Gerardo OlveraGUERRERO.- Horas antes de ser encontrado sin vida junto con otras tres personas en el municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, el agente de la Guardia Nacional, Eduardo Bustos Pérez, difundió un video en el que lanzó graves acusaciones sobre una presunta red de complicidad entre mandos de corporaciones de seguridad, funcionarios de la Fiscalía General del Estado y el grupo criminal conocido como Los Tlacos.
Las declaraciones del elemento, sin embargo, no han sido confirmadas por las autoridades, y forman parte de las líneas de investigación abiertas tras su asesinato.
En la grabación, de más de ocho minutos de duración y difundida en redes sociales, Bustos Pérez se identificó como elemento especializado en investigación y relató las actividades que, según dijo, realizaba mientras estaba comisionado en distintas zonas de Guerrero.
El agente aseguró que recibía instrucciones para realizar labores de vigilancia, documentación, fotografías, mapeo y georreferenciación en localidades como Xaltianguis, Ocotitlán y Tierra Colorada.
Según su testimonio, la información era entregada a un superior identificado como “el cabo Medina”, a quien señaló de mantener presunta comunicación con una persona identificada como “Montoro”, relacionada —de acuerdo con su versión— con el área de delitos graves de la Fiscalía estatal.
Bustos Pérez sostuvo que esta estructura presuntamente favorecía los intereses de Los Tlacos en su disputa territorial contra el grupo criminal Los Ardillos.
Uno de los puntos más delicados de la declaración fue la denuncia sobre presuntos pagos a mandos y funcionarios.
El agente afirmó que determinadas personas recibían hasta 100 mil pesos por quincena en efectivo y aseguró que mandos de mayor jerarquía podrían recibir cantidades de entre 200 mil y 300 mil pesos.
También mencionó a una persona identificada como “Jacinto Varona”, a quien dijo haber brindado escolta durante aproximadamente un mes.
Asimismo, Bustos Pérez denunció que elementos de menor rango recibían instrucciones para cometer actos ilícitos, aunque no precisó si se trataba de órdenes directas, hechos específicos o una práctica generalizada dentro de la corporación.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado los señalamientos realizados por el agente ni las acusaciones contra las personas mencionadas en el video.
En su declaración, Bustos Pérez también habló de un operativo que, según relató, buscaba actuar contra presuntos líderes de Los Ardillos en la zona de Xaltianguis.
El agente sostuvo que la operación involucraba a elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía estatal, mientras que el Ejército habría participado en un cateo y brindado apoyo aéreo.
De acuerdo con su versión, la llegada de un helicóptero habría alterado el desarrollo del operativo e impedido que las fuerzas terrestres completaran el cerco que, presuntamente, se tenía previsto establecer.
Tras ello, aseguró, los elementos fueron replegados a Ocotitlán en espera de nuevas instrucciones.
Horas después de la difusión del video, Bustos Pérez fue localizado sin vida en la comunidad de Plan de Lima, en el municipio de Juan R. Escudero.
Junto a él fueron encontrados los cuerpos de otras tres personas.
La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el agente se encontraba en días de descanso en Guerrero, estado del que era originario, y señaló que tanto las circunstancias de su muerte como el contenido de la grabación forman parte de las investigaciones en curso.
Tras el asesinato, autoridades federales reforzaron la presencia de seguridad en la región con 284 efectivos, dos aeronaves y 36 vehículos, además de anunciar la llegada de un contingente adicional.
En paralelo, el 5 de septiembre autoridades informaron sobre la detención de 16 presuntos integrantes de Los Ardillos durante un operativo realizado en comunidades de Acapulco.
Durante las acciones fueron aseguradas armas, miles de cartuchos, presunta droga, vehículos y otros objetos, mientras que los detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.
El asesinato de Eduardo Bustos Pérez deja ahora una doble línea de investigación: esclarecer quiénes fueron responsables de su muerte y determinar si las acusaciones que difundió horas antes de ser asesinado tienen algún sustento.
Por ahora, sus señalamientos permanecen sin confirmación oficial, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre uno de los casos que ha generado mayor atención en Guerrero en los últimos días.
