La información fiscal del SAT, los registros de la Agencia Nacional de Aduanas y los sistemas de CFE, Pemex, IMSS, ISSSTE y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México operarían, total o parcialmente, sobre tecnología de Huawei o estarían por migrar a ella. Según una serie de dos entregas que el medio Código Magenta publicó la semana pasada a partir de grabaciones de un directivo de la empresa china, la competencia entre Washington y Beijing en México dejó de ser una discusión sobre antenas y pasó a ser una sobre quién guarda y quién puede leer los datos del Estado. Al 25 de septiembre, Lo Político no localizó una respuesta pública de la Presidencia, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones ni de Huawei México a esos señalamientos.
El eje de la investigación es José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la dependencia que concentra la política digital del gobierno federal. De acuerdo con Código Magenta, Ross Zhao, responsable comercial de la filial mexicana de Huawei, afirma en los audios que la empresa comenzó a trabajar con la agencia digital de la Ciudad de México cuando Peña Merino la encabezaba, y que ejecutivos de Huawei redactaron el llamado "Contrato Macro" de servicios tecnológicos para las dependencias federales, lo que, de confirmarse, significaría que el proveedor escribió las reglas de la licitación en la que compite.
En una de las grabaciones, fechada por el medio en una reunión de negocios de 2026, Zhao se presenta así: "Soy el número uno en el sector público", y enumera como clientes al IMSS, al SAT, a la aduana, a Conagua y al sector salud, además de asegurar que en los gobiernos estatales ocurre lo mismo. Código Magenta atribuye el origen de esos audios a un expediente obtenido por agencias de inteligencia, sin precisar cuáles.
La serie describe además un esquema de operación a través de integradores de bajo perfil: un asistente de Zhao, identificado como Wayloung Andy Leung, menciona a XWeb, propiedad del empresario Javier Ruiz y socio certificado de Huawei, y a una firma identificada como CBA, que concentraría la mayoría de los contratos. La primera entrega del medio dirigido por Ramón Alberto Garza, titulada "Alerta en Washington", sostiene que el nombramiento de Héctor Alonso Romero Gutiérrez como titular de la Agencia Nacional de Aduanas el 1 de abril, un funcionario que provenía de la ATDT, fue la pieza que abrió la aduana a esa transformación digital.
Los textos de Código Magenta hablan también de cuatro centros de datos de Huawei en territorio mexicano, un dato que la propia empresa ha difundido en sus canales oficiales y que permite separar lo que depende de las grabaciones de lo que es público y verificable, que es por donde conviene empezar.
El registro público muestra que la relación de Huawei con gobiernos estatales antecede a la administración de Claudia Sheinbaum y cruza partidos. En junio de 2021, el entonces gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, del PAN, firmó con Maximiliano Wang, vicepresidente de Huawei Enterprise México, un convenio marco de colaboración que abarcaba los seis ejes de su gobierno, incluido el de Justicia y Paz Social, donde el propio gobierno estatal anunció que se buscaría mejorar la interconexión entre sus instituciones de seguridad, con lo que la seguridad pública de un estado del Bajío quedó dentro de la agenda de trabajo con la empresa.
En Yucatán, el gobierno de Joaquín Díaz Mena, de Morena, arrancó en abril de 2025 la segunda fase del proyecto Tech4Nature junto con Huawei y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, un programa de monitoreo tecnológico de ecosistemas centrado en la protección del jaguar. En Oaxaca, la Secretaría de Desarrollo Económico firmó en mayo de 2026 un convenio con Huawei México, con participación del Tecnológico de Oaxaca, para capacitación en redes, nube e inteligencia artificial, según informó la propia institución educativa.
Huawei Cloud, la división de nube de la empresa, comenzó a dar servicio público en México en 2019. Una nube pública es, en lenguaje llano, un conjunto de servidores de un proveedor en los que empresas y gobiernos rentan capacidad para guardar y procesar su información, en lugar de comprar y mantener equipos propios. En noviembre de 2024, la empresa informó que había invertido más de 1,300 millones de pesos en centros de datos en el país desde 2019 y que atendía a más de mil clientes.
La cuenta oficial de Huawei México ha difundido que opera cuatro centros de datos, ubicados en Tepotzotlán, Ixtlahuaca, Tultitlán y Cuajimalpa, además de una plataforma de servicio técnico en Querétaro y un centro de proveedores en Guadalajara que la empresa anunció en 2021. Telmex, la empresa de Carlos Slim, revende la nube de Huawei a sus clientes corporativos, con lo que la tecnología china también llega a empresas mexicanas bajo la factura de un proveedor nacional.
