilidad por narcotráfico se activa con "razón para creer" y alcanza a quien asiste "a sabiendas"; y OFAC puede sancionar a quien "actúe por cuenta de" una persona ya designada. Pero esa causal exige una transacción o una relación de agencia —mover dinero, prestar un servicio— no una amistad. Hasta hoy Estados Unidos no ha colocado a ningún político mexicano en la lista de OFAC por nexos con cárteles: contra los políticos ha usado la visa y la imputación, no la sanción financiera. Ahí quedan dos coordinadoras de la "defensa de la 4T". En Baja California, **Julieta Ramírez** construyó su carrera dentro de la estructura de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, a quien Estados Unidos retiró la visa en 2025; un reporte de Televisa N+ apuntó que el Departamento de Justicia mantendría una investigación contra la propia Ramírez y un acuerdo de cooperación, algo que ella negó y atribuyó a una "guerra sucia". En Sinaloa, **Imelda Castro** fue compañera de fórmula al Senado de Rocha Moya en 2018 y hoy se deslinda de él; la periodista **Anabel Hernández** afirmó en su podcast, con fuentes anónimas, que Castro habría sabido desde 2021 de reuniones entre Rocha y el líder del *Cártel de Sinaloa*. Ninguna de las dos tiene visa revocada ni imputación: lo que arrastran es proximidad y sospecha reportada, no una acusación estadounidense en firme. ## ¿Qué implicaría declarar terrorista a un partido entero? El escenario dejó de ser hipótesis el 6 de mayo de 2026, cuando el presidente del PRI, **Alejandro Moreno**, pidió por escrito al Departamento de Estado, al de Justicia y al del Tesoro que Morena sea designado organización terrorista, y al INE que le retire el registro como "narcopartido", con el precedente del partido español *Batasuna* como argumento. Hasta la fecha no existe designación estadounidense contra Morena ni prueba pública concluyente, y quien la solicita es el principal rival electoral del partido gobernante rumbo a 2027. El paso es forzado en derecho. Los "partidos" que Estados Unidos sí ha designado —Hezbolá, Sendero Luminoso, el ELN— tienen un brazo armado propio que cometió actos terroristas, y Batasuna fue ilegalizado por los tribunales españoles como ala política demostrada de ETA. Morena es el partido en el gobierno de un país soberano, y los cárteles son organizaciones separadas: lo que se alega es colusión de algunos miembros, no que el partido sea el brazo político de un grupo armado. No hay precedente de que Washington designe terrorista al partido gobernante de un vecino del tamaño de México. Si aun así ocurriera, el golpe llegaría por la vía migratoria: la causal de terrorismo hace inadmisible a quien sea "miembro o representante" de una organización designada, con lo que cualquier militante podría quedar impedido de entrar a Estados Unidos por su sola membresía, y quien diera dinero o servicios al partido quedaría expuesto a sanciones secundarias que cortan el acceso bancario. Equivaldría a declarar terrorista al gobierno mexicano y a romper el T-MEC y la cooperación en seguridad de un tiro; por eso lo probable no es la designación formal, sino la presión individuo por individuo más el encuadre de "narcogobierno" que el jefe de la DEA, Terrence Cole, ya instaló al declarar que los cárteles y el gobierno mexicano son lo mismo. ## ¿Por qué toda esta maquinaria se juega en la boleta de 2027? El calendario le da sentido político a lo jurídico. La elección del **6 de junio de 2027** renueva 17 de las 32 gubernaturas, Morena y sus aliados gobiernan 24 de esas entidades, y entre las que se disputan está Sinaloa, el estado del gobernador que Estados Unidos acusa. Que las imputaciones caigan sobre funcionarios de un solo partido, en estados que se votan, es lo que convierte una lista de seguridad en un factor de la contienda. La palanca sirve para adentro y para afuera. En Estados Unidos la ofensiva coincide con las elecciones intermedias de noviembre de 2026 y con un Partido Republicano que teme perder el Congreso; en México la oposición la aprovecha —Vicente Fox llamó a esto el arranque de un frente rumbo a 2027 y el PRI llevó la petición a Washington— mientras Sheinbaum la usa en sentido inverso, porque al atribuir la presión a "sectores de ultraderecha" y exculpar a Trump corre el foco hacia el agravio nacional y esquiva la pregunta por los gobernadores señalados de su propio partido. "Coordinación sin subordinación" es la fórmula con la que sostiene ese equilibrio. Conviene separar el anuncio de lo que de verdad cambia. La designación no es una condena contra ningún político, las imputaciones a los funcionarios de Sinaloa siguen sin sentencia y Morena no está designado. Lo que sí cambió es el marco: Estados Unidos armó un menú de herramientas con umbrales descendentes —penal, financiero, migratorio— y puede elegir el que quepa en cada momento político, sin pisar un tribunal mexicano. Ese es el filo. La reclasificación no decide quién gobierna Sinaloa ni quién gana en 2027, pero define el terreno en que se discute, porque instala la sospecha de vínculos con el crimen como tema de campaña y deja a México reaccionando a una agenda escrita afuera y, en parte, pedida desde dentro. Si esa sospecha se vuelve prueba o se queda en presión no lo resuelve una boleta, sino tribunales que hasta hoy no han dictado nada. Cofepris retira antidiabético adulterado y deja a la vista el mercado negro de medicinas --- ## Hechos clave - La Orden Ejecutiva 14157 (20-01-2025) ordenó designar cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras; la lista llegó a diez el 15 de julio de 2026 con Juárez y Los Viagras. - El Departamento de Justicia imputó a una decena de funcionarios de Sinaloa ligados a Morena, incluido Rubén Rocha Moya. Ninguna imputación es sentencia. - Estados Unidos no ha designado a ningún político mexicano en la lista de OFAC por nexos con cárteles; contra ellos usa la revocación de visa y la imputación. - El 6 de mayo de 2026 el PRI pidió a Estados Unidos designar terrorista a Morena; no existe designación oficial ni prueba pública concluyente. - La elección del 6 de junio de 2027 renueva 17 de 32 gubernaturas; Morena y aliados gobiernan 24, y Sinaloa está en disputa. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.