ASF suma informantes a la investigación del INE a cambio de reducirles sanciones

Personas involucradas en los contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos electorales locales entregaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, mensajes de WhatsApp y nombres y alias de presuntos participantes, a cambio de que se les reduzcan las sanciones. La ASF informó el 9 de noviembre que, por primera vez, investiga con la colaboración de informantes, que buscan acogerse a su Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones.

El caso, que la Auditoría identifica como «Grupos empresariales relacionados a organismos electorales», se abrió tras publicaciones periodísticas sobre la adjudicación de contratos del INE durante varios años. En su comunicado, la ASF sostuvo que «beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores» y describió tres tipos de participantes: empresas fachada, beneficiarios finales y servidores públicos del INE y de los organismos públicos locales electorales (OPLE).

La Auditoría no nombró a las empresas, a sus dueños ni a los servidores públicos, no dijo cuántas personas se acogieron al programa ni precisó qué contratos, montos o ejercicios revisa. Tampoco aclaró si la información entregada ya derivó en una reducción de sanciones o si sigue en etapa de verificación.

El programa se apoya en los artículos 88 y 89 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que permiten a quien haya cometido una falta administrativa grave, o participe en ella, confesar su responsabilidad ante la autoridad investigadora para obtener una reducción de entre 50 y 70% de la sanción y, en el caso de particulares, de hasta el total de la inhabilitación para contratar con el gobierno.

La investigación ocurre dos semanas después de que Guadalupe Taddei renunciara a la presidencia del INE, el 26 de octubre, y mientras la Cámara de Diputados prepara la convocatoria para elegir a quien la sustituya.

¿Qué investigaciones hay abiertas sobre los contratos del INE?

La ASF es una de cuatro instancias con un frente abierto, junto con el OIC, la UIF y la FGR. El Órgano Interno de Control (OIC) del INE presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) seis denuncias penales contra servidores y exservidores públicos del instituto y empresas, por delitos como uso ilícito de atribuciones, tráfico de influencias y cohecho, sin que el oficio difundido nombre a las personas denunciadas.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó a Taddei y a José Alfredo Hernández Casillas, empresario proveedor del INE, en la Lista de Personas Bloqueadas, una medida que la propia UIF calificó como preventiva y sin determinación de responsabilidad. Proceso reportó que la investigación de la ASF incluye al grupo empresarial que encabeza Hernández Casillas, aunque el comunicado de la Auditoría no lo menciona.

La facultad que permite a la ASF abrir esta investigación es reciente. La reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que la Cámara de Diputados aprobó con 390 votos el 15 de abril y se publicó en el Diario Oficial el 14 de mayo, le permite investigar faltas administrativas graves en cualquier momento, de oficio o por denuncia, sin esperar la revisión de la Cuenta Pública del año correspondiente.

La ASF la ejerce bajo un titular nuevo: Aureliano Hernández Palacios, a quien la Cámara de Diputados eligió el 10 de marzo para el periodo 2026-2034. Hasta hoy no hay imputación judicial contra Taddei ni contra Hernández Casillas, y ninguno de los dos ha respondido en público al comunicado de la Auditoría.

¿Quién gana con un programa que cambia sanciones por información?

El beneficio que ofrece la ASF es administrativo, no penal: los artículos 88 y 89 reducen multas e inhabilitaciones, pero no mencionan delitos ni comprometen a la FGR, que conserva la decisión sobre las denuncias penales. Quien confiese ante la Auditoría reconoce su responsabilidad sin garantía de que esa confesión lo proteja en la vía penal.

La ley premia al primero que habla: solo quien aporte antes que nadie elementos suficientes, y antes de que se notifique a cualquier involucrado el inicio del procedimiento, obtiene la reducción mayor, mientras que los siguientes pueden aspirar a hasta 50% y quien confiese con el procedimiento ya iniciado, a hasta 30%. Con esa regla, la ASF presiona a proveedores y servidores públicos a adelantarse unos a otros, y de ahí que haber hecho público el programa sea también un mensaje a quienes todavía no se acercan.

El control del caso está repartido entre la Auditoría, que depende de la Cámara de Diputados, la UIF y el OIC, y la FGR, que decide si hay imputaciones. Ese reparto define el ritmo de una investigación sobre el árbitro electoral a siete meses de la elección intermedia, con un instituto en presidencia provisional y una bolsa que la Cámara recortó en 6 mil millones.

Lo que la ASF anunció es que tiene informantes; lo que todavía no mostró es quiénes son los señalados ni cuánto dinero está en juego. Las sanciones administrativas las puede reducir la Auditoría, y las responsabilidades penales, si las hay, las decide la Fiscalía.

Hechos clave

• El 9 de noviembre, la ASF informó que informantes le entregaron testimonios, documentos, videos, información financiera y mensajes de WhatsApp sobre contratos del INE y de los OPLE.
• Los informantes buscan acogerse a un programa basado en los artículos 88 y 89 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que reduce entre 50 y 70% las sanciones a quien confiese primero.
• La ASF puede investigar faltas graves en cualquier momento desde la reforma publicada en el Diario Oficial el 14 de mayo.
• El OIC del INE presentó seis denuncias ante la FGR y la UIF bloqueó de forma preventiva a Guadalupe Taddei y a José Alfredo Hernández Casillas.
• Taddei renunció a la presidencia del INE el 26 de octubre; no hay imputación judicial en su contra.