En el terreno de la formación, Huawei mantiene el programa AI 1000 con Infotec, un centro público de investigación del gobierno federal, para capacitar a más de mil desarrolladores, un laboratorio de inteligencia artificial con la UNAM y convenios con más de 30 universidades, entre ellas la IBERO Puebla. La presencia de Huawei en México no se reduce a teléfonos: incluye centros de datos, nube para gobierno y empresas, y la formación de los técnicos que operarán esos sistemas.
La explicación de por qué Huawei apostó el desarrollo de sus operaciones en México, la da el propio Zhao en los audios que cita Código Magenta: la filial mexicana superaba los 2 mil millones de dólares de ingresos y hoy está en aproximadamente la mitad, una caída que el directivo atribuye al veto que el gobierno de Estados Unidos impuso a la empresa en 2019. Ese veto cortó el acceso de Huawei a la mayoría de los procesadores estadounidenses y a los servicios de Google en sus teléfonos, de modo que el negocio de consumo, el más visible, dejó de ser rentable en mercados como el mexicano.
El negocio de gobierno y empresas funciona con otra lógica, porque no depende de que un consumidor elija un teléfono sin las aplicaciones a las que está acostumbrado, sino de que un funcionario elija un proveedor de servidores, redes o nube, una decisión en la que el precio pesa y en la que Huawei compite con Google, Cisco, Dell, Microsoft y Amazon, según la lista del propio Zhao. El giro hacia el sector público no fue una decisión ideológica de la empresa: fue la salida comercial a las sanciones, y México, por tamaño y por cercanía con Estados Unidos, es una de las plazas donde esa salida vale más.
La disputa tiene un antecedente documentado en la Red Compartida, la red mayorista de telefonía móvil 4G que opera la empresa Altan Redes bajo un contrato con el Estado mexicano. En 2019, una investigación de la agencia Reuters reveló que Altan repartió la instalación de equipos entre dos proveedores: Nokia en la franja fronteriza con Estados Unidos y Huawei en el centro y el sur del país, después de que el Departamento de Estado se reuniera a finales de 2016 con el Instituto Federal de Telecomunicaciones para exponer su preocupación por la participación de Huawei, sobre todo en la frontera. Altan defendió el reparto como una forma de evitar la dependencia exclusiva de un solo proveedor.
La línea no se sostuvo del todo, porque Huawei terminó trabajando en Tampico, Torreón y Culiacán, tres ciudades del norte que Altan había anunciado para Nokia, de acuerdo con la misma investigación. Desde 2016, Washington ya había marcado en qué parte del territorio mexicano no quería equipos de Huawei, con lo que la discusión de hoy sobre el SAT y la aduana es la continuación de esa frontera tecnológica, trasladada de las antenas a los datos.
La preocupación de Estados Unidos descansa en un texto legal concreto: el artículo 7 de la Ley de Inteligencia Nacional de China, vigente desde junio de 2017, establece que toda organización y todo ciudadano deben apoyar, asistir y cooperar con el trabajo de inteligencia del Estado y guardar el secreto de lo que conozcan de ese trabajo. Huawei ha declarado que nunca se ha identificado una puerta trasera en sus equipos, es decir, un acceso oculto que permita extraer información sin que el cliente lo sepa, y que no atendería solicitudes de inteligencia del Partido Comunista.
El 9 de septiembre de este año comenzó en la corte federal de Brooklyn, Nueva York, ante la jueza Ann Donnelly, el juicio penal contra Huawei y tres de sus subsidiarias, más de ocho años después de la acusación original de 2018, ampliada en 2020. La fiscalía presenta 12 cargos que incluyen conspiración para el robo de secretos comerciales de empresas estadounidenses, fraude bancario y violación de sanciones contra Irán; el fiscal Taylor Stout resumió su caso ante el jurado en tres palabras: "robo, mentiras, encubrimiento". La defensa de Huawei ha argumentado que las acusaciones son vagas y que pretenden extender la autoridad estadounidense fuera de su territorio.
El calendario cruza con el mexicano: el juicio se abrió días antes de la visita anunciada de Xi Jinping a Washington y, según Código Magenta, a días de que arranquen las negociaciones del T-MEC. El 23 de septiembre, en su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum dijo que asistirá en noviembre a la cumbre de APEC en China, foro que México recibirá en 2028. La publicación de las grabaciones coincide con el momento en que Estados Unidos juzga a Huawei y negocia con México las reglas del comercio regional, y quien filtró los audios, según la propia versión de Código Magenta, fue "un aparato de inteligencia", lo que convierte la filtración en una pieza más de esa negociación.
