Traición a la patria: un delito con condena sólo en los libros de historia

Un juez federal resolverá este sábado a las 15:00 horas y dentro del penal del Altiplano, si César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, enfrenta proceso por traición a la patria, un delito que el Código Penal Federal castiga con cinco a 40 años de prisión y que en México se ha invocado sobre todo como acusación política. A diferencia de la solicitud de 2024 contra Joaquín Guzmán López, que no prosperó, esta vez la FGR ejecutó la orden de aprehensión y consiguió que el imputado quedara en prisión.

La fiscal general Ernestina Godoy anunció la detención el 17 de octubre y la sostuvo en tres conductas: que Jáuregui habría permitido que personas extranjeras intervinieran sin autorización en un operativo que correspondía a fuerzas federales, que no informó del caso a las autoridades federales aunque sabía que involucraba delitos de ese fuero, y que el operativo se hizo sin facultades legales y sin carpeta de investigación abierta. Godoy lo resumió como hechos "posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria".

El operativo ocurrió del 17 al 19 de abril en El Pinal, municipio de Morelos, en la sierra Tarahumara, donde la Fiscalía de Chihuahua desmanteló un laboratorio de drogas sintéticas; de regreso, en la madrugada del 19 de abril, un vehículo del convoy cayó a un barranco y murieron cuatro personas: dos servidores públicos estatales, entre ellos el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera Cervantes, y dos estadounidenses que el embajador Ronald Johnson presentó como "personal de la embajada" y que, como confirmó después la agencia AP, eran agentes de la CIA. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno no autorizó esa participación ni fue informado de ella. Jáuregui renunció el 27 de abril, al reconocer una "responsabilidad política" por la presencia no reportada de los agentes.

El 17 de octubre, el juez estatal Luis Alberto Simental Ortega le negó a la Fiscalía de Chihuahua la prisión preventiva en la causa local, y en menos de una hora la policía ministerial federal lo detuvo con una orden librada en el Altiplano, de modo que el exfiscal pasó de las medidas cautelares en libertad a una cárcel de máxima seguridad el mismo día. En la causa federal 408/2026, el juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes le dictó prisión preventiva oficiosa, mientras que el 22 de octubre el juez Simental lo vinculó a proceso en la causa estatal 3055/2026 solo por ejercicio ilegal del servicio público, descartó el delito de coalición y fijó dos meses de investigación complementaria.

La defensa, a cargo de Héctor Villasana, sostiene que ninguno de los 150 datos de prueba que presentó la FGR acredita que Jáuregui autorizara o conociera la participación de los agentes, y reprocha que el Ministerio Público comparara el caso con la acción de Estados Unidos en Venezuela para extraer a Nicolás Maduro. El juez federal debe decidir esta tarde si esa acusación alcanza para vincularlo a proceso.

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¿Qué es la traición a la patria y quién ha sido acusado en México?

El artículo 123 del Código Penal Federal enumera 15 conductas que constituyen el delito, entre ellas los actos contra la independencia o la soberanía de la nación para someterla a un gobierno extranjero, proporcionar información a un gobierno extranjero, formar grupos armados dirigidos por extranjeros y solicitar la intervención o el protectorado de un Estado extranjero, con penas de cinco a 40 años y multa de hasta 50 mil pesos; el artículo 124 fija de cinco a 20 años para quien celebre alianzas ofensivas sin cumplir la Constitución o acepte un cargo del invasor, y el 125, de dos a 12 años para quien incite a reconocer un gobierno impuesto por una invasión. El artículo 108 de la Constitución lo nombra, además, entre los delitos por los que puede ser acusado un presidente en funciones, y desde el 1 de abril de 2025 el artículo 40 exige autorización expresa del Estado mexicano para cualquier intervención extranjera en investigaciones o procesos.

El antecedente más citado está en Querétaro: un consejo de guerra reunido en el teatro de la ciudad juzgó a Maximiliano de Habsburgo y a los generales conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía con base en la ley del 25 de enero de 1862 contra los delitos que atentaban contra la nación, y los tres fueron fusilados el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. En 1945, el diputado Carlos A. Madrazo y otros dos legisladores pasaron unos ocho meses en Lecumberri por el escándalo de las tarjetas del Programa Bracero, acusados, entre otros cargos, de traición a la patria, hasta que amparos de la Suprema Corte los dejaron libres. En mayo de 2003, más de 60 policías municipales y agentes fiscales y aduaneros de Ciudad Juárez enfrentaban órdenes de aprehensión por traición a la patria y allanamiento de morada por haber entregado al FBI, en septiembre de 2002, a 14 mexicanos acusados del asalto a un tren en Estados Unidos, a quienes un juez estadounidense liberó el 29 de diciembre de ese año por falta de pruebas.

