En marzo de 2026, el canciller Marcelo Ebrard viajó a Washington a renegociar el T-MEC acompañado de una delegación de negociadores y empresarios. En un año, la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump habían sostenido ya 15 conversaciones telefónicas y un encuentro trilateral. En ninguna de esas mesas figuró la carta que México tiene y no juega: 37.44 millones de personas de origen mexicano viviendo dentro de Estados Unidos, la mayor diáspora del mundo dentro del país que más lo presiona.
El T-MEC es la fotografía del método mexicano. La diplomacia opera por la vía formal —llamadas entre mandatarios, viajes del canciller, delegaciones técnicas— y por la vía económica —el peso de un comercio que en 2025 movió exportaciones mexicanas por 534 mil 800 millones de dólares hacia el norte. Lo que no aparece nunca es la vía política interna: la activación de la comunidad mexicano-americana como bloque de presión sobre el Congreso que ratifica los tratados y aprueba los aranceles.
Si los mexicano-americanos son el 59% de todos los hispanos de Estados Unidos y la comunidad latina suma ya cerca de 36.2 millones de votantes elegibles, ¿por qué México no convierte ese número en contrapeso frente a Washington? La respuesta no está en la falta de gente ni en la falta de instituciones. Está en una decisión de mando que ningún gobierno mexicano ha querido tomar.
El tamaño no admite discusión. La población hispana de Estados Unidos es la minoría más numerosa del país, con un rango que las fuentes ubican entre 19% y 21% de la población total —cerca de 63 millones de personas— según las estimaciones del Census Bureau y la American Community Survey retomadas en 2025. Dentro de ese bloque, los de origen mexicano dominan: 37.44 millones, el 59% del total hispano.
Ese peso ya no crece por migración, sino desde dentro. El aumento de la población hispana proviene sobre todo del crecimiento natural —722 mil más nacimientos que defunciones—, con la migración internacional aportando apenas cerca de un tercio del incremento. Más de un millón de latinos cumple 18 años cada año en Estados Unidos. Es una fuerza que se renueva sola.
Y produce dinero que México sí sabe contar. En 2025 las remesas sumaron 61 mil 791 millones de dólares, una caída de 4.6% frente al récord de 2024, según Banxico . México es el segundo mayor receptor de remesas del mundo, detrás de la India. Esa cifra es la que ordena la relación de México con su diáspora: la mide en dólares enviados, en transacciones, en envío promedio. La otra métrica —cuántos de esos 36 millones de votantes podrían inclinar una votación en el Capitolio— no la lleva nadie.
La distinción es el corazón del asunto. México ve una fuente de divisas donde podría ver un actor político. Mientras esa lectura no cambie, la diáspora seguirá siendo cartera y no palanca.
La mejor prueba de que el tamaño no es el problema está en Florida. La comunidad cubano-americana, una fracción del tamaño de la mexicana, construyó uno de los lobbies étnicos más eficaces de Washington copiando deliberadamente un modelo: el de AIPAC, el comité de asuntos públicos pro-Israel.
Jorge Mas Canosa fundó la Cuban American National Foundation (CANF) a partir de esa plantilla. Canosa combinó las técnicas de cabildeo de AIPAC —cultivar aliados en el Congreso para sostener las sanciones a Cuba— con una operación de base: colocar a los suyos en comisiones locales, conseguir empleos y vivienda a los recién llegados, tejer lealtad comunitaria. El resultado fue medible en escaños. En 1989 la comunidad ganó su primer asiento en el Congreso con Ileana Ros-Lehtinen, que serviría 30 años y llegaría a presidir el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara.
El patrón se repitió con otras diásporas. El lobby armenio, con la Armenian National Committee y la Armenian Assembly of America, moldeó la postura del Congreso sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj y extrae su fuerza de la concentración en pocos distritos, como el 30 de California. El lobby griego-americano logró en 1974 que el Congreso impusiera un embargo de armas a Turquía tras la invasión de Chipre. La clave común: operan como ciudadanos estadounidenses que defienden una postura, con dinero estadounidense, sin registrarse como agentes extranjeros bajo la ley FARA de 1938.
Aquí aparece la paradoja que un estudio de Cambridge sobre grupos de presión diaspóricos calificó de sorprendente: los casos de AIPAC y CANF, reconocidos por su éxito en influir la política exterior estadounidense, no inspiraron una movilización equivalente en otras comunidades. La mexicana, la más grande de todas, es el ejemplo mayor de esa ausencia.
