En las brechas que cruzan de Coahuila hacia Nuevo León y Durango, quien vigila un convoy policiaco comete un delito de un lado de la línea estatal y, según el planteamiento del Congreso coahuilense, no del otro. Esa diferencia es la que la presidenta de la Junta de Gobierno, Luz Elena Morales Núñez (PRI), llevó a tribuna el 29 de septiembre con un punto de acuerdo para que las legislaturas de ambos estados analicen incorporar el halconeo a sus códigos penales.
Halconeo es el nombre común de la vigilancia de policías, fiscalías y fuerzas armadas para avisar a grupos delictivos de su ubicación, sus movimientos o sus operativos. El exhorto pide a los congresos vecinos tipificar esa conducta, incluido el uso de radiotransmisores, escáneres o cualquier dispositivo para transmitir movimientos tácticos, y lo hace con la fórmula de respeto a la soberanía de cada entidad, porque un exhorto es un llamado político que no obliga a ninguna legislatura a dictaminar.
Morales presentó el punto de acuerdo junto con diputados del grupo parlamentario del PRI, que en el Congreso local lleva el nombre de Alianza Coahuila, y lo hizo con solicitud de urgente y obvia resolución, la vía que permite votarlo en la misma sesión sin pasar por comisiones. Las versiones difundidas ese día no coinciden en los destinatarios: en entrevista, Morales nombró a Nuevo León y Durango, mientras que otras transcripciones de su discurso suman a Zacatecas como tercer congreso exhortado.
La diputada ubicó el origen de la propuesta en las mesas de seguridad que convoca el gobernador Manolo Jiménez Salinas, donde, dijo en entrevista a medios locales, las corporaciones han expuesto que quienes vigilan desde las zonas limítrofes se desplazan de un estado a otro y aprovechan que las leyes no son iguales, con lo que el problema que describe no está en las ciudades sino en las brechas que conectan a los tres estados.
Coahuila incluyó conductas de halconeo en el Código Penal que publicó el 27 de octubre de 2017, pero en junio de 2019 el Congreso aprobó por unanimidad una reforma enviada por el entonces gobernador Miguel Riquelme Solís, quien argumentó que la redacción original era vaga y no había dado resultados. De ahí salieron dos figuras, el delito contra las funciones de seguridad y justicia y la facilitación de medios para cometer delitos contra la seguridad y la justicia, con penas de cuatro a ocho años de prisión para quien porte o use equipo de espionaje, instale antenas con ese fin u obstaculice el paso de vehículos de seguridad.
La reforma de 2019 alcanza también a quien coloca ponchallantas, las puntas metálicas que se tiran en el camino para detener patrullas, de modo que el catálogo coahuilense abarca tanto la vigilancia como el apoyo material a un ataque contra las corporaciones.
El argumento del vacío en los estados vecinos tiene un antecedente que lo matiza. En marzo de 2013, el Congreso de Durango aprobó el Decreto 470, a partir de una iniciativa del entonces gobernador Jorge Herrera Caldera, para perfeccionar el castigo penal al halconeo, y en su exposición de motivos enumeró a Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y Tamaulipas entre los estados que ya habían legislado sobre esa conducta. Qué parte de ese texto sigue vigente en el Código Penal de Durango es lo que define si el problema es la ausencia del delito o una diferencia de penas y de redacción.
En Nuevo León, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Miguel Ángel Flores, presentó en marzo de 2025 una iniciativa para tipificar el halconeo con penas de siete a 15 años de prisión mediante reformas a los artículos 165 Bis, 192, 192 Bis y 192 Bis 1 del Código Penal estatal, sin que conste un dictamen aprobado. El tema tampoco es nuevo a escala nacional: en diciembre de 2018, la organización Artículo 19 contaba 21 entidades con delitos de este tipo y advertía que su redacción puede alcanzar a periodistas que buscan información sobre operativos.
La decisión no está en Saltillo. Un exhorto de un congreso estatal a otro no tiene fuerza para obligar a dictaminar, de modo que el halconeo entra o no a los códigos de Nuevo León y Durango solo si sus legislaturas abren el tema en comisiones, y al Congreso de Coahuila le queda la parte que sí controla: fijar el diagnóstico de que el riesgo llega desde fuera de sus límites.
Ese diagnóstico se apoya en la cifra que el gobierno estatal usa como carta de presentación. La ENVIPE 2026 del INEGI, publicada el 10 de septiembre, registró que 27.8% de los coahuilenses de 18 años y más considera inseguro vivir en su estado, la proporción más baja del país, frente a 74% en el promedio nacional, y el gobernador Jiménez la presenta como resultado del llamado Modelo Coahuila. Llevar el tema a los congresos vecinos convierte ese dato en una exigencia hacia fuera: si la seguridad se sostiene dentro de Coahuila, lo que queda por cerrar son las leyes de los demás.
El reparto partidista desmiente la lectura de un choque entre gobiernos. Durango está gobernado por el PRI, igual que Coahuila, donde la coalición PRI-UDC ganó los 16 distritos de mayoría el 7 de junio y conservará el control del Congreso en la LXIV Legislatura, que inicia el 1 de enero de 2027, con Morales reelecta por el distrito 13 de Saltillo. Nuevo León, gobernado por Movimiento Ciudadano, tiene la iniciativa de Flores sin dictamen, y ahí el exhorto priista cae sobre una propuesta que ya estaba en la agenda del Congreso local.
Lo que queda pendiente es una comparación que el exhorto no presenta: qué artículos de los códigos de Durango y Nuevo León ya sancionan la vigilancia a corporaciones y con qué penas. Mientras esa tabla no exista, la brecha legal que describe el Congreso de Coahuila es un argumento, y quien decide si se cierra está en Victoria de Durango y en Monterrey.
