El Senado aprobó este miércoles la llamada "ley antimemes", una reforma que castiga con uno a cinco años de prisión a quien use los logotipos, sitios web o documentos de una institución pública para engañar a la gente y hacer pasar algo como oficial, siempre que lo haga a escala comercial. La votación fue de 72 votos de Morena, el PT y el PVEM contra 34 del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, y ahora la reforma pasa a la Cámara de Diputados.
Un día antes, el 29 de septiembre, avanzó en la Cámara de Diputados la segunda reforma del paquete que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un cambio a la Ley Federal del Derecho de Autor que hace responsables a las plataformas digitales y a los proveedores de internet de lo que suben sus usuarios cuando ese contenido viola derechos de autor. Una comisión la aprobó por 18 votos contra 6, y todavía le falta la votación del pleno de Diputados y después la del Senado.
El nombre de "ley antimemes" lo pusieron sus críticos. La oposición sostiene que la redacción no excluye de forma expresa los memes, las caricaturas ni las parodias que usan imágenes del gobierno, y que por eso podrían terminar en un proceso penal. Morena y sus aliados responden que el artículo 403 Bis solo castiga el fraude, porque exige que haya intención de engañar sobre el origen oficial de un mensaje, una condición que las comisiones del Senado agregaron al texto antes de llevarlo al pleno.
La reforma de derechos de autor va por otro lado. Obliga a las plataformas a tener reglas públicas para cerrar las cuentas de quienes violen derechos de autor de forma repetida, y las hace responsables cuando "contribuyan" o "induzcan" la infracción, dos términos que la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) señala que el texto no define. Incluye además el uso sin permiso de rostros, voces e imágenes modificados con inteligencia artificial.
Esa reforma se apoya en un mecanismo que existe desde 2020, conocido como aviso y retirada: quien afirme ser dueño de los derechos de un contenido puede pedirle a la plataforma que lo quite, y la plataforma lo retira sin que un juez revise antes el caso. El 24 de septiembre el gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación las reglas de ese procedimiento, que piden a quien solicita el retiro declarar bajo protesta de decir verdad que es el titular de los derechos.
La Casa de los Mañosos es una sátira hecha con inteligencia artificial que imita el formato del reality La Casa de los Famosos México, pero con caricaturas digitales de políticos de Morena y del gobierno, como Adán Augusto López, Layda Sansores y Rocío Nahle, que compiten por un premio llamado "fuero vitalicio". Circuló primero en YouTube y en agosto TV Azteca la transmitió en sus espacios de noticias.
Morena presentó una queja ante el INE y pidió retirar los videos y evitar que se volvieran a transmitir. El 26 de agosto la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral abrió el expediente y pidió información a TV Azteca y a Google, según el acuerdo que reseñó el abogado electoral Marco Antonio Zavala Arredondo en Nexos.
El INE desechó la queja porque no encontró calumnia, que en materia electoral significa acusar a alguien de un delito falso, de forma directa y a sabiendas de que es falso. Antes de esa decisión, la Sociedad Interamericana de Prensa había pedido al instituto que no usara sus facultades para frenar la sátira política.
TV Azteca acusó a Morena de querer censurarla, aunque también aclaró que no produce el programa. El 23 de septiembre los creadores de la sátira advirtieron que la nueva reforma podía alcanzarlos, y la senadora del PAN María de Jesús Díaz Marmolejo llevó el programa a la tribuna como ejemplo de lo que la ley no protege de forma expresa.
Por la vía de la cárcel, es poco probable. El 403 Bis pide tres cosas a la vez: uso a escala comercial, intención de engañar y que el engaño sea hacer pasar algo como oficial. Una parodia no pretende ser un mensaje del gobierno, y así lo dijo el senador del PVEM Jorge Carlos Ramírez Marín, para quien La Casa de los Mañosos queda fuera. El problema es que la mayoría se negó a escribir esa excepción en la ley, como pidió el PAN, de modo que la última palabra la tendrán un fiscal y un juez.
Por la vía de los derechos de autor, el camino es más corto. Ante el INE, Morena tuvo que probar una calumnia y no lo logró; con el aviso y retirada basta una solicitud a la plataforma, y la plataforma decide antes de que intervenga un juez. R3D, Artículo 19 y SocialTIC advierten que, con la nueva responsabilidad y las multas que la acompañan, las plataformas podrían preferir borrar contenidos por precaución, e incluso cerrar cuentas.
Hay una duda que todavía no se resuelve y que toca de lleno a esta sátira: si la protección contra rostros y voces creados con inteligencia artificial cubre también la imagen de un político o solo la de artistas y dueños de derechos. En la comisión de Diputados, la panista María Angélica Granados propuso proteger de forma expresa la crítica política y el periodismo, y la mayoría lo rechazó.
Cada actor tiene su interés en juego. El gobierno quiere frenar los fraudes con logotipos oficiales, la industria del entretenimiento gana una forma más rápida de retirar copias, Morena intentó sacar del aire una sátira que lo vincula con delitos y TV Azteca la difunde mientras acusa al partido de censura. Al final, la ley penal decide quién va a prisión por hacerse pasar por gobierno; la de derechos de autor decide quién se queda sin cuenta, y esa decisión la toma primero una plataforma, no un juez.
