SALTILLO, Coahuila.— Hubo un tiempo en que pronunciar el nombre de Coahuila era hablar de miedo.
En marzo de 2011, Allende se convirtió en uno de los episodios más brutales de la historia reciente del crimen organizado en México. Los Zetas irrumpieron en el municipio fronterizo y desataron una operación de asesinatos, desapariciones y destrucción de viviendas. La investigación posterior documentó oficialmente 42 personas desaparecidas en un periodo de 14 meses, aunque durante años circularon versiones que hablaban de hasta 300 víctimas.
La violencia tampoco se limitaba a Allende. En La Laguna, los homicidios se habían disparado hasta convertir a la región en uno de los principales focos de violencia del país. En marzo y abril de 2011 se registraron 137 homicidios en la zona, mientras que un recuento publicado posteriormente contabilizó más de 3 mil 500 asesinatos durante el sexenio de Felipe Calderón en la región.
Quince años después, el escenario es radicalmente distinto.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI colocó a Coahuila en el primer lugar nacional en percepción de seguridad. El 71.5 por ciento de sus habitantes considera seguro vivir en la entidad, el porcentaje más alto del país. Al mismo tiempo, apenas 27.8 por ciento de la población adulta consideró inseguro vivir en el estado.
El dato adquiere mayor dimensión cuando se observa la evolución reciente. La tasa de víctimas de delito pasó de 20 mil 007 por cada 100 mil habitantes en 2024 a 18 mil 058 en 2025. En incidencia delictiva, Coahuila registró 19 mil 835 delitos por cada 100 mil habitantes, frente a una media nacional de 34 mil 442, de acuerdo con los resultados difundidos de la ENVIPE 2026.
La transformación, sin embargo, no puede atribuirse exclusivamente a la actual administración.
El propio Manolo Jiménez reconoce que el modelo tiene varios años de construcción. En agosto pasado, al reunirse con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el gobernador explicó que la estrategia de Coahuila se sostiene en cuatro pilares: prevención, proximidad, inteligencia y fuerza.
“En Coahuila, la coordinación y el trabajo en equipo entre el Gobierno del Estado, las fuerzas federales, las fiscalías, los municipios y los diferentes poderes del Estado, la sociedad civil, la iniciativa privada, es ejemplo a nivel nacional y es la fórmula con la que podemos brindar paz y tranquilidad a nuestras familias”, afirmó Jiménez.
El gobernador insiste en que uno de los elementos que explican los resultados es precisamente la continuidad.
“Tenemos un gran modelo de seguridad. Tiene varios años, incluso varios sexenios”, dijo recientemente al referirse a las razones que, a su juicio, explican el cambio de la entidad.
Y esa continuidad se refleja también en la infraestructura.
Durante la actual administración se han entregado o están en construcción 18 cuarteles para la Policía Estatal, Ejército, Marina y Guardia Nacional, ubicados estratégicamente en distintas regiones del estado. El objetivo es crear una red permanente de vigilancia y respuesta, particularmente en las zonas fronterizas y carreteras.
El modelo que presume el Gobierno estatal no se limita a aumentar policías en las calles.
La estrategia combina presencia territorial, coordinación entre corporaciones, inteligencia y tecnología. El Gobierno de Coahuila mantiene una Mesa Estatal de Seguridad y plantea como objetivo que la entidad conserve niveles elevados de confianza ciudadana y profesionalización policial.
La lógica es distinta a la de los años en que el crimen organizado consiguió penetrar municipios enteros: no esperar a que la violencia llegue, sino tratar de impedir que los grupos criminales puedan establecerse territorialmente.
Por eso el Gobierno estatal ha multiplicado cuarteles, arcos de seguridad, cámaras y equipamiento.
“Aquí nunca hay que bajar la guardia”, ha advertido Jiménez al hablar de la estrategia de seguridad, una frase que resume la preocupación de una entidad fronteriza que conoce de primera mano el costo de permitir que las organizaciones criminales ocupen territorio.
El gobernador ha anunciado además nuevas inversiones en patrullas, cuarteles, arcos carreteros, armamento, cámaras y capacitación.
La fotografía actual resulta difícil de imaginar si se compara con el Coahuila de hace tres lustros.
En 2011, el norte del estado quedó marcado por la masacre de Allende, mientras que La Laguna padecía una escalada de homicidios y la presencia de Los Zetas se extendía por distintos municipios.
La investigación sobre Allende documentó además fallas y omisiones institucionales que permitieron que la violencia permaneciera durante años prácticamente en silencio. El episodio terminó convirtiéndose en un símbolo de lo que ocurre cuando las instituciones pierden capacidad de respuesta frente al crimen organizado.
Hoy, en contraste, Piedras Negras, Saltillo y Torreón aparecen entre las ciudades con mejores indicadores de seguridad del país, de acuerdo con los datos que ha presentado el Gobierno estatal.
El propio secretario Omar García Harfuch ha reconocido el trabajo coordinado de las autoridades federales, estatales y municipales en Coahuila y la estrategia implementada contra delitos como narcomenudeo, extorsión y huachicol fiscal.
Para Jiménez, el primer lugar nacional en percepción de seguridad representa algo más que un indicador estadístico.
“En esta ocasión Coahuila sale como el estado más seguro de México. Ya habíamos estado en buenos lugares. Llevamos tiempo en el top 3 nacional, pero hoy Coahuila es el estado más seguro de México”, afirmó el gobernador.
Pero inmediatamente matizó que el resultado no significa que la tarea haya terminado.
“Esto lo tenemos que seguir trabajando, esto lo tenemos que seguir blindando”, sostuvo, antes de anunciar nuevas inversiones en infraestructura, tecnología, equipamiento y capacitación.
La transformación de Coahuila deja así una lección incómoda para el resto del país: recuperar la seguridad después de que el crimen organizado ha echado raíces no ocurre de un día para otro ni depende de una sola administración.
En Coahuila, el cambio tomó más de una década y pasó por reconstruir policías, recuperar territorio, coordinar instituciones y mantener una estrategia que sobreviviera a los cambios políticos.
El resultado que hoy mide el INEGI es contundente: 71.5 por ciento de los coahuilenses dice sentirse seguro en su propio estado. En una entidad que alguna vez fue escenario de algunas de las expresiones más brutales de la guerra contra el narcotráfico, el dato representa mucho más que una posición en una encuesta.
Representa el regreso de una palabra que durante años pareció perdida: tranquilidad.
