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Ley General de Bienestar Animal: ¿qué cambia para dueños, vendedores y estados?

Diputados la aprobaron sin votos en contra; la ley carga a estados y municipios el registro, las esterilizaciones y la decisión sobre corridas de toros y palenques.

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Inscribir a cada perro o gato en un Registro Nacional de Animales de Compañía obligatorio y gratuito, comprar mascotas solo en establecimientos registrados y multas de  de hasta 2 mil UMA, unos 234 mil 620 pesos:  eso fija la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que la Cámara de Diputados aprobó ayer con 470 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones del PRI, y que ya está en manos del Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La ley tiene seis títulos y 125 artículos, reconoce a los animales como seres sintientes, es decir, capaces de sentir dolor, miedo y estrés, y no como simples bienes, y además reforma la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Protección Civil y la Ley Federal de Cine y el Audiovisual. Además de la multa, que el artículo 115 calcula en UMA según la infracción, prevé arresto administrativo de hasta 36 horas, clausura de establecimientos y decomiso de animales. También obliga a quien maltrate a pagar la atención médica y la rehabilitación del animal.

El cambio que más se va a notar en la calle es el del comercio, porque la compraventa queda limitada a establecimientos registrados y autorizados, de modo que se prohíbe vender animales de compañía en mercados, tianguis, bazares, vía pública y vehículos, ofrecerlos o publicarlos en plataformas digitales sin los permisos y registros vigentes, vender ejemplares enfermos o lesionados y entregarlos como premio o propaganda. La ley también prohíbe organizar peleas de perros y sacrificar animales en espectáculos.

Quien reciba una sanción administrativa firme entrará a un padrón de personas infractoras durante uno a cinco años, y mientras siga inscrito no podrá recibir apoyos públicos ligados al bienestar animal ni obtener los permisos que la ley contempla. Nada de esto rige todavía: el decreto entra en vigor 60 días naturales después de su publicación en el DOF, que depende de la Presidencia.

La ley tampoco prohíbe las corridas de toros ni las peleas de gallos, porque el artículo 7, fracción XXI, deja a las entidades federativas legislar sobre peleas de gallos, corridas, jaripeos, cabalgatas y suertes de la charrería "bajo el principio de progresividad", con lo que esas prácticas seguirán dependiendo de cada congreso estatal.

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¿De dónde sale la ley y por qué llegó tarde?

La obligación nació con la reforma a los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución publicada en el DOF el 2 de diciembre de 2024, que prohibió el maltrato animal, facultó al Congreso para legislar sobre protección y bienestar de los animales y le dio 180 días naturales para expedir la ley general. Ese plazo venció en junio de 2025, casi año y medio antes de esta votación.

El Senado aprobó la minuta el 29 de septiembre con 115 votos a favor y uno en contra, el del senador de Morena Adán Augusto López Hernández, y en esa discusión entró la reserva que dejó a los estados la regulación de los toros y los gallos. La minuta pasó a la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Medio Ambiente la dictaminó sin cambios.

En San Lázaro el trámite tomó una sesión de hora y media sin debate, ya que no hubo intervenciones en contra, las seis bancadas solo fijaron postura y la votación en lo general y en lo particular se hizo en un solo acto. Como los diputados no modificaron la minuta, no tuvo que regresar al Senado y pasó directo al Ejecutivo.

El alcance es amplio porque la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2021 del INEGI estimó que el 69.8% de los hogares del país tenía al menos una mascota, de manera que el registro, las reglas de compraventa y el padrón tocan la vida diaria de la mayoría de las familias y no solo la de criadores o comerciantes.

¿Quién decide y quién paga con la nueva ley?

El Congreso federal escribió las reglas, pero la operación queda en otras manos: el registro nacional se arma con la información que entreguen las entidades federativas, y a estados y municipios les toca hacer campañas permanentes de vacunación, desparasitación, esterilización y adopción, rescatar y resguardar animales abandonados, fortalecer los centros de atención animal y colaborar en operativos contra la venta ilegal y las peleas de perros. En lo publicado hasta ahora no aparece una partida específica para cubrir esas tareas.

Eso significa que el cumplimiento dependerá de los presupuestos estatales y municipales, que son los que contratan veterinarios, sostienen albergues y ponen inspectores en los tianguis, con lo que la misma ley podrá aplicarse de forma muy distinta en un municipio con recursos y en otro sin ellos, aunque el texto sea uno para todo el país.

La decisión sobre los toros y los gallos siguió el mismo camino, porque el Congreso de la Unión, que tenía la facultad constitucional para resolverla de una vez, optó por devolverla a los estados, de modo que la disputa entre empresarios taurinos, criadores de gallos y organizaciones protectoras se mudará a 32 congresos locales, cada uno con su propia correlación de fuerzas.

Del lado del comercio, quienes venden animales en tianguis, bazares y la vía pública, y las plataformas digitales donde se publican, tendrán que registrarse o salir del mercado. La ley define quién puede vender un perro y cuánto cuesta maltratarlo; lo que no define es quién pagará el registro, las esterilizaciones y la inspección que la sostienen.


Hechos clave

  • La Cámara de Diputados aprobó la ley el 18 de noviembre con 470 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones del PRI, y la envió al Ejecutivo.
  • El Senado la había aprobado el 29 de septiembre con 115 votos a favor y uno en contra.
  • Fija multas de hasta 2 mil UMA, unos 234 mil 620 pesos, y arrestos administrativos de hasta 36 horas.
  • Crea un Registro Nacional de Animales de Compañía, obligatorio y gratuito, y un padrón de infractores con inscripción de uno a cinco años.
  • Entra en vigor 60 días naturales después de su publicación en el DOF; la regulación de corridas de toros y peleas de gallos queda en manos de los estados.