Una herramienta que la Constitución salvadoreña concibió para periodos de 30 días en momentos de crisis hoy cumple cuatro años y medio en vigor: la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el 23 de septiembre, con 57 de 60 votos y sin debate previo, la prórroga número 55 del régimen de excepción, que seguirá activo al menos hasta el 27 de octubre. Esta medida suma hasta el momento 93,162 detenidos bajo la premisa de "arresto y después averiguo". Ese paréntesis convertido en forma de gobierno es el que hoy estudian, con variantes propias, los gobiernos de Chile, Perú y Costa Rica, bajo el argumento de que la seguridad no puede esperar los tiempos de los tribunales.
En Chile, el presidente José Antonio Kast ingresó en agosto al Senado, con suma urgencia, una reforma constitucional que crea un estado de excepción de seguridad pública con una arquitectura distinta a la de los cuatro que ya contempla la Carta chilena: duraría 120 días, sería prorrogable por otros 120 sin autorización del Congreso y permitiría restringir el tránsito y la reunión e intervenir comunicaciones. La encuesta Plaza Pública de Cadem del 23 de agosto registró 49% en desacuerdo con esa figura y 44% a favor, y 51% pidió retirar el proyecto, mientras Kast sostuvo el 31 de agosto que el nuevo estado de excepción "no es renunciable".
En Perú, la presidenta Keiko Fujimori decretó a finales de agosto el estado de emergencia por 60 días en Lima Metropolitana y el Callao, una figura que permite restringir derechos como la libertad de tránsito y la inviolabilidad del domicilio y sumar a las Fuerzas Armadas al trabajo de la Policía Nacional. En paralelo pidió al Congreso facultades delegadas, el mecanismo por el cual el Legislativo autoriza al Ejecutivo a dictar decretos con rango de ley en materias acotadas, por 120 días y en 66 medidas, principalmente de seguridad ciudadana; la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el 1 de octubre un dictamen que reduce el plazo a 90 días, después de que Fujimori advirtiera que su gobierno actuaría "nos otorguen o no nos otorguen facultades".
En Costa Rica, Laura Fernández ganó la presidencia el 1 de febrero con 49% de los votos, asumió el 8 de mayo y prometió concluir una cárcel inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) salvadoreño, endurecer penas y decretar estados de excepción en zonas conflictivas, y en Colombia Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta del 21 de junio con 49.66% frente a 48.70% de Iván Cepeda, tras una campaña en la que se declaró admirador de Bukele. El patrón tiene un indicador medible en la infraestructura penitenciaria: InSight Crime contabiliza más de 15 propuestas de megacárceles en la región desde la apertura del CECOT, y concluye que ningún país que imitó el enfoque obtuvo los mismos resultados.
El caso que permite medir la distancia entre imitar y replicar es Ecuador. El presidente Daniel Noboa declaró el 9 de enero de 2024 un "conflicto armado interno", una categoría del derecho internacional humanitario pensada para enfrentamientos entre el Estado y grupos armados organizados, que le permitió poner a las Fuerzas Armadas al frente de la seguridad interna contra bandas que calificó de terroristas; encadenó además estados de excepción y construyó una cárcel de máxima seguridad. Aun así, el país cerró 2025 con más de 9,200 homicidios, según el Ministerio del Interior, una tasa cercana a 51 por cada 100 mil habitantes, cuando en 2019 había registrado 1,189.
El costo del modelo original también tiene registro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recogió en marzo que organizaciones civiles contaban al menos 500 muertes bajo custodia estatal de El Salvador entre el inicio del régimen y el 10 de marzo, y una población penitenciaria estimada en más de 130 mil personas; las organizaciones humanitarias elevan hoy esa cuenta a cerca de 570 muertes y más de 6,400 denuncias de abusos, mientras el gobierno salvadoreño ha admitido un "margen de error" en las capturas sin precisar a cuántas personas corresponde.
Para entender por qué el modelo no viaja hay que separar el resultado de sus condiciones de producción. El gobierno de El Salvador reporta una tasa de 1.8 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2025, frente a 103 en 2015, y la Asamblea atribuye al régimen 1,190 días sin homicidios; esa es la cifra que circula, pero se obtuvo en un territorio de 21 mil kilómetros cuadrados, frente a dos estructuras pandilleras principales —la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18— con jerarquías identificables, y después de una negociación con esas jerarquías.
