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Geolocalización de celulares: SCJN valida que telefónicas conserven tus registros

La mayoría salvó el artículo 183 con una lectura que sujeta el acceso a control judicial; el engrose definirá si queda una excepción por urgencia.

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Los registros de llamadas, los datos de tráfico y la ubicación de los teléfonos celulares seguirán en poder de las compañías telefónicas y a disposición de las autoridades de seguridad y procuración de justicia, luego de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negara el 17 de noviembre el amparo en revisión 193/2026 y dejara en pie el artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025.

La mayoría no invalidó ninguna porción de la norma, pero la sostuvo mediante una interpretación conforme, es decir, una lectura que obliga a aplicar el artículo de acuerdo con la Constitución, y que ata el acceso a esos datos al artículo 16 constitucional y al artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), de modo que la entrega de registros a una fiscalía requiere la autorización previa de un juez federal, fundada y motivada, con las personas, el periodo y los motivos identificados.

Lo que las empresas conservan son los datos que rodean a la comunicación y no la comunicación misma, porque el fallo deja fuera el contenido de llamadas y mensajes, mientras que la obligación alcanza los metadatos, los registros de llamadas, los datos de tráfico y la localización geográfica en tiempo real, que la propia ley define en su artículo 3 como "la ubicación aproximada en el momento en que se procesa una búsqueda de un equipo terminal móvil asociado a una línea telefónica determinada". El plazo de conservación que se discutió en la sesión es de hasta dos años (por confirmar en el texto del artículo 183).

La sentencia también avaló que los concesionarios suspendan el servicio de las líneas reportadas como robadas y que anulen la señal de telefonía y datos dentro de los centros penitenciarios, dos obligaciones que formaban parte del mismo artículo impugnado por la parte quejosa, una persona particular cuya identidad no se ha hecho pública.

La resolución salió por mayoría y con votación dividida por apartados, con la ministra María Estela Ríos González como ponente, mientras que los ministros Arístides Rodrigo Guerrero García e Irving Espinosa Betanzo anunciaron votos particulares en contra de distintos puntos del proyecto.

¿Por qué los primeros titulares hablaban de geolocalización sin orden de un juez?

Porque así llegó el asunto a la mesa. El proyecto circulado el 9 de noviembre proponía tratar la geolocalización en tiempo real como un acto de molestia, la categoría del primer párrafo del artículo 16 constitucional para afectaciones que bastan con un mandamiento escrito, fundado y motivado de autoridad competente, con lo que la ubicación de un teléfono podía pedirse sin pasar por un juez.

En la sesión del 17 de noviembre varios ministros respaldaron el sentido del proyecto, pero pidieron cambiar la metodología con la que la ponente llegaba a esa conclusión, y Ríos González se negó a modificarla. La ministra Sara Irene Herrerías sostuvo, en palabras recogidas por El Imparcial, que "es incorrecto clasificar esa medida simplemente como un acto de molestia", y la mayoría terminó por condicionar la validez de la norma a lo que dispone el artículo 303 del CNPP.

La discusión derivó en un nuevo choque entre la ponente y el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Ríos González reclamó que se le impusiera un método interpretativo, y Aguilar le respondió: "No se trata de falta de respeto, la mayoría tiene un criterio", además de recordarle que quien discrepa puede emitir un voto concurrente o particular.

Queda un punto abierto. Algunas crónicas de la sesión registraron una excepción que permitiría entregar datos sin juez en casos de "extrema urgencia" con peligro para la vida de una persona, mientras que otras no la mencionan, de modo que el alcance exacto del acceso sin orden judicial dependerá del engrose, la versión escrita y definitiva de la sentencia.

¿Quién gana el control de los datos de tu celular con esta sentencia?

El fallo reparte el asunto entre tres actores. Las fiscalías y las áreas de seguridad conservan un depósito de datos garantizado por ley y disponible para sus investigaciones; las telefónicas cargan con la obligación de almacenar la información de todas sus líneas, y los usuarios quedan dentro de ese depósito sin que medie sospecha alguna sobre ellos.

Ese último punto fue el eje del voto en contra. El ministro Guerrero García argumentó, según la versión de la sesión publicada por El Imparcial, que "una medida que almacena datos de toda la población sin sospecha individualizada falla en la grada de necesidad", es decir, que el Estado tenía caminos con menor afectación para obtener lo mismo, una objeción que la mayoría no compartió.

Lo que la mayoría sí decidió fue dónde poner la llave. El proyecto la dejaba en manos de la autoridad que pide los datos; la sentencia la traslada al juez que autoriza, y esa es la diferencia entre una ubicación que se obtiene con un oficio y una que exige convencer a un tercero con pruebas, periodo y nombres.

La pugna interna también dejó una definición sobre el mando dentro de la Corte, porque el presidente Aguilar Ortiz fijó que el criterio lo pone la mayoría y no la ponencia, mientras que la ministra Ríos González quedó obligada a redactar un engrose con una metodología que rechazó en la sesión. La sentencia decide que los datos se guardan; quién puede abrirlos sin juez lo dirá ese engrose.


Hechos clave

  • El 17 de noviembre el Pleno de la SCJN negó el amparo en revisión 193/2026 contra el artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
  • La ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025.
  • La mayoría validó la norma con una interpretación conforme que remite al artículo 16 constitucional y al artículo 303 del CNPP.
  • La conservación excluye el contenido de llamadas y mensajes; incluye metadatos, registros, tráfico y geolocalización.
  • Arístides Rodrigo Guerrero García e Irving Espinosa Betanzo anunciaron votos particulares; la ponente fue María Estela Ríos González.