Gerardo OlveraEn México, dejar la escuela y empezar a trabajar suelen ir a la par. Entre los menores de 5 a 17 años que no asisten a clases, el 48.4% está en trabajo infantil, mientras que entre quienes sí van a la escuela la proporción es de 9.9%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2025 que el INEGI presentó ayer. Dicho de otro modo, de cada diez menores fuera del aula casi cinco trabajan, y de cada diez dentro del aula trabaja uno.
La encuesta cuenta 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes en trabajo infantil, el 12.6% de la población de esa edad. La cifra es menor que la de 2022, pero sigue por encima de la de 2019, el último año antes de la pandemia, cuando el propio INEGI registró en los resultados comparativos de la ENTI 3.3 millones y una tasa de 11.4%, de modo que el país no ha recuperado el punto de partida previo al cierre de escuelas.
El INEGI llama trabajo infantil a dos situaciones: la de los menores que tienen una ocupación que la ley no permite por su edad o por el tipo de tarea, y la de quienes hacen quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas, como jornadas largas o tareas de riesgo. En la primera categoría hay 1.8 millones de menores, de los cuales un millón realiza trabajos peligrosos y unos 800 mil tienen menos de 15 años, que es la edad mínima para trabajar que fija la Constitución.
El dinero aparece en las respuestas de los propios menores. De quienes trabajan en una ocupación no permitida, el 22.4% dijo hacerlo para pagar su escuela o sus propios gastos, y el 36.2% no recibe ningún ingreso por ese trabajo, con lo que buena parte de esa mano de obra se queda dentro del hogar o del negocio familiar. Las cifras fueron presentadas por Mauricio Rodríguez Abreu, titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas, y por Arturo Blancas Espejo, vicepresidente de la Junta de Gobierno del instituto.
La incidencia no se reparte igual en el territorio. Guerrero registra 22.6% de su población infantil en trabajo infantil, seguido de Oaxaca y Chiapas, ambos por encima de 20%, mientras que Sinaloa, Baja California, Coahuila y la Ciudad de México están entre las entidades con los niveles más bajos.
El cierre de escuelas por la covid-19 dejó una cuenta que el INEGI midió en su momento. Según la Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020, publicada el 23 de marzo de 2021, 5.2 millones de personas de 3 a 29 años no se inscribieron al ciclo 2020-2021 por motivos asociados a la pandemia o por falta de dinero o recursos: 2.3 millones por la emergencia sanitaria y 2.9 millones por falta de recursos.
La misma encuesta registró otro grupo, que es el que conecta con el dato de hoy: 3.6 millones de personas en ese rango de edad no se inscribieron porque tenían que trabajar. En el nivel medio superior, que es la edad en que la ley ya permite emplearse, el 43.7% de quienes no concluyeron el ciclo 2019-2020 lo atribuyó a la falta de recursos o a que tenía que trabajar.
La ENTI de 2022, la primera después de la pandemia, mostró el efecto en el trabajo infantil. Ese año hubo 3.7 millones de menores trabajando, alrededor de 400 mil más que en 2019, y la tasa subió de 11.4% a 13.1%. El INEGI también reportó en su comunicado de la ENTI 2022 que el 30% de los menores en trabajo infantil, 1.1 millones, no asistía a la escuela, y que entre quienes no asistían la tasa de trabajo infantil llegaba a 52.1%.
Las encuestas no siguen a las mismas personas de un año a otro, por lo que no permiten afirmar que cada alumno que dejó el aula en 2020 terminó trabajando. Lo que sí muestran es que el abandono escolar y el trabajo infantil subieron a la vez, que el trabajo bajó solo en parte entre 2022 y 2025, y que fuera de la escuela la proporción de quienes trabajan pasó de 52.1% a 48.4%, lo que equivale a que todavía casi la mitad de los menores sin escuela está ocupada.
El trabajo infantil se mide como un problema de las familias, pero se resuelve con decisiones de gobierno. La SEP decide cuánto se invierte en recuperar a los alumnos que se fueron, la Secretaría del Trabajo decide cuántas inspecciones hace en el campo, la construcción y el comercio, que son los sectores donde se concentra el trabajo no permitido, y el Congreso decide hasta dónde llega la ley. El 27.9% de los menores en ocupaciones no permitidas trabaja en actividades agropecuarias y el 25.2% en minería, construcción e industria, de modo que el problema tiene empleadores además de hogares.
La apuesta del gobierno federal es la transferencia de dinero. La Beca Rita Cetina entrega 1,900 pesos por bimestre a cada alumno de secundaria pública y en 2026 amplió su cobertura a primaria con un pago anual de 2,500 pesos. Es el instrumento que compite con el salario que un adolescente puede ganar fuera del aula, porque si el 22.4% de los menores en trabajo no permitido trabaja para pagar su escuela o sus gastos, la beca y el empleo se disputan al mismo alumno.
En la ley, el límite sigue en los 15 años: el artículo 123 de la Constitución prohíbe emplear a menores de esa edad y fija una jornada máxima de seis horas para quienes tienen entre 15 y 16. En enero, el diputado Ricardo Madrid Pérez, del PVEM, presentó una iniciativa para prohibir el trabajo peligroso y nocturno a todos los menores de 18 años y limitar su jornada a 36 horas semanales, que se turnó a comisiones para su análisis.
La ENTI 2025 deja ver dónde está la decisión pendiente. El país recuperó parte del terreno que perdió en la pandemia, pero no todo, y quienes no regresaron al aula siguen siendo el grupo con más probabilidad de trabajar. La pregunta para la SEP, la Secretaría del Trabajo y el Congreso es si los alumnos que salieron en 2020 se cuentan todavía como estudiantes que hay que recuperar o ya solo como trabajadores. Cada punto de la tasa que no baja equivale a cerca de 280 mil menores que trabajan en lugar de estudiar.
