La revisión del T-MEC es el procedimiento que fija el artículo 34.7 del tratado para que México, Estados Unidos y Canadá evalúen cómo funciona el acuerdo y decidan si lo prolongan, de modo que si los tres jefes de gobierno confirman por escrito que quieren seguir, la vigencia se extiende 16 años, y si uno no lo hace, el tratado continúa pero pasa a revisarse cada año. La primera revisión conjunta se celebró el 1 de julio de 2026 y Estados Unidos no confirmó la extensión, por lo que el T-MEC quedó en un ciclo de revisiones anuales con vigencia hasta 2036.
La revisión la conduce la Comisión de Libre Comercio, integrada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), la Secretaría de Economía de México y el ministerio canadiense a cargo del comercio exterior. Según el texto del tratado, en el sexto aniversario de su entrada en vigor la Comisión se reúne para revisar el funcionamiento del acuerdo y las recomendaciones de cada parte, que deben presentarse al menos un mes antes de la reunión, y para decidir las medidas que correspondan.
Si los tres gobiernos confirman la prórroga, el tratado se extiende 16 años y la siguiente revisión llega seis años después. Si al menos uno no la confirma, como ocurrió el 1 de julio, la Comisión debe reunirse cada año durante el resto de la vigencia, y en cualquier momento de ese periodo los tres pueden extender el tratado otros 16 años con una confirmación por escrito de sus jefes de gobierno. Si al llegar a 2036 no existe esa confirmación unánime, el tratado termina.
Ese vencimiento es distinto del retiro. El artículo 34.6 permite que cualquiera de los tres países abandone el acuerdo en cualquier momento con una notificación por escrito, que surte efecto seis meses después, y ninguno lo ha hecho, lo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, usó el 1 de julio como argumento: si Estados Unidos quisiera salir, dijo, ya lo habría notificado.
El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 en sustitución del TLCAN, con una vigencia inicial de 16 años. El proceso formal rumbo a la primera revisión arrancó el 17 de septiembre de 2025 con consultas públicas, es decir, convocatorias para que empresas, sindicatos, organizaciones y ciudadanos opinaran sobre el funcionamiento del acuerdo: en Estados Unidos, la USTR las abrió por mandato de su ley de implementación del tratado, y en México la Secretaría de Economía publicó ese mismo día su convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, sin obligación legal de hacerlo.
Canadá tampoco está obligado por ley a consultar, y su cancillería había lanzado un ejercicio similar en 2024. Con esos insumos, cada gobierno armó su posición para la reunión de julio, mientras que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) planteó en septiembre de 2025 al menos cuatro escenarios, entre ellos la extensión hasta 2042 con una nueva revisión en 2032 y una renegociación que abriera capítulos del tratado, un camino que, según el mismo análisis, obligaría a la administración de Donald Trump a obtener una nueva autorización para iniciar pláticas formales.
El escenario que se materializó fue el de las revisiones anuales. La oficina del representante comercial Jamieson Greer informó que el tratado no se renueva en su forma actual, aunque permanece vigente hasta que se resuelvan las deficiencias que identificó Washington o hasta su eventual terminación, y Ebrard explicó que Estados Unidos redujo de 54 a 14 sus temas abiertos, mientras que México llevó 13 planteamientos propios, entre ellos la eliminación de los aranceles de la Sección 232 al acero, el aluminio y el sector automotriz.
La regla del artículo 34.7 exige unanimidad para prorrogar, con lo que cualquiera de los tres gobiernos puede frenar la extensión con solo no confirmarla, y de ahí que la prórroga deje de ser un trámite para convertirse en moneda de cambio. El 1 de julio, quien usó esa facultad fue Estados Unidos, mientras que México y Canadá se pronunciaron a favor de extender el tratado 16 años.
El ciclo anual le da a Washington una palanca de presión recurrente, porque cada revisión se vuelve una oportunidad de pedir concesiones a México y Canadá, como lo leyó el análisis de Investing.com el mismo 1 de julio. No existe, además, fecha límite para concluir la revisión, que puede prolongarse año con año hasta 2036, de modo que el reto mexicano es que las revisiones anuales no se conviertan en una renegociación permanente, según el análisis del despacho Holland & Knight.
Lo que está en juego es la certidumbre para quien invierte. Mientras el tratado siga vigente, sus preferencias arancelarias, reglas de origen y mecanismos de solución de controversias se aplican igual que antes, pero cada año sin prórroga es un año en que las empresas exportadoras planean sin saber qué reglas habrá después de la siguiente revisión.
Hay un matiz que ordena la cobertura de coyuntura: los aranceles al acero, el aluminio y los autos no salen del T-MEC, sino de la Sección 232, una ley estadounidense que permite al presidente imponer gravámenes por razones de seguridad nacional. Por eso México los negocia en un carril propio con Washington, y por eso un acuerdo arancelario puede cerrarse antes de que se resuelva la prórroga del tratado, o sin que llegue a resolverse.
