Gerardo OlveraEl 10 de septiembre de 2026, la periodista Anabel Hernández afirmó públicamente que la Presidenta de la República consume marihuana como paliativo ante episodios de depresión y la presión del cargo. Actores políticos de oposición, como la senadora panista Lilly Téllez, capitalizaron inmediatamente la declaración para cuestionar a la mandataria y exigir controles estrictos sobre el uso de drogas. Desde el oficialismo y sus analistas afines, la narrativa fue calificada de periodismo carente de rigor y de ataque infundado a la reputación.
Sin embargo, el uso de la rumorología para mermar la figura presidencial obedece a una dinámica donde el sistema castiga con las mismas tácticas que previamente validó. Hace más de una década, actores que hoy conforman el oficialismo promovieron estrategias idénticas. El comunicador Federico Arreola inició en 2006 el rumor sobre el supuesto alcoholismo de Felipe Calderón, un hecho que admitió años después haber fabricado como represalia política. Esta narrativa fue llevada a la tribuna legislativa por figuras como el hoy senador Gerardo Fernández Noroña, quien en febrero de 2011 paralizó la sesión de la Cámara de Diputados con una manta que cuestionaba la capacidad del mandatario para conducir el país bajo los supuestos efectos del alcohol.
En ambas administraciones, el denominador común ha sido la ausencia absoluta de pruebas periciales, bitácoras médicas o testimonios legales que demuestren que el ejercicio del poder y la toma de decisiones se ejecutaron en estados de alteración cognitiva. Las acusaciones han operado exclusivamente en el terreno de la percepción pública y el desgaste mediático.
La persistencia de estas estrategias subraya una omisión en el andamiaje jurídico mexicano. A diferencia de otros sistemas que cuentan con mecanismos de escrutinio médico para los altos cargos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no exige evaluaciones de salud física o mental para ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo, ni contempla protocolos de destitución por incapacidad cognitiva no declarada.
Los intentos por legislar en la materia han quedado archivados en el Congreso. En septiembre de 2020, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) propuso una reforma constitucional para establecer la salud mental como un requisito indispensable para ocupar la presidencia. La iniciativa, que proponía evaluaciones clínicas periódicas y requería de mayorías calificadas, no prosperó. El debate legislativo ha evadido establecer un estándar objetivo, permitiendo que la idoneidad de los mandatarios se litigue a través de filtraciones, rumores y descalificaciones en lugar de dictámenes institucionales y transparentes.
El ciclo de acusaciones sobre los hábitos de consumo de los presidentes en turno exhibe la precariedad del debate público y las deficiencias de un sector del periodismo mexicano. Al elevar rumores sin sustento a la categoría de noticia, los actores políticos y mediáticos renuncian a su obligación de fiscalización estructural. El periodismo de calidad exige documentar los resultados de las políticas públicas y verificar la legalidad de los actos de autoridad, no replicar agresiones orientadas al daño reputacional.
El problema central no radica en los hábitos no comprobados de Claudia Sheinbaum o de Felipe Calderón, sino en la vulnerabilidad de las instituciones democráticas. Quienes deciden sobre el rumbo económico, diplomático y de seguridad del país deben hacerlo con las mejores herramientas y en plenas facultades. Mientras el Estado mexicano carezca de normativas que transparenten la salud de los jefes de Estado mediante mecanismos científicos y verificables, el debate político seguirá alimentándose de estigmas y la certeza sobre el liderazgo institucional permanecerá vulnerable al golpeteo partidista y al periodismo no profeisonal.
