El 25 de mayo, Andrés Manuel López Beltrán escribió a la dirigencia de Morena que dejaba la Secretaría de Organización del partido para "regresar a nuestros orígenes" y buscar, por voto popular, la diputación federal del Distrito 6 de Tabasco. Cuatro meses después, el 29 de septiembre, The New York Times publicó que dos agencias de seguridad de Estados Unidos examinan acusaciones sobre presuntos vínculos de López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible, aunque, precisa el mismo diario, no han iniciado investigaciones formales.
El reportaje, firmado por Paulina Villegas, Emiliano Rodríguez Mega, Jack Nicas y Steve Fisher, se sostiene en cinco personas con conocimiento directo de las indagatorias, que hablaron sin dar su nombre. El diario no identifica cuáles son las dos agencias, y López Beltrán no ha sido acusado de ningún delito ni en Estados Unidos ni en México.
El Times añadió un dato que no se conocía: López Beltrán, según tres de esas fuentes, buscó contacto con funcionarios de las fuerzas del orden estadounidenses a través de intermediarios en varias ocasiones este año, sin que las dos partes llegaran a conversaciones formales. El hijo del expresidente ha negado en distintos momentos cualquier relación con el contrabando de combustible; en agosto, cuando confirmó que Washington le había revocado la visa, calificó la medida de "politiquería".
Al día siguiente, en la conferencia matutina del 30 de septiembre, Claudia Sheinbaum pidió leer la nota con cuidado. "Eso no se tiene confirmado, no hay investigación formal", dijo, y cuestionó al diario recordando un reportaje anterior del Times sobre un laboratorio de fentanilo en Culiacán. Sobre la Fiscalía General de la República, respondió que, hasta donde sabe, no investiga a López Beltrán y que, si lo hiciera, tendría que informarlo la propia FGR.
No es la primera vez que la Presidenta se pronuncia sobre ese punto: el 4 de septiembre ya había dicho, con información de la FGR, que ni López Beltrán ni el senador Adán Augusto López eran investigados por huachicol fiscal, el nombre que se da a la importación de combustible declarado como otro producto, por ejemplo aditivos o lubricantes, para no pagar los impuestos que corresponden a gasolina o diésel.
El nombre de López Beltrán apareció en México antes que en Washington. En el expediente de la FGR sobre la red de contrabando de combustible atribuida a los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, exmandos de la Marina, un testimonio menciona al "hijo del presidente", y fueron los abogados de la defensa quienes sostuvieron que esa referencia correspondía a López Beltrán; la Fiscalía no ha establecido públicamente ninguna responsabilidad suya en esos hechos.
Junto a su nombre circula el de Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño cercano a los hijos del expresidente, quien adquirió en 2023 dos departamentos en Puerto Cancún por más de 31 millones de pesos, como reveló la revista Proceso. La FGR ha informado que no existe orden de aprehensión contra López Beltrán ni contra Olán.
La revocación de la visa, en agosto, fue la primera señal desde Estados Unidos. Washington no explicó el motivo, porque su política es no comentar esas decisiones, y López Beltrán respondió con una carta pública a Donald Trump en la que pidió destituir al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau. Sheinbaum lo respaldó entonces y sugirió que la medida buscaba interferir en asuntos internos de México.
López Beltrán es, hasta ahora, aspirante y no candidato: en julio, el dirigente estatal de Morena en Tabasco, Jesús Selván García, informó que era el único registrado para la diputación del Distrito 6, con cabecera en Villahermosa y que abarca Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa. Una curul le daría fuero, la protección constitucional que impide procesar penalmente a un legislador sin que antes la Cámara de Diputados lo autorice, de modo que cada señalamiento sobre él se lee también en clave de esa candidatura.
La decisión sobre su candidatura la tiene Morena, y el reportaje no cambia las reglas del proceso interno: no hay acusación, no hay orden de aprehensión y no hay investigación de la FGR reconocida. Lo que cambia es el costo político para un partido que tendría que defender en la boleta a alguien sobre quien un gobierno extranjero, sin explicarse, ya tomó una decisión, la de la visa, y cuyas agencias, según el diario, revisan su nombre.
Del otro lado, Washington decide sin rendir cuentas en público: retira una visa sin dar razones y deja que la información llegue por medio de fuentes anónimas, mientras México y Estados Unidos están en plena revisión del T-MEC. No hay evidencia pública de que un tema esté atado al otro, pero el calendario coincide, y el gobierno de Sheinbaum ya había leído la revocación de la visa como una forma de presión sobre la política interna.
Entre lo que el Times reporta y lo que está probado queda una distancia que ninguna de las partes ha cerrado: las agencias examinan, pero no investigan formalmente; la Fiscalía, según la Presidenta, no investiga; y el aspirante sigue en Tabasco, con su nombre en el expediente de otros y sin una acusación propia que responder.