Esa negociación consta en un documento oficial. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 8 de diciembre de 2021, bajo la Ley Global Magnitsky —la norma estadounidense que permite congelar bienes y bloquear operaciones financieras de funcionarios extranjeros señalados por corrupción o violaciones de derechos humanos—, al director de Centros Penales, Osiris Luna, y al director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, por dirigir en 2020 reuniones con líderes encarcelados de la MS-13 y el Barrio 18 para pactar una tregua a cambio de beneficios, que incluían el compromiso de apoyo político al partido Nuevas Ideas. El gobierno de Bukele ha negado cualquier pacto.
La variable que más pesa en la comparación es la estructura del mercado criminal. Ecuador, Colombia o México no enfrentan dos pandillas con mando centralizado, sino economías ilícitas conectadas con el narcotráfico internacional, más territorio y más frontera que controlar, y organizaciones que reponen a sus mandos detenidos, de modo que encarcelar a una cúpula no desarticula el negocio. La investigadora Guadalupe Correa-Cabrera, de la George Mason University, lo planteó en declaraciones recogidas por el diario argentino La Nación: el crimen organizado de la región no sobrevive sin protección política, lo que desplaza el punto de intervención hacia dentro del propio Estado.
La experiencia ecuatoriana muestra además el límite institucional de la fórmula. La Corte Constitucional advirtió que el gobierno no aportó información suficiente para justificar la existencia de un conflicto armado, según recogió Human Rights Watch en su Informe Mundial 2025, y en la consulta del 16 de noviembre de 2025 los votantes rechazaron las cuatro propuestas de Noboa: 60.82% dijo no a permitir bases militares extranjeras y 61.8% dijo no a una Asamblea Constituyente, según el escrutinio final del Consejo Nacional Electoral.
El soporte comunicacional de estas medidas opera como un ecosistema de tres capas: producción, amplificación y contención. La capa de producción combina cuentas oficiales, equipos audiovisuales y medios del Estado —Canal 10, Radio El Salvador y Diario El Salvador—, y está centralizada: un reportaje de Daniel Castro publicado por The New Yorker el 8 de agosto documentó, con base en una entrevista con el asesor Damian Merlo, que cerca de 90% de las decisiones sobre contenidos del gobierno salvadoreño las toma el propio Bukele y el resto, sobre todo, su hermano Karim.
El CECOT es el insumo principal de esa capa: tomas aéreas, caravanas de vehículos, formaciones militares y presos tatuados y rapados bajo luz blanca, en encuadres que dejan fuera el expediente judicial y la prueba individual de culpa. El mecanismo de distribución depende de terceros, porque cuando el youtuber Luisito Comunica recorrió el penal en 2024 su video superó los 70 millones de reproducciones, de acuerdo con el mismo reportaje, con lo que el mensaje oficial cambió de formato: dejó de circular como propaganda de gobierno y empezó a circular como entretenimiento, que llega a audiencias que no consumen información política.
La segunda capa es la amplificación, que en la jerga de plataformas se conoce como comportamiento inauténtico coordinado: redes de cuentas que publican y comparten al mismo tiempo para simular respaldo espontáneo. Una investigación de Reuters publicada en 2022, basada en más de 70 entrevistas, recogió testimonios de excontratistas que describieron redes de cuentas anónimas dedicadas a elogiar al presidente, desacreditar a periodistas y opositores y denunciar sus publicaciones para que las plataformas las suspendieran, y citó un documento interno del Departamento de Estado que concluía que el gobierno compraba periodistas y cubría a la prensa opositora con propaganda estatal.
La tercera capa es la contención, que reduce la oferta de información que contradice el relato. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró en 2025 la salida forzada de al menos 53 periodistas, y la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada ese año, impuso un impuesto de 30% a los fondos de cooperación internacional y multas de 100 mil a 250 mil dólares a quien no se registre ante el gobierno; como buena parte de la prensa independiente se financiaba con cooperación, la norma operó como un recorte de ingresos que llevó a El Faro, Focos, Gato Encerrado y a la propia APES a trabajar desde el exterior.
