Cada día de trabajo vale por dos días de condena. Sobre esa regla, que la reforma a la Ley Penitenciaria aprobada por la Asamblea Legislativa salvadoreña el 19 de mayo de 2016 inscribió en el artículo 105-A, el gobierno de Nayib Bukele levantó el Plan Cero Ocio. Según el presidente, el programa tenía en enero a 45,000 presos trabajando, cerca de 38% de los 118,369 internos que el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca) estimó al cierre de 2025, de acuerdo con un cálculo de Lo Político.
El programa creció por etapas. En marzo de 2022, la Presidencia de El Salvador hablaba de unos 2,000 reos de "fase de confianza" repartidos en 50 comisiones de trabajo. En junio de 2024, el director general de Centros Penales, Osiris Luna, habló de 21,000 internos, en declaraciones recogidas por Diario1. En enero de 2025, Bukele escribió en X que 40% de la población penitenciaria ya estaba incorporada al programa. Un año después elevó la cifra a 45,000, de los cuales 6,000 fabrican ropa, y anunció que pronto el programa abarcaría a la mitad de todos los presos del país.
Los presos trabajan en talleres textiles, de soldadura, mecánica y carpintería, en granjas y en obra pública. Han remodelado hospitales, reparado escuelas y construido sedes de la Policía Nacional Civil. El Centro Industrial de Cumplimiento de Penas de Santa Ana concentra a unos 15,000 internos, cuyos alimentos del penal salen de sus propios cultivos y de su ganado. La cárcel funciona como unidad de producción que abastece al propio sistema y al Estado.
No todos los presos pueden entrar. El ingreso exige una evaluación criminológica, médica y técnica, y solo admite a reos comunes sin vínculo con pandillas. El artículo 105-A excluye de la redención de pena a los condenados por homicidio agravado, secuestro, extorsión, robo agravado y violación, entre otros delitos, y el propio Bukele aclaró en enero que el plan no está abierto a asesinos ni violadores.
La medición tiene huecos. La memoria de labores del ramo de Seguridad para el periodo de junio de 2025 a mayo de 2026 reporta 94,846 participaciones de presos en programas sociolaborales, y 49,370 de ellas en comisiones de apoyo institucional y comunitario. El informe no aclara cuántas personas distintas hay detrás de esas participaciones ni cuántas trabajan dentro o fuera de los penales. La información penitenciaria salvadoreña está bajo reserva, por lo que ningún dato del programa puede contrastarse con una fuente independiente.
La Ley Penitenciaria divide la ejecución de la condena en fases que empiezan con la adaptación. El plan recluta en la llamada fase de confianza, la etapa a la que llega el condenado con buena conducta y evaluación favorable, y que le permite salir del penal bajo custodia en turnos de cuatro y luego ocho horas. La redención de pena, es decir, el descuento de días de condena a cambio de trabajo, la supervisan el Consejo Criminológico Regional y la administración penitenciaria, y se notifica al juez de vigilancia penitenciaria.
Ese engranaje opera dentro de un sistema que el régimen de excepción transformó. El régimen está vigente desde el 27 de marzo de 2022 y la Asamblea lo prorroga cada mes; suspende garantías procesales y bajo él las autoridades reportan más de 90,000 detenciones. Las cárceles salvadoreñas tenían capacidad para 30,864 personas, y el informe del Idhuca presentado en junio cuenta 118,369 presos al cierre de 2025, una tasa de 1,963 por cada 100,000 habitantes, la más alta del mundo. Con esas cifras, el instituto calcula un hacinamiento de 261%, y estima que aun con el CECOT lleno seguiría en torno a 167%.
La mayoría de los detenidos bajo el régimen no tiene condena, y la redención por trabajo del artículo 105-A está reservada al "interno condenado". La puerta del Plan Cero Ocio queda cerrada para el preso que espera juicio, que en El Salvador es la mayoría de quienes entraron desde 2022.
El costo humano también tiene registro. La organización Socorro Jurídico Humanitario contaba al 17 de junio al menos 537 muertes bajo custodia durante el régimen. De acuerdo con su informe, que se basa en los testimonios de familiares, 31.8% fueron muertes violentas y 31.6% se debieron a falta de atención médica, y 94% de las víctimas no tenía perfil de pandillero.
En contraparte al Centro Industrial de Cumplimiento de Penas de Santa Ana, los criminales más peligrosos son enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca, recibió a sus primeros 2,000 reos en febrero de 2023 y tiene capacidad nominal para 40,000 reos. Según el Idhuca, al cierre de 2025 albergaba a 14,532, es decir, 36% de su capacidad. En los recorridos guiados para la prensa e influencers, la dirección del penal ha mostrado celdas con unas 80 literas metálicas sin colchón, sábanas ni almohada, y dos inodoros sin división. La luz artificial está encendida las 24 horas.
