VALLADOLID, YUCATÁN.- Las mujeres indígenas no quieren ser únicamente reconocidas en discursos, homenajes o fechas conmemorativas. Quieren participar en las decisiones que afectan sus territorios, sus comunidades, sus cuerpos y sus formas de vida.
Con ese mensaje, la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI) conmemoró 12 años de su creación y presentó una agenda de 20 exigencias dirigida al Estado mexicano, en la que reclama que el reconocimiento de sus derechos se traduzca en políticas públicas, presupuestos y mecanismos efectivos.
“Somos mujeres con acción política y no objetos de discurso institucional”, sostuvo la organización en un pronunciamiento difundido en el marco del Día Nacional de las Mujeres Indígenas.
La postura de la Asamblea coloca en el centro una exigencia: que las mujeres indígenas sean reconocidas como actoras políticas y protagonistas de las decisiones públicas, y no únicamente como destinatarias de programas o símbolos de diversidad cultural.
Uno de los principales reclamos de la ANPMI está relacionado con la defensa del territorio y la participación de las mujeres indígenas en decisiones sobre proyectos económicos, explotación de recursos naturales y políticas que impacten directamente a sus comunidades.
La organización advirtió que el desarrollo no puede construirse a costa de los territorios indígenas ni de los ecosistemas.
Por ello, demandó frenar proyectos de extracción y explotación de bienes naturales, así como concesiones y depósitos de residuos que puedan afectar los espacios de vida de las comunidades.
También exigió garantizar la participación efectiva de las mujeres indígenas en las decisiones relacionadas con sus tierras, territorios, conocimientos, cuerpos y formas de vida.
La Asamblea subrayó además la importancia de garantizar el derecho de las mujeres indígenas a la tenencia de la tierra.
Entre las demandas centrales se encuentra el respeto al derecho de consulta de los pueblos indígenas.
La ANPMI señaló que estos procesos deben realizarse de manera previa, libre e informada, con condiciones que permitan una participación genuina de las comunidades y sin la intervención de intereses político-partidistas.
La organización sostuvo que la consulta debe cumplir con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos indígenas y garantizar procesos deliberativos que respeten las formas de organización de cada pueblo.
La violencia contra mujeres indígenas que participan en la vida pública es otro de los temas centrales del pronunciamiento.
La Asamblea demandó protocolos específicos de protección para mujeres indígenas que ocupan cargos públicos, participan en procesos comunitarios o defienden los derechos humanos y el territorio.
La exigencia incluye medidas frente a la violencia física, digital, política e institucional, así como contra la criminalización y las agresiones que enfrentan defensoras y activistas.
La ANPMI también pidió fortalecer presupuestalmente los mecanismos de protección para personas defensoras y garantizar acciones frente a amenazas, desapariciones y asesinatos vinculados con la defensa de los territorios.
La agenda de las mujeres indígenas también cuestiona la manera en que actualmente se diseñan y aplican diversos programas públicos.
La Asamblea demandó políticas interseccionales, interculturales y culturalmente pertinentes, que consideren las condiciones particulares de cada comunidad.
Uno de los problemas señalados es la creciente digitalización de trámites y servicios públicos.
Para muchas comunidades indígenas, advirtió la organización, la falta de conectividad e infraestructura tecnológica se convierte en una nueva barrera para acceder a derechos y programas sociales.
Por ello, exigió mantener mecanismos presenciales, sencillos y accesibles.
En materia lingüística, demandó garantizar recursos suficientes para la formación, actualización y remuneración de intérpretes y traductores de lenguas indígenas.
También pidió respetar las variantes lingüísticas de cada comunidad y garantizar que las lenguas indígenas tengan plena validez en todo el territorio nacional.
La ANPMI incluyó en sus exigencias una agenda relacionada con los derechos sexuales y reproductivos, así como con la prevención de la violencia.
La organización pidió una educación integral en sexualidad con pertinencia cultural y lingüística, dirigida tanto a comunidades rurales como urbanas y enfocada en adolescentes y juventudes indígenas.
También advirtió sobre la falta de información y registros suficientes para conocer la dimensión de la violencia sexual y de otras agresiones contra mujeres y jóvenes indígenas.
En este contexto, exigió fortalecer la prevención, atención, investigación y sanción de estos delitos, así como generar datos desagregados por condición étnica, particularmente en casos de feminicidio.
La Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas surgió en 2014 como un espacio construido por y para mujeres indígenas de distintas regiones del país.
Su objetivo, señaló la organización, ha sido generar espacios de encuentro, diálogo y articulación para que sean las propias mujeres indígenas quienes coloquen sus demandas frente al Estado y la sociedad.
A 12 años de distancia, la ANPMI reconoce avances, pero advierte que persisten condiciones de discriminación, desigualdad, violencia y exclusión.
Por ello, considera que las conmemoraciones deben ir más allá de los actos simbólicos.
La exigencia, resumió la Asamblea, es clara: que las mujeres indígenas sean escuchadas no solamente cuando se habla de ellas, sino cuando se toman decisiones sobre sus territorios, sus derechos y el futuro de sus pueblos.
Con sus 20 demandas, la organización busca colocar una agenda nacional que transforme el reconocimiento institucional en acciones concretas y que garantice a las mujeres indígenas una participación efectiva en la construcción de las políticas públicas que impactan sus vidas.
