Suprema Corte deja en lista la suspensión que impide destituir a Samuel García

Samuel García seguirá, por ahora, a salvo de una destitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía previsto votar el jueves 5 de noviembre si mantiene la protección que impide al Congreso de Nuevo León separarlo del cargo, pero al abrir la sesión se decidió posponer el asunto, sin explicar por qué y sin fijar fecha para retomarlo.

Esa protección es una suspensión, es decir, una orden que congela los efectos de un acto mientras la Corte estudia el fondo del caso. La dictó el 8 de julio la ministra María Estela Ríos González cuando admitió la demanda que el propio gobierno de García presentó contra el juicio político del Congreso, de modo que los diputados pueden seguir con el procedimiento, pero no ejecutar una destitución ni una inhabilitación. Ríos lo precisó el 14 de julio: su decisión «no paraliza el procedimiento de juicio político».

El Congreso pidió revertirla con dos recursos de reclamación, que es la vía para que el Pleno revise la decisión de un solo ministro, y la presidenta de su Mesa Directiva, Itzel Castillo Almanza, pidió además desechar la demanda del gobernador. La ministra Sara Irene Herrerías Guerra, encargada de preparar el proyecto, propone lo contrario: mantener la suspensión. Los dos recursos, 53/2026-CA y 54/2026-CA, estaban en la lista oficial del Pleno para el 5 de noviembre, y la versión taquigráfica de esa sesión registra que se determinó «dejar en lista», fórmula que significa que se aplazan sin resolverse.

Los recursos tampoco aparecen en las listas de sesión del 9 al 12 de noviembre, con lo que la suspensión sigue vigente y la discusión no tiene fecha.

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¿Cómo llegó el juicio político contra Samuel García a la Corte?

El procedimiento empezó con una denuncia que Anabel Alcocer, dirigente estatal de Morena, presentó el 8 de junio. Cuatro días después, la Comisión Anticorrupción del Congreso la aprobó por 6 votos a favor y 1 en contra, de la diputada Sandra Pámanes, de Movimiento Ciudadano. Estuvieron ausentes Mario Soto y Rodrigo Montemayor, de Morena, y Claudia Chapa, del PVEM.

La denuncia acusa una presunta triangulación de cerca de mil millones de pesos hacia despachos ligados a la familia del gobernador, entre ellos Jurídica y Fiscal Abogados S.C., donde su padre sería socio. Hasta hoy no se ha votado ninguna sanción. Para avanzar, el dictamen necesita mayoría calificada en el Pleno del Congreso, 28 de 42 votos, y después lo resolvería el Tribunal Superior de Justicia del estado, que podría imponer destitución o inhabilitación.

El Congreso enfrenta además otro freno: un juez federal concedió un amparo que impide al Pleno emitir el dictamen final, y ese amparo está en revisión ante un tribunal colegiado.

A esto se sumó una denuncia penal. Clara Luz Flores, coordinadora de la Defensa de la Transformación de Morena en Nuevo León, acudió a la Fiscalía General de la República contra García, contra Mariana Rodríguez y contra Samuel Orlando García Mascorro. La denuncia, difundida el 4 de noviembre, señala presuntos desvíos por 7,212 millones de pesos, tomados de una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación, y 110 millones en contratos con empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ninguna autoridad ha resuelto sobre esos señalamientos.

¿Por qué es importante la decisión de la Corte?

La pregunta de fondo es quién tiene la última palabra sobre la permanencia de un gobernador: el Congreso local que lo acusa o la Corte que revisa si ese Congreso puede hacerlo. Mientras el Pleno de la Corte no vote, la decisión práctica queda en manos de la ministra que concedió la suspensión, y con ella el Congreso no puede separar a García aunque lograra los votos.

El reloj también juega. La elección para la gubernatura de Nuevo León es el 6 de junio de 2027, y el periodo de García termina en octubre de ese año, de modo que cada semana sin resolución reduce el tiempo en que una destitución tendría efecto, porque a la suspensión se suman el amparo que frena el dictamen y la mayoría calificada que exige el Pleno local.

Para el Congreso, la vía depende de dos decisiones que no controla: que la Corte revoque la suspensión y que un tribunal colegiado levante el amparo. Para el gobernador, cada aplazamiento mantiene la situación que lo protege, mientras que la denuncia ante la FGR abre un frente penal distinto, que no depende del Congreso ni de esta controversia. Con eso, quién gobierna Nuevo León en el último año del sexenio no lo deciden los diputados que impulsaron el juicio en Monterrey, sino los ministros de la Corte en la Ciudad de México.

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Hechos clave

• El 5 de noviembre la SCJN dejó en lista, sin explicación, los recursos 53/2026-CA y 54/2026-CA del Congreso de Nuevo León.
• Las listas del Pleno del 9 al 12 de noviembre no incluyen esos recursos.
• La suspensión, dictada el 8 de julio por la ministra María Estela Ríos González, impide ejecutar la destitución o la inhabilitación de Samuel García.
• La Comisión Anticorrupción del Congreso aprobó el juicio político el 12 de junio por 6 votos contra 1; el Pleno necesita 28 de 42 votos.
• La elección a la gubernatura de Nuevo León es el 6 de junio de 2027.