Gerardo OlveraA 26 días de que entre en vigor la restricción de celulares en las escuelas de educación básica, los datos de la OCDE con los que la Secretaría de Educación Pública justificó la medida apuntan a otro problema. Prohibir el teléfono reduce la distracción en el aula, pero no hay evidencia de que mejore la comprensión lectora, que es donde México arrastra su rezago desde antes de que existieran los teléfonos inteligentes.
El Acuerdo 09/09/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre, restringe a partir del 3 de noviembre el uso de celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales durante toda la jornada escolar en inicial, preescolar, primaria y secundaria, recreo incluido. Prevé excepciones para actividades pedagógicas programadas, por discapacidad o por necesidades extraordinarias. En media superior y superior el uso será controlado, con acuerdos que construirá cada plantel.
La medida la aprobaron por unanimidad los titulares de educación de las 32 entidades en la reunión plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), celebrada el 18 de septiembre en Quintana Roo. La SEP la respaldó con una consulta en la que participaron 565 mil 396 figuras educativas, de las cuales el 81.2% estuvo de acuerdo con establecer medidas nacionales sobre dispositivos digitales. No se ha divulgado una consulta equivalente entre estudiantes.
El secretario Mario Delgado vinculó la decisión con la prueba PISA. "Hay una muy baja comprensión en la lectura, porque las pantallas están haciendo una lectura fácil de imágenes y a los adolescentes se les está complicando leer textos más complejos o textos más largos", dijo en la inauguración de las Jornadas Nacionales de Juegos Tradicionales, en declaraciones recogidas por Animal Político.
El acuerdo no contempla sanciones, no autoriza de forma expresa la retención de los teléfonos y no establece quién debe resguardar los aparatos retirados, con lo que la aplicación queda en manos de cada colectivo docente y de las asambleas con las familias. Los estados y la Ciudad de México tendrán 180 días naturales, contados desde el 3 de noviembre, para armonizar sus normas, mientras que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados anunció que llevará la restricción a una ley.
Los resultados de PISA 2025, publicados por la OCDE el 8 de septiembre, ubicaron a México en 408 puntos en lectura, frente a 415 en 2022 y a un promedio de 461 entre los países de la organización. La propia OCDE consideró estable la variación mexicana entre ambas ediciones, porque cae dentro del margen estadístico. La cifra que pesa es otra: la mitad de los estudiantes mexicanos de 15 años quedó por debajo del nivel 2, el mínimo de competencia lectora que define la prueba, contra cerca de tres de cada diez en el promedio de la OCDE.
La caída en lectura es mundial y no exclusiva de México. Entre 2015 y 2025, el promedio de la OCDE en lectura bajó 28 puntos, de 489 a 461, el nivel más bajo registrado desde que existe la prueba, mientras que México perdió 15 puntos en el mismo periodo, porque partía de un piso más bajo. Para explicarlo, la OCDE habla de más tiempo frente a pantallas y menos lectura por gusto, y advierte que sus datos muestran correlaciones, no causas.
Sobre los periodos cortos de atención, el indicador comparable más reciente es la lectura apresurada, que la OCDE define como responder rápido y mal a un texto. Entre 2018 y 2025 casi se duplicó en los países de la organización y llegó a 9% de los estudiantes. En México el indicador fue de 5.6%, por debajo de ese promedio, de modo que el rezago mexicano se explica menos por leer con prisa y más por no alcanzar a comprender lo que se lee.
Fuera de la escuela, el Módulo sobre Lectura 2025 del INEGI reportó que el 89.1% de las personas de 12 a 24 años leyó algún material en el último año, incluidos libros, revistas, periódicos y páginas de internet, y que el 28.7% de la población lectora hace otra actividad mientras lee. El INEGI cambió en 2025 la metodología del módulo, por lo que esas cifras no se comparan de forma directa con las de años anteriores.
Los datos de la OCDE dan dos respuestas distintas. En México, el 37% de los estudiantes reportó que sus compañeros se distraen con dispositivos en la mayoría o en todas las clases de ciencias, frente a 28% en el promedio OCDE. Los alumnos de escuelas que ya prohíben el celular tienen 25% menos probabilidad de reportar esa distracción, más del doble del efecto promedio de la organización, que es de 13%. Para el clima del aula, la restricción tiene sustento.
Para el aprendizaje, no. La proporción de estudiantes de la OCDE en escuelas con prohibición pasó de 34% en 2022 a 49% en 2025, y esa expansión no se asoció con cambios en el desempeño en lectura o ciencias en ningún sistema educativo. En el caso mexicano, la OCDE no encontró diferencias significativas de desempeño entre quienes reportan distracción digital y quienes no. Lo que sí aparece en los datos es el uso moderado de dispositivos para aprender: los alumnos mexicanos que no los usan en la escuela obtuvieron 409 puntos en ciencias y los que los usan de dos a tres horas diarias, 430, en un país con 2.26 computadoras por cada 10 estudiantes, el lugar 82 de 86 sistemas medidos.
La decisión tiene una lógica de poder. El 8 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó los alcances de PISA para comparar países, atribuyó el descenso en lectura a una tendencia global ligada a las plataformas digitales y defendió a la Nueva Escuela Mexicana. Semanas después, la SEP usó esa misma prueba para justificar la restricción del celular. El gobierno descarta a PISA cuando mide al modelo educativo y la recupera cuando le permite señalar a la pantalla como causa, con lo que la respuesta oficial al resultado no toca el plan de estudios, la formación docente en lectura ni la evaluación de aprendizajes.
La medida le cuesta poco a la federación y le traslada la operación a las escuelas, que deberán decidir en asamblea cómo guardar los teléfonos sin reglas de custodia, y a los estados, que tendrán que legislar. Mientras tanto, la SEP encabeza en pesos los aumentos del proyecto de Presupuesto de Egresos 2027, con 576 mil 632 millones, 10.1% más que este año, sin que la restricción del celular forme parte de una estrategia pública de comprensión lectora con metas medibles. La regla decide dónde está el teléfono durante la jornada, no si el alumno entiende lo que lee.