El mecanismo legal que preocupa en el caso chino tiene su equivalente en Estados Unidos. La CLOUD Act, promulgada el 23 de marzo de 2018, permite a las autoridades estadounidenses obligar a las empresas de ese país a entregar datos bajo su control, sin importar en qué país estén almacenados. Waze, propiedad de Google desde 2013, conoce los trayectos diarios de millones de mexicanos, incluidos funcionarios, policías y militares, y Meta conoce sus contactos, conversaciones y ubicaciones, de modo que la pregunta de a qué gobierno responde una empresa aplica también a las plataformas que se usan todos los días.
Los datos de consumo no son inocuos para la seguridad de un país: en enero de 2018, el mapa de calor de la aplicación deportiva Strava, que mostraba las rutas de sus usuarios, permitió identificar la ubicación y el trazo interior de bases militares de Estados Unidos en Afganistán, Irak y Siria, porque los soldados corrían con la aplicación encendida. Y el caso Huawei tampoco es exclusivo de México: en julio de 2025 se conoció que el gobierno de España adjudicó a Huawei contratos por 12.3 millones de euros para almacenar las escuchas telefónicas ordenadas por jueces, lo que llevó a los comités de inteligencia del Congreso de Estados Unidos a pedir que se revisara la relación con los servicios de inteligencia españoles.
Aun con ese paralelismo, el riesgo no es idéntico, y la diferencia está en tres puntos. El primero es el tipo de dato: una aplicación reúne información personal de usuarios, mientras que un proveedor del SAT, la aduana o la CFE administra datos del Estado, como la recaudación, el flujo de mercancías con Estados Unidos y Canadá o la operación de la red eléctrica. El segundo es la capacidad de operar, porque quien administra la infraestructura no solo puede leer la información, sino degradar o detener el servicio, algo que una aplicación no puede hacer. El tercero es la posición de México, que comparte frontera, tratado comercial y esquema de seguridad con Estados Unidos, de modo que depender de un proveedor al que Washington acusa en tribunales tiene un costo comercial y diplomático que no tiene usar Waze.
Hay un cuarto punto que el debate suele omitir: ninguna de las dos jurisdicciones le da al gobierno mexicano control sobre los datos que guardan esas empresas. El riesgo no depende solo de la nacionalidad del proveedor, sino de quién tiene autoridad legal sobre los datos y quién puede operar el sistema, y en ambos casos la respuesta está fuera de México.
La Ley de Seguridad Nacional, en la fracción XII de su artículo 5, define como amenaza los actos que buscan destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para prestar bienes y servicios públicos. El texto está pensado para el sabotaje físico, no para el caso de un proveedor contratado de manera legal que almacena u opera datos del Estado bajo la ley de otro país. En la Cámara de Diputados existe una iniciativa para añadir una fracción XIV que castigue el acceso, la copia o la extracción no autorizada de bases de datos poblacionales del Estado.
Lo Político no localizó un mecanismo público mexicano que evalúe a los proveedores de infraestructura digital del gobierno según su origen o según la ley a la que están sujetos, como los que Estados Unidos y la Unión Europea aplican a sus redes de telecomunicaciones. Mientras no exista, la decisión de quién opera los sistemas del SAT o de la aduana se toma como una compra administrativa, con criterios de precio y capacidad técnica, y no como una decisión de seguridad nacional.
La decisión está concentrada. La ATDT centraliza la política digital del gobierno federal y, según las grabaciones, la definición del contrato marco de servicios tecnológicos, una concentración que se justifica por ahorro y orden pero que convierte a una sola oficina en la llave de la infraestructura digital de dependencias que manejan impuestos, energía, salud y comercio exterior. Si la versión de las grabaciones es cierta, esa llave se negoció con un proveedor que ayudó a redactar las condiciones del contrato; si no lo es, el gobierno tiene la documentación para desmentirla, algo que hasta el momento no ha realizado.
Los beneficios se reparten de manera visible. Huawei recupera en el sector público el mercado que perdió en consumo por las sanciones; los integradores locales cobran por instalar y operar; y el gobierno obtiene tecnología a un precio menor que el de sus competidores estadounidenses. El costo, en cambio, no lo paga quien firma el contrato, sino el Estado como titular de los datos y la relación comercial con Estados Unidos, que llega a la revisión del T-MEC con un expediente más sobre la mesa.
Del otro lado, a Washington le sirve que el tema aparezca ahora, mientras juzga a Huawei en Brooklyn y negocia con México, y a los gobiernos estatales que firmaron convenios de capacitación les conviene que la discusión se quede en el plano federal. La pregunta que ninguna de las partes responde es la que importa para México: quién decide qué proveedor guarda las llaves de los sistemas del Estado, con qué reglas y ante quién rinde cuentas, porque hoy esa decisión la toma una oficina de compras y no una política de seguridad nacional.
