De uno a cinco años de prisión y una multa de 1,000 a 10,000 UMA (entre 117 mil y un millón. 173 mil pesos con el valor vigente de la unidad), es la sanción que fija el nuevo artículo 403 Bis, aprobado por el pleno del Senado el 30 de septiembre con 72 votos a favor y 34 en contra. El artículo forma parte de una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, cuya minuta revisará ahora la Cámara de Diputados.
El tipo penal castiga a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional (el conjunto de logotipos, escudos y elementos visuales con que se presenta una dependencia), los dominios electrónicos o los documentos oficiales de instituciones de los tres órdenes de gobierno. El delito se configura solo si ese uso busca inducir a error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, un documento, una plataforma o un servicio.
En la votación en lo general sumaron sus votos Morena, el PT y el PVEM, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra; en lo particular, el resultado fue de 68 a 34. El presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Javier Corral, defendió en tribuna que el artículo apunta a quien se hace pasar por una institución pública para defraudar, y negó que se trate de un intento de castigar la crítica política o de prohibir la sátira.
Desde la bancada del PAN, la senadora Guadalupe Murguía sostuvo que la redacción crea un tipo penal ambiguo y vago, porque no define con claridad en qué consiste el delito. Su compañera María de Jesús Díaz Marmolejo señaló que el texto no excluye de forma expresa la parodia, la sátira, la caricatura política, los memes ni el trabajo periodístico.
Un día después de la votación, en la conferencia matutina del 1 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la reforma "no prohíbe ningún meme" y la presentó como una ley de defensa del derecho de autor. Puso como ejemplo los fraudes que usan inteligencia artificial para imitar la imagen de instituciones. La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, añadió que el texto aprobado no habla de críticas, de memes ni de sátira.
La reforma nació como iniciativa presidencial, enviada en mayo dentro de un paquete contra la piratería y en defensa de los derechos de autor y la propiedad industrial. Cabe destacar que el origen de la ley fue una serie de videos realizados con inteligencia artificial donde la Presidenta invitaba a particulares a "invertir en Pemex", derivando el tráfico a una aplicación financiera fraudulenta. El artículo 403 Bis era una pieza de ese paquete. En su primera versión imponía de tres a siete años de prisión, con la misma multa de 1,000 a 10,000 UMA, a quien usara a escala comercial la identidad gráfica, los dominios electrónicos o "cualquier otro signo de carácter oficial" de poderes públicos, órganos autónomos y dependencias.
Sin embargo, la redacción de dicho artículo fue la que llevó a la oposición y a usuarios de redes a llamarla "ley antimemes", aunque ese no es su nombre oficial. Ante las críticas, el 23 de septiembre, en la reunión de las comisiones unidas de Justicia, de Economía y de Estudios Legislativos, Primera, Corral propuso una nueva redacción. La pena máxima bajó de siete a cinco años, salió la frase "cualquier otro signo" y se agregó el requisito de la intención de engañar para cometer un ilícito.
El cambio en comisiones no cerró el desacuerdo, de modo que el debate en el pleno del 30 de septiembre volvió a girar sobre el mismo artículo. La oposición sostuvo que la nueva redacción todavía deja un margen de interpretación capaz de alcanzar contenidos satíricos. Morena y sus aliados respondieron que la combinación de escala comercial e intención de fraude separa la suplantación de la burla.
La etiqueta también se ha usado para otra reforma. En septiembre, en San Lázaro se llamó igual a una iniciativa presidencial distinta, que modifica la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de responsabilidad de los proveedores de servicios de internet. Son dos textos con alcances diferentes, y lo que aprobó el Senado el 30 de septiembre es el que contiene el 403 Bis.
La decisión legislativa está en manos de la misma mayoría que la aprobó en el Senado, porque Morena y sus aliados también controlan la Cámara de Diputados. Si San Lázaro aprueba la minuta sin cambios, esta pasa al Ejecutivo para su publicación. Si la modifica, regresa al Senado. Es decir, el margen para precisar la redacción depende de que la bancada mayoritaria acepte abrir el texto.
Quien gana una herramienta es el Ejecutivo, autor de la iniciativa: obtiene un tipo penal específico para proteger su identidad gráfica frente a la suplantación, en un momento en que la propia Presidenta cita los fraudes hechos con inteligencia artificial como el problema a resolver. La línea entre fraude y parodia no queda trazada en el texto, sino en quien investiga y en el juez que valore cada caso.
Ahí está la pregunta que la oposición dejó planteada: qué significa "a escala comercial" cuando una parodia circula en un canal monetizado, y cómo se acredita la intención de engañar cuando un contenido imita a una dependencia con fines de crítica. Ninguno de los dos conceptos se define en los fragmentos del dictamen que se han hecho públicos, con lo que su alcance se fijará en la aplicación y no en la ley.
El 403 Bis castiga hacerse pasar por el gobierno para defraudar, no reírse de él; lo que no resuelve es quién determina, caso por caso, de qué lado de esa línea cae un contenido que alguien cobra.
