Gerardo OlveraLa Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ordenó el retiro del antidiabético Argliptin-D 50 mg/850 mg (sitagliptina/metformina) tras confirmar su adulteración. El lote LC89738, con caducidad febrero de 2027, entró al país sin importación oficial para su venta en México, según la alerta sanitaria emitida junto con el titular del registro. La autoridad pidió no comprar medicamentos en puestos ambulantes, tianguis ni plataformas de comercio electrónico con precios por debajo de mercado.
El retiro no es un caso aislado. Es el eslabón visible de una cadena de robo y reventa de medicinas que dejó de terminar en el tianguis y hoy llega a farmacias con licencia sanitaria. La Cofepris emitió 22 alertas por robo de medicamentos en los últimos seis años, 12 de ellas en los primeros siete meses de 2026, frente a tres en todo 2020. La curva sube el mismo año en que la autoridad sanitaria reconoce que el problema desbordó el circuito informal.
La dimensión penal la lleva la Fiscalía General de la República (FGR): abrió 188 carpetas de investigación por robo de medicamentos a instituciones públicas entre 2014 y 2024, y en ese periodo reporta 52 personas detenidas en cuatro estados —Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México y Guanajuato—, según una solicitud de transparencia hecha por Expansión. La cuenta da 19 robos denunciados al año y una detención por cada 3.6 carpetas abiertas.
El destino de esos fármacos ya no es solo el mercado ambulante. La Cofepris presentó 44 denuncias penales entre 2024 y 2025 por la venta de piezas falsificadas en farmacias privadas, y en verificaciones halló ocho establecimientos que vendían medicamentos exclusivos del sector público: antibióticos de alto espectro, antidepresivos controlados y tratamientos para cáncer, hipertensión y VIH. En el operativo más reciente, Cofepris y la Secretaría de Marina aseguraron piezas de medicamentos controlados por 15 millones de pesos en farmacias particulares de la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla.
Hay tres orígenes documentados. El primero es el robo en la distribución: la mitad de las alertas de Cofepris señala que el hurto ocurrió en autopistas —sobre todo la México-Puebla y la Querétaro-Irapuato— o durante el traslado a almacenes; casi el 23% de esos robos ocurrió en el Estado de México. Entre los casos están el asalto al almacén de la Secretaría de Salud de Tabasco en diciembre de 2023 y el robo de 38,000 piezas a la empresa Novag Infancia en 2020.
El segundo origen es la sustracción dentro del propio sector público. Alejandro Svarch, extitular de Cofepris, informó en la conferencia mañanera del 21 de octubre de 2025 que tan sólo en Michoacán se clausuraron 22 farmacias donde se localizaron oncológicos sustraídos de hospitales. El informe con los detalles se anunció, pero no se hizo público.
El tercero es la falsificación pura, concentrada en fármacos caros o con desabasto. En 2024 fue detenido Josué "N", alias "Tacho", señalado como líder de una red de tráfico de medicamentos falsificados en Guadalajara: al capturarlo se hallaron 12,500 tabletas, entre ellas clonazepam y el oncológico Keytruda, junto con cajas vacías, etiquetas falsas y armas de fuego. El circuito también mueve agonistas GLP-1 como Ozempic —la semaglutida que se usa para diabetes y pérdida de peso—: Cofepris lleva tres años consecutivos alertando y emitió al menos seis advertencias por versiones falsificadas, la mitad en el primer trimestre de 2026.
No solo a la reventa interna. El 7 de septiembre de 2026, la Secretaría de Marina y Cofepris suspendieron totalmente un establecimiento que operaba como hospital en Acapulco, Guerrero, tras un alertamiento por el posible desvío de medicamento controlado hacia Estados Unidos. En la verificación hallaron fármacos sin registro sanitario en México, de procedencia extranjera, caducos, presuntamente contaminados, de uso exclusivo del sector salud y medicamentos a granel. Las autoridades cifraron la afectación económica en 100 millones de pesos.
El caso de Acapulco cambia la escala. Un desvío de estupefacientes de grado hospitalario que apunta a la frontera norte no es reventa de barrio: es una operación que conecta el inventario del sistema de salud con un mercado externo, y que obligó a la Marina a entrar en apego a los compromisos de México ante la ONU en control de sustancias fiscalizadas. El fármaco no siempre baja de categoría al robarse; a veces sube y cruza.
Porque cada eslabón donde el fármaco cambia de manos es un punto donde el control se puede comprar o saltar, y el Estado audita el resultado —la alerta, la clausura— pero no el proceso. La proporción lo dice: 188 carpetas abiertas contra 52 detenidos en una década. Denunciar el robo no es lo mismo que desmontar la red que lo revende, y las cifras separan una cosa de la otra.
El negocio existe porque hay una renta que capturar. Un medicamento que el sector salud compró con dinero público y entregó sin costo reaparece con precio en una farmacia privada, o cruza la frontera como mercancía controlada: alguien decidió sacarlo del circuito público y cobrarlo dos veces. El negocio estña principalmente en los fármacos de patente, los oncológicos y los de pérdida de peso, donde el margen de ahorro económico paga el riesgo. El paciente que necesita el tratamiento gratuito queda del otro lado de esa decisión.
El punto de quiebre es que el fármaco robado ya no se queda en el circuito informal. Cuando entra a una farmacia con licencia —o a un hospital que opera sin controles—, el consumidor que hace todo bien pierde la garantía de que compró un producto legal. Ahí el control estatal no solo falla en perseguir el robo: falla en sostener la frontera que separaba lo legal de lo ilegal, que era su función. La diferencia entre una medicina que cura y una que no depende de quién controló la cadena, y esa cadena hoy tiene huecos que el propio Estado documenta.
El retiro del Argliptin-D cierra un caso y abre la pregunta de fondo: no cuánto se decomisa, sino quién decide qué medicina llega a un enfermo y con qué garantía. Cada caja que sale del circuito público y reaparece con precio —dentro del país o rumbo a otro— es una decisión tomada por alguien dentro de una cadena de suministro que el Estado dice controlar.
