Con la minuta aprobada por 344 diputados el 22 de septiembre y un dictamen que las comisiones avalaron 23 votos contra 9 al día siguiente, el pleno del Senado tiene agendada para este martes 29 de septiembre la votación de la reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, que obliga a quien aspire a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro como candidato. La regla, según el propio régimen transitorio, se aplicaría a partir del proceso electoral de 2028, de modo que no alcanza a la elección de 2027.
El cambio exige dos tercios de los senadores presentes, porque se trata de una reforma constitucional, y el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, dijo tras la sesión de comisiones que no ve problema para reunir los votos. La cuenta, sin embargo, tiene una fisura dentro del bloque oficialista: el senador del PVEM Luis Armando Melgar anticipó que votaría en contra, según reportó La Razón, mientras que el grupo parlamentario de Morena fijó postura el fin de semana y afirmó que el dictamen se aprobará esta semana.
El texto va más allá del registro. Quien ejerza alguno de esos tres cargos no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, usar pasaporte o documento de identidad de otro Estado, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de un gobierno extranjero, con lo que la restricción cubre tanto la entrada a la boleta como el ejercicio del cargo.
Si el pleno la aprueba sin cambios, la minuta pasará a los congresos de los estados y de la Ciudad de México, donde necesita el aval de al menos 17 legislaturas antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El decreto entraría en vigor al día siguiente de esa publicación, y el Congreso de la Unión tendría 90 días naturales para adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral, mientras que las entidades deberán ajustar sus constituciones locales.
La reforma no prohíbe la doble nacionalidad en general: un mexicano puede seguir teniendo dos o más, y la condición solo opera para quien busque encabezar un Poder Ejecutivo, federal o local.
Lo Político ya había adelantado el calendario de esta discusión en la nota sobre la votación prevista para el 29 de septiembre.
La iniciativa la envió la presidenta Claudia Sheinbaum a finales de agosto por conducto de la Comisión Permanente, que la turnó a la Cámara de Diputados. Su argumento parte del artículo 32 de la Constitución, que reserva los cargos que exigen nacionalidad mexicana por nacimiento a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra, una fórmula que deja abierta la situación de quien nació con dos nacionalidades.
San Lázaro aprobó la reforma el 22 de septiembre con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención en lo general, y 334 a favor, 109 en contra y una abstención en lo particular. La minuta llegó al Senado esa misma noche, fue turnada el miércoles 23 a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, y ese mismo día quedó dictaminada: 12 votos contra 6 en la primera, que preside Óscar Cantón Zetina, y 11 contra 3 en la segunda, que encabeza Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Del voto en San Lázaro al dictamen en el Senado pasaron menos de 24 horas.
Morena, PT y PVEM votaron a favor en ambas cámaras, y PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en contra. En comisiones, Luis Donaldo Colosio (MC) acusó que se legisla con una urgencia que formalmente no existe, y el panista Marko Cortés calificó la reforma como una regresión en materia de derechos humanos que afecta a los mexicanos que viven en Estados Unidos. La priista Claudia Anaya reclamó que no se consultó a las federaciones de migrantes.
Sheinbaum ha rechazado que la medida quite derechos. Su postura, repetida después de la votación en Diputados, es que quien tenga otra nacionalidad conserva todos sus derechos y solo debe renunciar a ella si quiere competir por la Presidencia o una gubernatura.
El transitorio fija la aplicación desde el proceso electoral de 2028 y deja fuera a quienes ya estén en funciones cuando el decreto entre en vigor, de modo que ningún gobernador en ejercicio ni la boleta de 2027 quedan sujetos al candado. La primera elección presidencial que lo aplicaría es la de 2030, y ahí está el peso real de la decisión: la mayoría oficialista define hoy los requisitos de elegibilidad para la próxima sucesión presidencial.
La decisión la toman la Presidenta, que propone, y la mayoría de Morena y sus aliados, que controla los tiempos de ambas cámaras y dictaminó en un solo día, mientras que la oposición no tiene votos para frenar la reforma en el Congreso federal y su margen se reduce a los congresos locales donde no gobierna Morena. En Diputados, el coordinador del PAN, José Elías Lixa, sostuvo que la reforma tiene carácter electoral porque modifica requisitos de elegibilidad, y el priista César Alejandro Domínguez advirtió que podría usarse para impedir la participación de perfiles opositores.
El oficialismo presenta la medida como defensa de la soberanía y de una sola lealtad para quien gobierna, pero el mecanismo es un filtro de registro: quien tenga otra nacionalidad puede competir si renuncia a tiempo, lo que convierte la reforma en un requisito de calendario más que en una exclusión permanente.
El dictamen decide quién puede pedir su registro a partir de 2028; no toca a quien ya gobierna ni cambia la elección del año próximo, y aún necesita a 17 legislaturas para dejar de ser una minuta.
