El pleno del Senado de la República discutirá y votará el martes 29 de septiembre de 2026 la reforma de nacionalidad única, que obliga a quien aspire a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a no tener otra nacionalidad, o a renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato. La minuta llega al pleno después de que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera la aprobaron el 23 de septiembre por 23 votos contra 9, con Morena, PT y PVEM a favor y PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en contra.
Un día antes, el 22 de septiembre, la Cámara de Diputados la había aprobado en lo general con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, y en lo particular con 334 a favor, 109 en contra y una abstención. De acuerdo con El Universal, la oposición presentó 226 reservas y ninguna prosperó, de modo que el texto salió de San Lázaro en los términos en que lo envió la presidenta Claudia Sheinbaum.
El dictamen reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Además del requisito para registrarse, establece que quien ejerza alguno de esos tres cargos no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, usar un pasaporte extranjero, ejercer derechos políticos ante otro Estado ni acogerse a su protección diplomática, según el texto que reseñó Expansión Política el 23 de septiembre. La reforma no retira la doble nacionalidad a los mexicanos que la tienen: la restricción se limita a esos tres cargos ejecutivos.
El régimen transitorio fija que la regla se aplicará a partir del proceso electoral de 2028, con lo que las gubernaturas que se eligen en 2027 quedan fuera de su alcance, y tampoco alcanzará a quienes ya ocupen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno cuando entre en vigor. En el caso presidencial, la primera elección sujeta al nuevo requisito sería la de 2030. El decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El voto del Senado no cierra el trámite. Por tratarse de una reforma constitucional, después necesitará la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, es decir, al menos 17 de 32, antes de la declaratoria y la publicación.
Sheinbaum presentó la iniciativa el 27 de agosto de 2026 y la envió a la Comisión Permanente cuatro días después. En la exposición de motivos, el objetivo declarado es que quienes encabecen los poderes ejecutivos mantengan "un vínculo jurídico y político exclusivo con el Estado mexicano" antes y durante el ejercicio del cargo.
La Constitución ya contiene una regla sobre el tema. El artículo 32 reserva los cargos que exigen ser mexicano por nacimiento a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad, y en ese artículo se apoyó el senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, para llamar "redundante" a la reforma en la sesión de comisiones. La diferencia está en el verbo: el texto vigente habla de adquirir otra nacionalidad y la reforma exige no tenerla, lo que alcanza también a quien nació con dos.
La oposición centró su rechazo en los migrantes. El panista Marko Cortés dijo que su partido no acompañará la reforma "por justicia con los migrantes" y citó que Michoacán tiene 4.8 millones de habitantes y más de 3.5 millones de michoacanos en Estados Unidos. La priista Claudia Anaya puso el ejemplo de Zacatecas, con 1.5 millones de paisanos en ese país. En San Lázaro, el coordinador panista Elías Lixa advirtió que hay países donde renunciar a la nacionalidad depende de trámites que el ciudadano no controla, y el morenista Ricardo Monreal respondió que ese procedimiento se definirá en una ley reglamentaria.
Del lado oficialista, el senador de Morena Emmanuel Reyes Carmona sostuvo que los mexicanos en el exterior conservarán su doble nacionalidad, su patrimonio y su voto, y que la reforma solo fija una regla para tres cargos. Según Expansión, con la aprobación México se sumaría a Venezuela como uno de los países que prohíben expresamente la doble nacionalidad a sus gobernantes.
La decisión del martes depende más de la aritmética del bloque oficialista que de la oposición. Una reforma constitucional exige dos terceras partes de los senadores presentes; si acuden los 128, se necesitan 86 votos. Morena, PVEM y PT suman exactamente 86 (66, 14 y 6, según el reparto que publicó El País México), de modo que, con asistencia completa, un solo voto oficialista en contra basta para frenar la reforma.
Por eso la votación se mide en el Partido Verde. Senadores de esa bancada habían expresado reservas sobre obligar a renunciar a la otra nacionalidad antes del registro, y el portal El Congresista reporta que el senador del PVEM Luis Armando Melgar anticipó su voto en contra. En sentido opuesto, Enrique Inzunza, que se separó recientemente de la bancada de Morena, adelantó que votará a favor. El presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez, afirmó que los votos están.
Si pasa, la mayoría habrá fijado las reglas de elegibilidad de la contienda presidencial de 2030 cuatro años antes de que se abra, y lo hace mientras dos nombres ajenos a Morena aparecen en la prensa ligados al tema: Infobae vinculó la iniciativa con la disputa de Sheinbaum con el exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, quien según ese medio conserva la nacionalidad estadounidense, y El Imparcial reportó que el empresario Ricardo Salinas Pliego insinuó tener doble nacionalidad y cuestionó la prisa de la reforma.
La decisión que sigue es menos visible y pesa igual. La ley reglamentaria dirá cómo se acredita la renuncia, qué documento vale y qué pasa con quien no logre que otro país la acepte a tiempo, y esa ley también la escribirá la mayoría del Congreso.
