La organización Artículo 19 exigió que el senador de Morena por Coahuila, Luis Fernando Salazar, reciba capacitación en derechos humanos, tras la amenaza que dirigió al periodista Enrique Acevedo. En un comunicado, la ONG pidió al legislador no "abusar de su rol público" y abstenerse de comentarios amenazantes contra Acevedo o cualquier otro comunicador.
Artículo 19 pidió a Salazar que reciba capacitaciones sistemáticas en la materia y contribuir a un entorno libre de violencia para quienes ejercen el periodismo. La organización sostuvo que las amenazas a periodistas constituyen un atentado directo contra la libertad de expresión, según los Principios sobre Libertad de Expresión que citó en el documento.
Sobre esa base, la ONG afirmó que corresponde al Estado mexicano prevenir, investigar y sancionar este tipo de agresiones. El comunicado enmarca el reclamo en las obligaciones internacionales que Artículo 19 atribuye a quien ejerce un cargo público.
El pronunciamiento se suma a otras reacciones dentro y fuera de Morena en los días previos, incluidas las de diputados del propio partido y del PT, que pidieron sanción para el senador.
El 8 de septiembre Salazar publicó en su cuenta de X un mensaje contra Acevedo que incluyó la frase "vamos a ir tras de ti" y otros términos dirigidos al periodista. El texto apareció un día después de que Acevedo presentara en el programa N+ Focus un reportaje sobre la senadora con licencia y aspirante a la gubernatura de Baja California, Julieta Ramírez, en el que se advierte un presunto acuerdo entre la legisladora y autoridades estadounidenses.
El 10 de septiembre, después de eliminar el mensaje de sus redes, Salazar emitió una disculpa pública. En ella señaló que su comentario se refería únicamente a la vía legal, no a una amenaza personal.
Un día después, el 11 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso durante su conferencia de prensa desde Chiapas. Dijo no estar de acuerdo con las frases del senador de su partido y sostuvo que esos comentarios no deben pasarse por alto.
Sheinbaum llamó a los funcionarios públicos a no usar amenazas contra periodistas, aun cuando estén en desacuerdo con lo que publican. Valoró que Salazar retirara el mensaje y ofreciera disculpas, y planteó el episodio como un llamado a todos los servidores públicos.
El eje del caso no es la disculpa, sino quién marca el límite de lo que un cargo público puede decirle a un periodista. Salazar es senador y su frase se dirigió a quien acababa de exhibir a una figura de su mismo bloque político. La secuencia —reportaje, amenaza, disculpa— muestra cómo el poder reacciona cuando la información toca a los suyos.
La exigencia de Artículo 19 apunta a ese punto: pide capacitación, no una sanción penal, y con ello traslada la discusión al terreno de las obligaciones del cargo. Es una forma de fijar quién debe rendir cuentas y bajo qué estándar cuando la presión viene desde un escaño.
La intervención de Sheinbaum añade otra capa de mando. Al condenar a un senador de Morena, la Presidencia marca distancia y fija la línea interna del partido frente al periodismo, en un momento en que el reportaje que originó todo involucra a otra legisladora morenista con aspiraciones de gobierno.
Lo que queda sobre la mesa es el costo de informar sobre quienes tienen poder. La amenaza se retiró, pero la decisión de fondo —qué le pasa a un periodista que reportea a la clase política y quién lo protege— sigue en manos de los mismos actores que la generaron.
CLAVES