No es por falta de aparato. Desde 2003 existe el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), un organismo de la Cancillería que nació con un mandato político explícito. Su fundador, Carlos González Gutiérrez, lo definió como un instrumento para "empoderar a la diáspora mexicana en el exterior", con una lectura "más política que legal" del vínculo entre los estadounidenses de origen mexicano y su país ancestral. El IME tiene un consejo consultivo con mexicano-americanos y asientos reservados para grupos latinos. La infraestructura está montada.
Un freno es de enfoque. El IME y la red consular mexicana están calibrados para la burocracia y la protección —expedir documentos, atender casos individuales, defender connacionales— y no para la incidencia legislativa. Activarlos como brazo de presión política exige priorizar la política exterior en el presupuesto federal, y ese giro presupuestal no ha ocurrido en ningún sexenio. Se construyó una ventanilla, no una operación de cabildeo.
Otro factor a considerar es histórico y va más hondo. Desde el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, cuando el 75% de los mexicanos que quedaron al norte de la nueva frontera decidió no volver, la lealtad de esa población hacia Ciudad de México fue ambigua. El historiador David Weber, de la Southern Methodist University, describió al México de esa época como una abstracción para esas comunidades, más leales a sus gobiernos regionales que a la capital. Siglo y medio después, el mexicano-americano no se piensa como agente de México. Cualquier estrategia que lo instrumentalice como tal choca con esa identidad y puede leerse como imposición.
Al final, la falta de un grupo pro mexicano que pese dentro de la política norteamericana es un cálculo de riesgo. Un lobbying mexicano demasiado visible es fácil de presentar, por sectores estadounidenses, como injerencia de un gobierno extranjero, y eso puede volverse contra la propia comunidad en forma de represalias migratorias o narrativas nativistas. La diferencia con el modelo cubano o israelí es precisa: esos lobbies operan con dinero y ciudadanía estadounidenses, no como extensión de una cancillería. México, si empujara desde la SRE, cargaría el sello de gobierno foráneo que los otros evitan.
Se juega capacidad de negociación en cada mesa. El caso vivo es el impuesto a las remesas. En junio de 2025 el gobierno de Estados Unidos aprobó un gravamen de 1% a las remesas enviadas en efectivo, giros y cheques de caja. La respuesta de Sheinbaum fue un programa para reembolsar a los connacionales el monto del cobro por la Financiera para el Bienestar (FINABIEN) y la crítica a la medida por violar el tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación. Reembolso desde el presupuesto mexicano y protesta diplomática. No una campaña coordinada con las organizaciones latinas para frenar la medida en el Congreso que la aprobó.
Es la diferencia entre pagar el costo y disputar la decisión. México absorbió el golpe con recursos propios en lugar de activar a los afectados —millones de familias mexicano-americanas— como voz de presión sobre sus propios representantes. El impuesto siguió en pie. La diáspora, que es quien lo paga, no fue convocada como fuerza política, solo compensada como víctima.
El contraste con lo que ya existe del lado latino agranda la omisión. Las grandes organizaciones —UnidosUS, LULAC, Mi Familia en Acción, Latino Victory Foundation— son estadounidenses, bipartidistas y con agenda propia: derechos de voto, migración, representación. En 2026 se unieron por primera vez en una coalición para contactar a más de 5 millones de votantes y registrar a 250 mil nuevos en más de 40 estados. Ese músculo existe, se organiza y crece, mayoritariamente con gente de origen mexicano. México nunca ha tendido el puente entre ese poder y sus intereses de negociación. Son fuerzas paralelas que no se cruzan.
Hay un matiz que la propia realidad impone. El voto latino ya no es cautivo de ningún partido: se disputa entre demócratas y republicanos, y esa condición es justo la que lo vuelve influyente, porque ambos lados tienen que competir por él. Un actor con estrategia podría entrar en esa disputa. México se queda fuera del juego que otros países, con diásporas menores, aprendieron a jugar hace cuarenta años.
Queda una objeción honesta, y conviene decirla. Hay quien sostiene que la contención mexicana no es negligencia sino prudencia: que activar la diáspora en el clima político actual podría exponerla a represalias y alimentar el discurso nativista, y que la vía diplomática discreta ha permitido a México matizar el impacto de los aranceles sin provocar. Es un argumento con peso. Pero prudencia y renuncia no son lo mismo. Guardar el arma por si acaso es una cosa; no haberla fabricado nunca en cuarenta años es otra. México, hasta hoy, eligió lo segundo.
