En el estado que comparte frontera con Texas y que sostiene el corredor automotriz de Saltillo y Ramos Arizpe, poco más de uno de cada cuatro adultos, el 27.8%, considera inseguro vivir en su entidad, la proporción más baja de las 32 del país según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, que el INEGI publicó el 10 de septiembre. La cifra deja a Coahuila 46.2 puntos por debajo de la media nacional, que fue de 74.0%.
El dato corresponde al levantamiento de febrero a abril de 2026 entre la población de 18 años y más, y coloca a la entidad en el extremo opuesto del Estado de México, con 90.0%, de Morelos, con 88.7%, y de Tabasco, con 87.6%. Un año antes, en la ENVIPE 2025, Coahuila había registrado 37.7% y ocupaba el segundo lugar, detrás de Baja California Sur, así que una baja de 9.9 puntos en un año fue la que le dio el primer sitio.
La frontera coahuilense sale igual en la medición por ciudad. En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de junio de 2026, Piedras Negras, frente a Eagle Pass, fue la segunda de 91 áreas urbanas con menor percepción de inseguridad, con 13.9%, y Saltillo quedó con 16.9%, mientras que a unos 500 kilómetros río abajo, sobre la misma frontera del Noreste, Reynosa registró 86.6% y quedó entre las tres ciudades con la cifra más alta del país.
En un comunicado de prensa, el gobierno de Manolo Jiménez Salinas (PRI) afirmó que la encuesta coloca a Coahuila como "el estado más seguro de todo México" y leyó el dato en sentido inverso, con 71.5% de la población que se siente segura, contra 43.3% en 2021. Esas cifras no aparecen en el comunicado de prensa del INEGI; son la lectura que hace el gobierno estatal de los tabulados de la encuesta.
El mismo comunicado atribuye el resultado al llamado Modelo Coahuila, en el que, según cifras del propio gobierno, se han invertido más de 8 mil millones de pesos, con un presupuesto de más de 4 mil millones para seguridad en 2026 y más de 12 mil elementos de corporaciones federales, estatales y municipales.
La percepción de inseguridad es una opinión: registra cuántos adultos consideran inseguro vivir en su entidad debido a la delincuencia, no cuántos delitos ocurren. Para eso la misma encuesta tiene otros dos indicadores, y en ambos Coahuila queda por debajo de la media nacional, aunque no en el primer lugar.
En 2025 hubo en Coahuila 18,058 víctimas de delito por cada 100 mil habitantes, contra 23,473 a nivel nacional, lo que lo coloca como el quinto estado con menos víctimas, detrás de Chiapas, Veracruz, Zacatecas y Nayarit. En número de delitos, la tasa fue de 19,835 por cada 100 mil habitantes, la segunda más baja después de Chiapas y por debajo de la nacional de 34,442. Coahuila está entre los estados con menos delitos, pero su primer lugar es en percepción, no en victimización.
Los tres indicadores salen de lo que la gente reporta en la encuesta y no de las denuncias, lo que pesa en un país donde el 93.4% de los 33.8 millones de delitos de 2025 no se denunció o no derivó en una carpeta de investigación, la llamada cifra oculta. Por eso la ENVIPE sirve de contraste frente a los registros de las fiscalías estatales.
El mando de la seguridad en Coahuila tiene partido. Jiménez Salinas explicó el resultado como producto de "tres sexenios" de política de seguridad, que en el estado son tres gobiernos del PRI seguidos, el de Rubén Moreira, el de Miguel Riquelme y el suyo, y en esa explicación colocó al empresariado junto a la sociedad civil como socio de la estrategia. La encuesta del INEGI, con eso, se vuelve argumento de continuidad y también carta de presentación ante el capital.
Pero el capital se mueve con otras variables. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, Coahuila captó 380 millones de dólares de inversión extranjera directa en el primer semestre de 2026, la cifra más baja para ese periodo desde 2018 y menos de la mitad de los 845.1 millones del mismo lapso de 2025, mientras que Nuevo León, su vecino, captó 3,712 millones.
La economía del corredor depende de lo que se decide del otro lado de la frontera. General Motors exportó 67,945 vehículos en abril de 2026, 11.1% menos que un año antes, en un entorno de aranceles de Estados Unidos a autos y acero que el gobierno de Coahuila no negocia: esa mesa la llevan la Secretaría de Economía federal y Washington. Saltillo decide cuánto gasta en policías; los aranceles que pesan sobre sus plantas se deciden en Washington.
El primer lugar en percepción es un resultado que el gobierno estatal puede reclamar, con 4 mil millones de pesos de presupuesto propio detrás. La inversión que no llegó en el semestre y las exportaciones que caen en Ramos Arizpe dependen de una negociación en la que Coahuila no tiene asiento. Por eso es primordial para reforzar el sentimieno de inseguridad, conservar la certeza económica y desarrollo industrial del estado.
