El gobierno federal presenta este lunes 28 de septiembre de 2026, a las 13:00 horas, el primer informe de la administración de Claudia Sheinbaum sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y lo hará sin las madres y los padres de los estudiantes. "El día de hoy no", respondió la presidenta en su conferencia matutina cuando se le preguntó si las familias serían convocadas, y explicó que se trata de una conferencia de prensa o un informe público cuyo contenido, dijo, ya conocen: "No se va a informar nada que no se les haya informado a ellos".
El informe lo exponen el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República, Mauricio Pazarán. Sheinbaum adelantó el 25 de septiembre, desde Villahermosa, que incluirá la atención a las familias, el número de búsquedas realizadas, las nuevas detenciones "y las razones de estas detenciones", además de las líneas de investigación abiertas a partir del análisis de los teléfonos usados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
En la misma conferencia de este lunes, la presidenta cerró la puerta al regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que las familias reclamaron dos días antes en el Zócalo. "El GIEI ya no existe", dijo, y atribuyó su disolución a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Añadió que, cuando su gobierno pidió a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos valorar qué expertos podían apoyar el caso, ese organismo decidió convocar a otros especialistas, todavía por definir, y no a los integrantes del GIEI.
El informe estaba previsto para el viernes 25, antes del aniversario, y Sheinbaum lo recorrió al lunes con el argumento de que ese día "había demasiadas actividades" y de que el sábado era la marcha. La presidenta sostuvo que la investigación no está cerrada y pidió a Medina acudir a la conferencia matutina del martes 29 para responder preguntas.
El sábado 26 de septiembre, madres, padres, normalistas y organizaciones marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Desde el templete, las familias exigieron dos cosas al gobierno federal: el regreso de los expertos del GIEI y la entrega de los 800 folios de la Secretaría de la Defensa Nacional relacionados con el caso, que el Ejército no ha abierto. Melitón Ortega, vocero de las familias, dijo al inicio de la movilización que los padres esperaban conocer este lunes la información sobre búsquedas, detenciones y solicitudes de extradición.
María de Jesús Tlatempa, madre del normalista José Eduardo Bartolo Tlatempa, resumió la posición de las familias frente al gobierno: "Nosotros le pedimos a la presidenta que deje de apoyar a los militares y que vea el caso de Ayotzinapa". Las familias ya habían protestado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por un pronunciamiento que, a su juicio, exculpa al Ejército.
El caso llega a su duodécimo aniversario con los restos de tres estudiantes identificados. En 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso lo calificó como un crimen de Estado. Entre las detenciones de la actual etapa está la del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre, a quien la FGR investiga por su presunta responsabilidad en el caso y quien, como toda persona procesada, conserva la presunción de inocencia mientras un juez no determine lo contrario.
El informe de hoy concentra en el Ejecutivo y en la FGR la decisión sobre qué se investiga, con qué método y cuándo se hace público, porque sin el GIEI no queda en el caso un grupo de expertos independientes con acceso a los expedientes. Sheinbaum lo planteó así la semana pasada: "Nosotros tenemos nuestras investigaciones". Y lo reforzó este lunes al adelantar que hablará de temas que, según dijo, el GIEI no investigó en su momento.
El método elegido se apoya en telefonía y carpetas de investigación, es decir, en información que ya tenían el Estado y la Fiscalía, mientras que los 800 folios que piden las familias están en manos de la Sedena. La decisión de abrir o no esos archivos militares corresponde al gobierno federal y a la Defensa, y no forma parte de lo anunciado para el informe, con lo que la investigación avanza por la vía que controla el Ejecutivo y no por la que reclaman las familias.
La presidenta sostiene que las familias ya conocen los avances desde la reunión del 27 de agosto, y las familias sostienen que en 12 años no se les ha resuelto nada. Esa distancia es la que el informe tendrá que medir. Lo que se presente a las 13:00 dirá cuántas búsquedas y detenciones hubo y por qué, pero no quién revisará esas conclusiones desde fuera del gobierno, porque la ONU-DH todavía no ha nombrado a los especialistas que sustituirían al GIEI.