En el siglo XXI la acusación se movió a la tribuna. El 15 de marzo de 2021, Flavio Sosa, exvocero de la APPO, denunció ante la FGR a Felipe Calderón por traición a la patria y financiamiento al terrorismo, por los contratos eléctricos a empresas extranjeras como Iberdrola y por la guerra contra el narcotráfico, sin que la denuncia derivara en cargos. El 31 de mayo de 2022, Mario Delgado, entonces presidente de Morena, denunció ante la FGR a los 223 diputados del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que votaron contra la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, que cayó por 275 votos contra 223 al no alcanzar las dos terceras partes, y un mes antes la Comisión de Quejas y Denuncias del INE había ordenado a Morena retirar las publicaciones que los llamaban "traidores a la patria" por una posible calumnia.

El antecedente judicial más reciente fue el de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, que el 25 de julio de 2024 llevó a Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos, donde ambos fueron detenidos. La FGR abrió una carpeta por secuestro y traición a la patria y en octubre de 2024 pidió una orden de aprehensión con 78 pruebas, pero la solicitud no prosperó ante el juez federal en Sinaloa; Guzmán López se declaró culpable de narcotráfico en Chicago el 1 de diciembre de 2025, y en julio de este año Godoy informó que la carpeta mexicana sigue abierta. En agosto de 2025, la senadora panista Lilly Téllez dijo a Fox News que era bienvenida la ayuda de Estados Unidos contra los cárteles, y Gerardo Fernández Noroña, entonces presidente del Senado, llevó a la Comisión Permanente un debate sobre la "traición a la patria" del PAN, aunque, en declaraciones recogidas por Expansión Política, admitió que nadie sería juzgado por ello.

¿Por qué la traición a la patria pasa de la tribuna al juzgado ahora?

En lo que va del siglo el delito funcionó sobre todo como etiqueta: los partidos lo usaron para marcar al adversario y ninguna de las denuncias contra legisladores o expresidentes derivó en cargos, de modo que la acusación costaba poco y no obligaba a nadie a probarla. Con Jáuregui, la decisión cambió de manos: ya no la toma un dirigente en un mitin, sino una FGR que ejecuta la orden, pide prisión y la consigue.

El acusado es un cuadro del PAN que fue dirigente municipal en Ciudad Juárez y diputado local antes de ser fiscal de la gobernadora panista Maru Campos, en un estado que elegirá gubernatura en 2027, y quien lo persigue es Ernestina Godoy, que asumió la FGR a finales de 2025 tras dejar la Consejería Jurídica de la Presidencia. Por eso abogados y especialistas leen la acusación en clave de las elecciones de 2027, mientras que Carlos Pérez Ricart, del CIDE, advirtió que el debate manda una "muy mala señal hacia Washington".

La misma semana, Sheinbaum trazó el límite del otro lado. En su conferencia del 20 de octubre le preguntaron si los llamados de Lilly Téllez a que Estados Unidos intervenga contra los cárteles y la petición de Alejandro Moreno, dirigente del PRI, al Departamento de Estado contra consejeros del INE podían ser traición a la patria, y respondió, en palabras recogidas por Expansión Política, que no cree que el caso deba llevarse a la FGR porque "tampoco la política debe judicializarse". El artículo 123, sin embargo, incluye la solicitud de intervención extranjera entre sus conductas, con lo que la ley no distingue entre pedir al agente extranjero y dejarlo entrar: la distinción la hace el gobierno.

Ahí se reparte el poder detrás del delito. La FGR decide qué conducta persigue y contra quién, el juez decide esta tarde si la prueba alcanza, y la presidenta decide qué casos se quedan en el "juicio del pueblo". El delito castiga la deslealtad a la nación; quién es desleal, por ahora, lo define quien acusa.

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Hechos clave

• El artículo 123 del Código Penal Federal castiga la traición a la patria con cinco a 40 años de prisión y multa de hasta 50 mil pesos, en 15 conductas.
• César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, fue detenido por la FGR el 17 de octubre por el operativo de abril en El Pinal con dos estadounidenses que murieron en un accidente.
• Un juez federal decide el 24 de octubre, a las 15:00 horas, si lo vincula a proceso por traición a la patria; ya está en prisión preventiva oficiosa en el Altiplano.
• Maximiliano, Miramón y Mejía fueron fusilados en Querétaro el 19 de junio de 1867 tras un consejo de guerra.
• Las denuncias contra Felipe Calderón (2021) y contra 223 diputados (2022), y la solicitud contra Joaquín Guzmán López (2024), no terminaron en sentencia.