Gerardo OlveraEl Fonden conserva el nombre, pero perdió la alcancía. Desde el 1 de enero de 2021 el Fondo de Desastres Naturales dejó de operar como fideicomiso y quedó como un programa dentro del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos, de modo que el dinero para atender un huracán ya no sale de un fondo acumulado, sino de lo que la Cámara de Diputados aprueba cada año y la Secretaría de Hacienda decide transferir.
La diferencia está en lo que pasa con el sobrante. Como fideicomiso, el Fonden podía guardar lo que no se gastaba y sumarlo al año siguiente; como programa presupuestario, lo que no se ejerce en el año regresa a la Tesorería de la Federación. En años sin desastres grandes el dinero no se ahorra, y en años con varios huracanes la bolsa es la misma que se aprobó en el Presupuesto, salvo que Hacienda decida reforzarla.
Para 2026, el Proyecto de Presupuesto propuso 19 mil 430 millones de pesos para el Fonden y 246 millones para el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden). A esa partida se suma el Seguro para Catástrofes 2026-2027 que Hacienda renovó en junio con Agroasemex, por 10 mil 400 millones de pesos y con vigencia hasta el 5 de mayo de 2027. El seguro tiene dos capas: un fondo de 400 millones para administrar pérdidas y un seguro paramétrico de 10 mil millones, es decir, uno que paga de forma automática cuando el fenómeno rebasa un umbral medido (velocidad del viento, intensidad de un sismo) sin esperar el recuento de daños.
El trámite para que ese dinero llegue a un estado empieza con el gobernador. El gobierno estatal pide que se corrobore el fenómeno, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) o la Conagua emiten una opinión técnica, se instala un comité de evaluación de daños y la Coordinación Nacional de Protección Civil publica en el Diario Oficial la declaratoria de desastre natural, conforme a los lineamientos vigentes desde agosto de 2021. La declaratoria de emergencia, que es la que libera el auxilio inmediato, la emite la Secretaría de Seguridad por conducto de Protección Civil con aprobación previa del titular del Ejecutivo federal.
Ese es el camino que seguirá cualquier recurso federal para el huracán Polo. Este lunes 28 de septiembre, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que el ciclón tocaría tierra entre las 4 y las 6 de la tarde, hora del centro, entre los municipios de Comondú, Mulegé y Loreto, en Baja California Sur, como categoría 2 o 3, con un segundo impacto previsto el martes en la costa de Sonora, donde también se suspendieron clases.
La cobertura previa del ciclón está en la alerta del SIAT-CT por Polo en categoría 5.
El Fonden nació como una partida del Presupuesto de 1996 y empezó a operar en 1999, cuando se emitieron sus primeras reglas de operación. Con el tiempo se convirtió en un fideicomiso administrado por Banobras que recibía recursos cada año y los acumulaba, de modo que el dinero de un año tranquilo quedaba disponible para un año de desastres.
El decreto publicado en el DOF el 6 de noviembre de 2020 extinguió 109 fondos y fideicomisos públicos, entre ellos el Fonden. Desde el 1 de enero de 2021 el fideicomiso no pudo asumir compromisos nuevos y solo podía cerrar los que ya tenía. Hacienda informó que los recursos que quedaban en él, unos 25 mil millones de pesos, se transfirieron a la Tesorería. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sustituyó el fideicomiso por un programa presupuestario con el mismo nombre.
Ocho gobiernos estatales impugnaron la extinción: Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán. En enero de 2026, la Suprema Corte declaró infundadas esas controversias por unanimidad, al concluir que los fideicomisos eran mecanismos auxiliares del Ejecutivo federal y que eliminarlos no invadía las atribuciones de los estados en protección civil.
El debate sobre el dinero para desastres sigue abierto con el Presupuesto 2027, que Hacienda entregó a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre. Según el Observatorio de Crisis Climática y Presupuesto Público, integrado por organizaciones como Cemda, Fundar y Greenpeace, el anexo de recursos para adaptación y mitigación del cambio climático propone 160 mil 120 millones de pesos, 27.57% menos en términos reales que en 2026. Ese anexo agrupa decenas de programas; la cifra no corresponde al Fonden por sí solo.
Son tres decisiones, y ninguna la toma el fondo. La Cámara de Diputados fija el monto anual al aprobar el Presupuesto, con plazo hasta el 15 de noviembre; Protección Civil, con aval del Ejecutivo, decide si hay declaratoria; y Hacienda decide cuándo transfiere y a qué dependencia o ejecutor le entrega los recursos. Con el fideicomiso existía un comité técnico y un patrimonio propio; con el programa, la llave del dinero la tiene la Secretaría de Hacienda durante todo el año.
El gobierno sostiene que el esquema da transparencia y que la respuesta no depende de la bolsa del programa, porque se complementa con el seguro catastrófico, el bono para catástrofes y los seguros patrimoniales de las dependencias federales. Organizaciones como el IMCO y México Evalúa sostienen lo contrario: sin mecanismo de ahorro, la disponibilidad depende de que el Presupuesto alcance y de que los ingresos del gobierno se cumplan en el año del desastre.
Para un estado golpeado, el cambio se traduce en tiempo y en negociación: antes había un saldo acumulado con reglas para usarlo, y ahora hay una partida que se reparte desde el centro según la declaratoria y la prioridad que fije Hacienda. El monto que el Fonden tendrá en 2027 lo decidirán los diputados en las próximas siete semanas.
El Fonden ya no es un ahorro para la próxima tormenta: es la cuenta del año, y quien tiene la chequera es Hacienda.
