Las obligaciones de detección, reporte y remoción de contenidos que inciten a la violencia, que el gobierno federal quiere imponer a las plataformas digitales, se empiezan a redactar esta semana. Las redacta un grupo coordinado por la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, según anunció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la conferencia matutina del pasado viernes. El instrumento elegido es un decreto presidencial, no una iniciativa de ley.
En el grupo participan la Consejería Jurídica, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Educación Pública que encabeza Mario Delgado, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, además de especialistas de la UNAM y del IPN. La presidenta Claudia Sheinbaum fijó el objetivo en la misma conferencia: exigir a las plataformas que bajen comunicados o acciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso. A la pregunta de con qué empresas se hablará, respondió que con todas.
De acuerdo con lo expuesto por García Harfuch, el decreto obligaría a las plataformas a detectar, reportar y retirar de manera oportuna los contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia, y crearía mecanismos de coordinación con las autoridades. La misma ruta incluye dos líneas más. El CNI reforzará el seguimiento de redes sociales, servicios de mensajería y foros para identificar amenazas de violencia, y el gobierno impulsará reformas sobre el acceso de niñas, niños y adolescentes a redes sociales, con verificación de edad y más responsabilidades para las empresas.
Sheinbaum condicionó el texto a que quede claro qué contenidos se prohíben, para que la medida no raye en la censura. Hasta este lunes, el borrador del decreto no se ha dado a conocer, de modo que la definición de "contenido que incita a la violencia", que es el punto que decide qué se retira y qué no, sigue sin redacción pública.
El anuncio llegó un día después del ataque en la Secundaria General 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila. Alrededor de las 8:30 del jueves 1 de octubre, dos hermanos de 18 años, exalumnos del plantel, entraron con armas blancas y artefactos tipo petardo. La subdirectora murió y cuatro personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad. El domingo 4 de octubre, un juez de control los vinculó a proceso por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, bajo la causa penal 1632/2026, con prisión preventiva justificada, según informó el magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup. La vinculación a proceso no es una sentencia, y los imputados conservan la presunción de inocencia.
No es la primera vez que este gobierno busca facultades sobre las plataformas. En abril de 2025, la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que envió Sheinbaum incluía un artículo 109. Ese artículo permitía a las autoridades pedir a la Agencia de Transformación Digital el bloqueo temporal de una plataforma por incumplir sus obligaciones. Organizaciones como Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) lo señalaron como una vía de censura, y la oposición en el Senado lo llamó "ley censura".
La Presidenta pidió entonces modificar o eliminar ese artículo, y el Congreso aprobó la ley sin él. El bloqueo de plataformas salió de la ley tras la discusión legislativa, mientras que el control de contenidos regresa ahora por decreto, un acto del Ejecutivo que no requiere votación de diputados ni senadores.
El segundo antecedente es de este año. El 11 de marzo, la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, y la Agencia de Transformación Digital firmaron con Google, Meta y TikTok un acuerdo de colaboración voluntaria contra la violencia digital hacia las mujeres. El acuerdo contempla 17 acciones y la colaboración para retirar contenido íntimo no consentido, y X no lo firmó. Sheinbaum lo presentó como "un primer acuerdo, es voluntario".
Torreón se suma a otros episodios de violencia en escuelas que el gobierno vinculó con comunicaciones en redes sociales, y fue el detonante para pasar del acuerdo voluntario a la obligación.
Con el acuerdo de marzo, cada empresa aplicaba sus propias reglas de moderación y colaboraba con el gobierno porque así lo pactó. Con el decreto, el criterio de qué se baja lo fija el Ejecutivo, y la mesa que lo redacta la integran la Consejería Jurídica, dos instancias de seguridad e inteligencia (SSPC y CNI), la SEP y la agencia que regula telecomunicaciones. Las plataformas no aparecen como integrantes del grupo en lo anunciado el 2 de octubre.
La obligación de reportar pesa tanto como la de retirar. Si las empresas deben avisar a las autoridades cuando detecten contenido que "incite a la violencia", y al mismo tiempo el CNI refuerza su seguimiento de redes, mensajería y foros, la información sobre lo que circula en esas plataformas queda en manos del aparato de seguridad federal. Para entonces el decreto, el seguimiento y la coordinación ya dependen del mismo Ejecutivo.
El límite está en la ley. Un decreto presidencial solo puede desarrollar facultades que una ley ya le da al Ejecutivo, de modo que el alcance de estas obligaciones depende de la norma en que se apoye. Si el texto va más allá, las vías son una reforma en el Congreso o una impugnación ante tribunales, que es lo que ocurrió en 2025 con el artículo 109, cuando la discusión legislativa dejó fuera el bloqueo.
Mientras el borrador no se publique, el único resguardo es la palabra "directamente" en la fórmula de García Harfuch y la condición de Sheinbaum de que no haya censura. El decreto decidirá quién está obligado a retirar; lo que todavía no dice es quién define qué cuenta como incitación ni ante quién se reclama una baja.
