Gerardo OlveraEn México, denunciar un delito es la excepción y que ese delito se resuelva es casi un accidente. Durante 2025 se cometieron 33.8 millones de delitos y, de todos ellos, la víctima obtuvo justicia —recuperó lo robado, vio al responsable ante un juez o le repararon el daño— en apenas uno de cada cien casos. El dato lo publicó el INEGI el pasado jueves en su encuesta anual de victimización, la ENVIPE.
El resto se pierde en el camino. La mayoría de los delitos nunca se denuncia, y buena parte de los que sí llegan al Ministerio Público no derivan en una investigación. A ese agujero el INEGI lo llama cifra oculta, y en 2025 se ubicó en 93.4%.
De cada cien delitos que ocurren en el país, alrededor de noventa y tres nunca entran a una investigación formal. No es un dato nuevo ni un repunte: es prácticamente el mismo que el año pasado. Lo que llama la atención no es que haya subido, sino que no baje.
Hay delitos donde el silencio es casi total. Cuando alguien es secuestrado o extorsionado, la denuncia es la rareza: en esos dos casos la cifra oculta roza el cien por ciento. El único delito que los mexicanos sí reportan de forma masiva es el robo del coche, y no por confianza en la autoridad, sino porque sin denuncia el seguro no paga.
El INEGI también preguntó a las víctimas por qué no denunciaron. La respuesta más repetida no fue el miedo: fue que hacerlo es una pérdida de tiempo. Detrás vinieron la desconfianza en la autoridad, los trámites eternos, el trato hostil de quien recibe la denuncia y, en el fondo de la lista, el temor a que la propia autoridad termine extorsionando.
Puestas en fila, casi todas las razones señalan al mismo lado. No a la víctima que decide no ir, sino a la ventanilla que la recibe. La gente no calla por desidia: calla porque ya aprendió que ir no cambia nada.
Ese cálculo tiene un precio para todos. El INEGI estima que la inseguridad le costó a los hogares mexicanos 267 mil millones de pesos en 2025 —cerca del uno por ciento de todo lo que produce el país en un año— entre lo robado, lo gastado en protegerse y lo perdido por los daños.
El gobierno de Claudia Sheinbaum tiene dos buenas cartas en seguridad y las juega. Los homicidios bajaron desde que asumió en 2024, y la misma encuesta del INEGI confirma que la gente se siente menos insegura que hace un año. Son datos reales, y el gobierno los repite.
Pero hay un tercer número que no aparece en el discurso oficial, y es el que mide si la justicia sirve para algo. Hace más de una década, cuando gobernaba otro partido, la cifra oculta ya estaba en 92%. Hoy, tras tres presidentes y un cambio de régimen, sigue clavada por encima del 93%. En trece años, la capacidad del Estado mexicano para investigar el delito no mejoró.
Bajar los homicidios y mejorar cómo se siente la gente son cosas que un gobierno puede mover en un sexenio; construir fiscalías que de verdad investiguen es la cuenta que ningún gobierno ha querido pagar. Lo primero se ve en la calle y rinde en las encuestas. Lo segundo cuesta dinero, personal y años que no caben en un corte de caja político.
Por eso el número que no se presume es el más honesto de todos. Mientras el discurso habla de una inseguridad que cede, la maquinaria que debería castigar el delito sigue detenida en el mismo punto donde estaba hace tres gobiernos. De cada cien delitos, uno termina bien para quien lo sufrió. Los otros noventa y nueve quedan en manos de nadie.