Los internos permanecen 23 horas y media en la celda y salen 30 minutos al pasillo central, esposados de pies y manos. El penal no tiene patios, talleres ni áreas de reinserción, y las visitas familiares están prohibidas. Para quienes cometen faltas contra el personal o contra otros presos hay celdas de aislamiento casi sin luz, donde pueden pasar hasta 15 días. Es la imagen inversa del Plan Cero Ocio: encierro sin actividad, sin salida y sin descuento de condena.
Los únicos testimonios directos desde dentro provienen de los migrantes venezolanos que Estados Unidos envió al CECOT en marzo de 2025 y que salieron en julio de ese año en un canje de prisioneros. En el informe de Human Rights Watch y Cristosal de noviembre de 2025, los exdetenidos describen incomunicación, golpizas después de las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja y consultas médicas sin medicamentos. También cuentan que, como las celdas no tienen ventanas, solo sabían si era de día por la ventana del módulo.
El horizonte de salida se cerró todavía más en marzo, cuando la Asamblea aprobó la reforma constitucional que permite la cadena perpetua, aplicable a personas desde los 12 años. Así, el sistema funciona en dos carriles: el trabajo con redención para el reo común, y el confinamiento indefinido para quien el Estado clasifica como pandillero o terrorista.
El Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional registró al cierre de agosto 275,497 personas presas en México, la cifra más alta de la serie. De ellas, 121,337, que equivalen a 44%, siguen procesadas y sin sentencia, y 158 de los 275 centros penitenciarios del país operan por encima de su capacidad. Con la proyección de 134.4 millones de habitantes del Consejo Nacional de Población (Conapo), un cálculo de Lo Político da una tasa de unos 205 presos por cada 100,000 habitantes.
La tasa salvadoreña es 9.6 veces la mexicana. Si México encarcelara en la misma proporción que El Salvador, tendría unos 2.64 millones de presos, y su población penitenciaria actual ya equivale a casi siete CECOT llenos. Si aplicara la misma escala del Plan Cero Ocio, es decir, 38% de la población penitenciaria, tendría que ocupar a unas 104,700 personas, más del doble de las 45,000 que reporta El Salvador. Como el modelo solo descuenta condena a los sentenciados, sin embargo, el universo mexicano baja a 154,160 personas, y 38% de ese grupo son unas 58,600. Antes que la capacidad de los talleres, el freno sería la proporción de presos sin sentencia.
El marco legal también es distinto. El artículo 18 constitucional coloca el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte como bases de la reinserción, y el artículo 91 de la Ley Nacional de Ejecución Penal define el trabajo penitenciario como eje de la reinserción, en tres modalidades: autoempleo, actividades no remuneradas de servicio al penal y trabajo a cuenta de terceros, con la regla de que sea fuente de ingresos para quien lo realiza. El 22 de noviembre de 2023, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió en el amparo en revisión 520/2023 que las labores no remuneradas de limpieza y mantenimiento del penal son un deber de la persona presa y no una pena, de modo que no violan los artículos 5 y 21 de la Constitución.
La presidenta Claudia Sheinbaum marcó distancia el 11 de agosto. Al hablar de la saturación de los penales, dijo que su gobierno busca ampliarlos con un esquema de reinserción "humanista" y no con esquemas de otros lugares del mundo, en declaraciones recogidas por Milenio. El gabinete de seguridad ha hablado de hasta seis nuevos centros penitenciarios, pero todavía no hay presupuesto asignado.
En El Salvador, el Ejecutivo controla las tres llaves del modelo. Centros Penales y los consejos criminológicos deciden quién entra a la fase de confianza, el gobierno decide qué obra pública hacen los presos, y la reserva de información decide qué se sabe del resultado. Osiris Luna proyectaba en 2024 un ahorro de 56 millones de dólares por producir en cocinas, talleres y granjas lo que antes se compraba. La mano de obra penitenciaria sustituye contratos, y su beneficio se mide en el presupuesto del Estado más que en el salario del preso.
El programa cumple además otra función: le da al sistema una cara presentable hacia fuera. El mismo Estado que mantiene a más de 90,000 personas detenidas sin condena bajo el régimen de excepción exhibe a reos comunes con uniforme amarillo reparando escuelas. Esa imagen ya se exporta. En junio, el gobierno de Laura Fernández en Costa Rica amplió un programa con el mismo nombre para que los presos limpien escuelas, playas y delegaciones policiales.
En México, la decisión que condiciona cualquier copia está fuera de las cárceles. El 44% de presos sin sentencia es en buena parte el resultado de la prisión preventiva oficiosa, la medida que obliga al juez a encarcelar durante el proceso a quien es acusado de ciertos delitos, y cuyo catálogo amplió el Congreso en 2019. Con ese diseño, un Cero Ocio mexicano dejaría fuera a 121,337 personas, y su operación dependería de 32 sistemas estatales más el federal, cada uno con su propio presupuesto. La pregunta de fondo, entonces, es quién decide qué presos llegan a tener una condena que trabajar, no si los presos deben trabajar.
