Gerardo OlveraLas crecientes tensiones entre el Gobierno Federal y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia "Maru" Campos, han escalado a un escenario de franca confrontación legal y mediática. La reciente entrega de citatorios por parte de la Fiscalía General de la República —en el contexto de investigaciones vinculadas a operativos de seguridad en la entidad y el llamado "caso Gin Gin", un supuesto intento de secuestro en su contra denunciado por el Senador Javier Corral , junto con la formalización de solicitudes de juicio político, configuran una ofensiva institucional que la mandataria chihuahuense califica abiertamente como una persecución política.
Este uso del aparato del Estado con fines de control territorial y político evoca de forma inevitable uno de los episodios más significativos de la historia política reciente de México: el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005. No obstante, el análisis de aquel precedente sugiere que la estrategia oficialista actual entraña un riesgo calculado que podría generar el efecto inverso al deseado por la administración federal.
El 7 de abril de 2005, la Cámara de Diputados consumó el desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, bajo el cargo de haber violado una orden judicial en el predio El Encino. El propósito de la administración de Vicente Fox y de las fuerzas políticas dominantes de la época era inhabilitar legalmente al aspirante presidencial más competitivo de la oposición de izquierda antes de que pudiera registrar su candidatura para los comicios de 2006.
Veintiún años después, la presión gubernamental mediante el despliegue de las instituciones de procuración de justicia federales contra Maru Campos muestra patrones de similitud metodológica. La estrategia busca debilitar un bastión opositor clave en el norte del país de cara a los próximos ciclos electorales estatales de 2027 y frenar la proyección de la mandataria. Sin embargo, la actual coyuntura coloca a la gobernadora en la necesidad de formalizar y destapar sus aspiraciones presidenciales a la brevedad si pretende consolidar un liderazgo nacional.
El resultado histórico del caso El Encino desmanteló la lógica del cálculo gubernamental de la época. Lejos de sepultar su carrera, el desafuero dotó a López Obrador de una narrativa de victimización legítima y de una exposición mediática nacional sin precedentes. La percepción pública de que el poder central intentaba ganar en los tribunales lo que no podía asegurar en las urnas consolidó su liderazgo social y operó como el principal resorte de su carrera política hacia la presidencia, obligando al gobierno foxista a retirar los cargos.
Al concentrar el peso del aparato federal sobre la gobernadora de Chihuahua, el oficialismo actual corre el riesgo de cometer el mismo error de cálculo y unificar a una oposición que hoy se encuentra fragmentada. Las denuncias como la de Javier Corral que rayan en el carácter de la esquizofrenia, son elementos que dan argumentos a la gobernadora para justificar la persecución política. La narrativa de defensa de la soberanía estatal frente a la intromisión del centro es un recurso históricamente eficaz en el norte de México, y la estructura de Acción Nacional ya ha comenzado a movilizarse bajo esa premisa.
Sin embargo, para que la confrontación con el Gobierno Federal actúe como un catalizador similar al de 2005, Campos Galván requiere capitalizar la atención nacional de manera inmediata a través de un destape explícito por tres razones analíticas fundamentales.
En primer lugar, un anuncio formal le permitiría ocupar el severo vacío de liderazgos visibles y competitivos que padece la oposición a nivel nacional, posicionándola como el referente natural de contrapeso frente al bloque oficialista. Deflectar las acusaciones en su contra, argumentando que es puntera en las encuestas de las preferencias electorales para sustituir a Claudia Sheinbaum provocarían un efecto boumerang a su favor.
En segundo lugar, la precandidatura transforma la naturaleza del conflicto ante la opinión pública. Mientras la disputa se mantenga exclusivamente en el terreno judicial de las carpetas de investigación, el gobierno retiene la iniciativa. Al asumir una aspiración presidencial, el litigio se encuadra automáticamente como una contienda electoral adelantada, restando legitimidad técnica a las acciones de la fiscalía y presentándolas como un intento de silenciar a una rival competitiva.
Finalmente, el factor tiempo es determinante para su blindaje político-electoral. Posicionarse tempranamente en el tablero nacional le otorga un margen de maniobra que la defensa puramente local no puede proporcionarle, obligando a las fuerzas de su partido y a los posibles aliados de coalición a cerrar filas en torno a una figura nacional y no solo a una mandataria estatal en problemas.
El Gobierno Federal parece estar aplicando un guion cuyos resultados históricos demostraron que la persecución institucional suele construir los liderazgos que pretende destruir. Para Maru Campos, el escenario de vulnerabilidad judicial actual representa su mayor ventana de oportunidad política, pero su efectividad dependerá de la audacia para dar el paso hacia la escena nacional antes de que el desgaste de la estructura local agote sus márgenes de maniobra.
