La Zona Metropolitana de Guadalajara tendrá alrededor de 30% menos agua durante al menos seis meses, debido al cierre de las compuertas de la presa Las Pintas ordenado por el gobernador Pablo Lemus. quien también solicitó dejar de usar el sistema antiguo que trae agua del Lago de Chapala, luego de reconocer que esa agua llegaba contaminada a las casas. La salida de fondo que propone, un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, depende ahora de que 26 de los 38 diputados del Congreso de Jalisco aprueben un contrato de 11,922 millones de pesos que el estado pagaría durante 20 o 25 años.
Lemus tomó la decisión en una reunión con los presidentes municipales que integran la Junta de Gobierno del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el organismo que distribuye el agua en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco. Se anunció una rotación del servicio por colonias, de modo que cada zona tendrá días sin agua o con baja presión mientras se terminan dos obras: el acueducto de desvío de La Calera y la primera etapa de ampliación de la Planta Potabilizadora 1, en Miravalle. El gobernador estimó que la calidad del agua mejoraría en 72 horas, y el calendario de tandeos por colonia quedó pendiente de que lo publique el SIAPA.
La causa que da el propio gobierno son las descargas de aguas residuales al canal que alimenta Las Pintas. Básicamente el sistema esta diseñado para contaminar el agua que después "purifica". En junio, el director del SIAPA, Ismael Jáuregui, informó que habían identificado 34 descargas y que siete de ellas son responsabilidad del mismo organismo, mientras que el resto se reparte entre municipios, en especial en la zona limítrofe de Tlajomulco y Tlaquepaque. El gobierno de Tlajomulco rechazó ser el origen y atribuyó la mayor parte de las descargas al SIAPA en Tlaquepaque, de modo que, a cuatro meses del hallazgo, no existe un listado público con los responsables de cada punto.
El daño no era nuevo cuando se tomó la decisión: el SIAPA reconoció que la calidad del agua que entraba al canal de Las Pintas se deterioró desde diciembre de 2025. Entre marzo y junio, un monitoreo ciudadano acompañado por el IMDEC y especialistas del ITESO no encontró cloro residual en 93.5% de 184 muestras tomadas en 90 colonias, y el 5 de octubre el mismo instituto presentó otra ronda de 256 muestras en 110 colonias con plomo en 32 y mercurio en 17. El gobierno estatal negó que exista una alerta sanitaria y no ha publicado un muestreo oficial por colonia que confirme o descarte esos resultados.
La presión en la calle precedió a cada anuncio. Tras los bloqueos del 5 al 7 de octubre, una marcha salió el domingo 11 de octubre de La Minerva hacia Casa Jalisco, la residencia del gobernador, donde policías estatales dispersaron a los manifestantes con gas lacrimógeno y chorros de agua; hubo personas detenidas y lesionadas, sin que el gobierno de Jalisco diera hasta ese día una cifra oficial.
Porque el agua viaja por un sistema que no la protege en el trayecto. Lemus calcula que Chapala aporta 65% del agua de la metrópoli, y una parte de ese volumen se conduce por el sistema antiguo Chapala-Guadalajara, que el propio gobierno de Jalisco describe como infraestructura a cielo abierto: un canal que recibe descargas de las zonas urbanas que atraviesa antes de llegar a Las Pintas y de ahí a la Potabilizadora 1, que trata el agua para enviarla a la red.
El segundo punto de falla es la red. El cloro residual es el remanente de cloro que debe quedar en el agua después de potabilizarla para que siga desinfectada mientras recorre la tubería; si falta, cualquier contaminación que entre por una fuga o por un cambio de presión llega sin barrera a la llave. A eso se suma la conducción: el sistema Chapala-Guadalajara pierde más de 30% del agua en fugas, según el gobierno estatal, que también reconoce que el acueducto actual tiene más de 40 años en operación.
Las otras fuentes no alcanzan para sustituir a Chapala. El Sistema El Zapotillo, que la Federación concluyó en el sexenio pasado, opera al 45% de su capacidad, de acuerdo con Lemus, porque faltan obras de electrificación, un segundo acueducto y la modernización de la potabilizadora de San Gaspar, que el gobernador cifró en 8,500 millones de pesos de recursos federales. Bajo tierra, la mayoría de los acuíferos de Jalisco registra déficit, según el análisis del IIEG con datos abiertos de Conagua, que contó 28,986 concesiones de agua subterránea vigentes en el estado al 31 de marzo de 2024.
Detrás está el dinero del organismo que opera la red. Jáuregui cifró en 20,800 millones de pesos la cartera vencida del SIAPA, y la tarifa de 2026 quedó sin aumento después de que, en agosto de 2025, Lemus pidió revocar el ajuste aprobado por la Comisión Tarifaria y una segunda propuesta no reunió los votos necesarios, con lo que el SIAPA cobra en 2026 lo mismo que en 2025.
La estructura del problema es anterior a Lemus: el canal abierto, el acueducto de cuatro décadas, los acuíferos concesionados por Conagua y la obra pendiente de El Zapotillo. La presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo el 8 de octubre en su conferencia: con López Obrador se terminó la presa y quedó pendiente un acueducto que "el gobernador Alfaro iba a hacer y ya no hizo". Lemus, a su vez, atribuye la crisis a décadas sin inversión y a la falta de aportaciones federales.
El argumento de la herencia tiene un límite: no hubo alternancia. Movimiento Ciudadano gobierna Jalisco desde diciembre de 2018, primero con Enrique Alfaro y desde diciembre de 2024 con Lemus, de modo que el gobernador hereda, en buena parte, de su propio partido. Y el deterioro de Las Pintas se registró en su gestión: el SIAPA lo detectó en diciembre de 2025, el cambio de director llegó en marzo, el plan emergente en julio y el cierre del sistema antiguo en octubre, después de las protestas.
Lo que se decide ahora es quién paga la salida. El secretario de Hacienda de Jalisco, Luis García Sotelo, explicó a los diputados el 8 de octubre que el contrato de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación, conocido como CMRO, compromete alrededor de 587 millones de pesos del presupuesto estatal cada año, durante 20 o 25 años, para pagar a la empresa que gane el concurso. El gobierno sostiene que no es deuda ni privatización y que las tarifas no subirán, porque la Comisión Estatal del Agua cubrirá el costo financiero con dinero público, mientras que el bloque de Morena, Hagamos, Futuro y PT, que suma 15 diputados, lo rechaza.
La aritmética del Congreso decide el resultado, porque 13 votos en contra bastan para frenar el contrato y Movimiento Ciudadano necesita al PVEM, cuya diputada Brenda Carrera adelantó su voto a favor, y al PAN, que pidió un acuerdo político antes de votar. En tanto, el costo inmediato lo cargan los hogares de las colonias en rotación, que mientras dure el tandeo dependen de pipas, garrafones y filtros para cubrir lo que la red no entrega.