El formato se exporta con más facilidad que la política. En la campaña colombiana, cuentas afines a De la Espriella respondieron con videos del CECOT a las críticas de Cepeda, y el reportaje de The New Yorker recogió la frase "ojalá tuviéramos un presidente así" entre ciudadanos de México, República Dominicana y Venezuela. En Chile, el ministro Martín Arrau difundió el 13 de agosto las imágenes de la Operación Cancerbero, el traslado de 191 internos, y en Ecuador el gobierno exhibió en noviembre de 2025 el traslado de 300 presos a la cárcel del Encuentro con uniformes naranjas y cabezas rapadas.
El discurso que acompaña las imágenes cumple una función precisa dentro del sistema: cambiar la pregunta. Cuando organismos de derechos humanos cuestionaron el régimen en marzo de 2022, Bukele los llamó en Twitter, hoy X, "vividores" que "solo defienden asesinos", con lo que la discusión pasó de si un detenido es culpable a de qué lado está quien pregunta. El resultado se mide en encuestas: CID Gallup registró 94% de aprobación de Bukele en marzo, y el Iudop de la UCA encontró en diciembre de 2025 que 77.9% de los salvadoreños dice no conocer a nadie detenido de forma injustificada.
El argumento de que los delincuentes no merecen derechos parte de un supuesto que conviene desarmar: que la categoría "delincuente" ya está definida antes del juicio. En un sistema ordinario esa definición la produce un tribunal, con defensa, plazos y pruebas; el régimen salvadoreño suspendió precisamente el derecho de defensa, el plazo máximo de detención administrativa y la privacidad de las telecomunicaciones, garantías que no protegen a un grupo sino a cualquier persona frente al agente que la detiene. Al retirarlas, la decisión sobre quién es delincuente se traslada del juez al policía y al video presidencial, y el "margen de error" que admite el gobierno deja de tener una instancia que lo cuantifique.
El caso ecuatoriano de Las Malvinas muestra cómo opera ese traslado cuando falla. El 8 de diciembre de 2024, una patrulla de la Fuerza Aérea detuvo en Guayaquil a Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, cuyos cuerpos calcinados aparecieron días después en Taura; el 22 de diciembre de 2025 un tribunal condenó en primera instancia a 11 militares a 34 años y ocho meses por desaparición forzada, el delito que se configura cuando agentes del Estado privan de la libertad a una persona y luego niegan la detención o su paradero, y ordenó a la Fuerza Aérea publicar un texto titulado "Rectificación y verdad", que aclara que los menores no eran delincuentes. La corrección de la etiqueta llegó un año después y por la vía judicial, que es la instancia que el modelo propone saltarse.
El sistema tiene además una propiedad expansiva, porque la misma infraestructura que clasifica al pandillero puede clasificar a quien la cuestiona. Analistas citados por la agencia EFE sostienen que el régimen salvadoreño también se ha usado para acallar voces críticas, y el exilio de periodistas y organizaciones documentado por la APES es consistente con esa lectura, de modo que aceptar la suspensión de garantías para "los delincuentes" equivale a aceptar que un órgano sin control judicial defina, caso por caso, quién entra en esa categoría.
La estructura de incentivos explica por qué la fórmula prospera pese a sus resultados dispares. El beneficio, la caída de homicidios o al menos su promesa, es visible y se reparte entre toda la población, mientras el costo recae sobre los detenidos, sus familias y la prensa, que son minoría y cuya voz queda fuera del encuadre; y el actor que administra esa ecuación acumula poder. En julio de 2025, la Asamblea controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó la reelección presidencial indefinida, amplió el mandato a seis años y eliminó la segunda vuelta, y en julio de este año el partido nominó a Bukele para un tercer periodo en la elección de febrero de 2027; en Chile, la reforma de Kast entregaría al presidente hasta 240 días de restricciones sin pasar por el Congreso, y en Perú Fujimori busca legislar por decreto.
Lo que circula por América Latina bajo el nombre de modelo Bukele no es, por tanto, una política de seguridad con resultados probados fuera de El Salvador, sino un mecanismo de reasignación de poder que traslada decisiones del tribunal y del Congreso al Ejecutivo y usa la aprobación pública como garantía, y la experiencia de Ecuador indica que, cuando se adopta sin las condiciones territoriales, criminales y de negociación que lo acompañaron en El Salvador, entrega la concentración de poder sin entregar la reducción de la violencia.
