Las aerolíneas mexicanas pueden volver a pedir rutas y frecuencias nuevas hacia Estados Unidos desde los dos aeropuertos de la capital. El Departamento de Transporte estadounidense (DOT) revocó ayer, con efecto inmediato, la Orden 213-2, que desde finales de octubre de 2025 restringía dos operaciones existentes, once propuestas y cualquier operación futura de transportistas mexicanos desde el AICM y el AIFA, informaron la SRE y la SICT en un comunicado conjunto.
El gobierno mexicano no detalló qué entregó a cambio. El comunicado atribuye la decisión a que México "ha avanzado en los compromisos acordados" en un grupo de trabajo bilateral instalado en mayo, cuya agenda incluye el seguimiento al sistema aeroportuario metropolitano, el acceso a la infraestructura del AICM y del AIFA y la revisión de las medidas regulatorias que Washington mantenía contra México, sin precisar cuáles de esos compromisos se cumplieron ni en qué términos.
Lo que sí consta es el punto de partida del acuerdo: en mayo, ambos gobiernos pactaron mejorar el acceso de las aerolíneas estadounidenses a los slots del AICM, es decir, a los horarios asignados para aterrizar y despegar, y avanzar hacia una asignación más transparente de esos horarios, que era la queja central de Estados Unidos desde 2022.
La revocación no abre rutas por sí misma, porque cada servicio nuevo depende de la decisión comercial de cada aerolínea y de los trámites para operarlo, de modo que hasta ahora ninguna empresa ha anunciado vuelos concretos. Aeroméxico y Viva respaldaron públicamente la decisión del DOT.
Queda por confirmar en el texto oficial de la orden si Estados Unidos conserva condiciones sobre la operación de las aerolíneas mexicanas, como la entrega anticipada de itinerarios, y si otras órdenes vinculadas a la disputa, entre ellas la relacionada con la carga, siguen vigentes.
La disputa nació de dos decisiones del sexenio anterior para descongestionar el AICM y llevar operaciones al AIFA. En 2022, la SICT redujo las operaciones por hora en el aeropuerto Benito Juárez de 61 a 52 y después a 43, de acuerdo con la carta que la Subsecretaría de Transporte envió al DOT el 4 de marzo de 2024, en la que México defendió el recorte como una medida temporal de seguridad que respetaría los horarios históricos de cada aerolínea.
La segunda decisión fue el decreto de 2023 que obligó a trasladar las operaciones de carga del AICM, con lo que las empresas de carga estadounidenses tuvieron que mover sus vuelos de carga fuera del aeropuerto capitalino. Washington sostuvo que ambas medidas violaban el acuerdo bilateral de transporte aéreo de 2015 y distorsionaban la competencia a favor de las aerolíneas mexicanas, mientras que la SICT las presentó como medidas técnicas de seguridad y eficiencia.
La respuesta llegó a finales de octubre de 2025, cuando el secretario de Transporte, Sean Duffy, prohibió a Aeroméxico, Volaris y Viva abrir rutas o aumentar frecuencias hacia Estados Unidos desde el AICM y el AIFA "hasta nuevo aviso", bloqueó once rutas planeadas, dos desde el AICM y nueve desde el AIFA, y retiró a partir del 7 de noviembre de 2025 la autorización a los vuelos de Aeroméxico del AIFA a Houston y McAllen. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió entonces que el AIFA "está funcionando bien y no hay razón para que se limiten los vuelos".
El DOT usó el permiso de rutas como palanca de negociación y la palanca funcionó, porque en siete meses consiguió que el gobierno mexicano abriera una mesa sobre los horarios del AICM, el activo que México había administrado por decisión propia desde 2022 y que ahora revisa bajo una agenda pactada con Washington. Las aerolíneas estadounidenses ganan acceso a horarios del AICM, y las mexicanas recuperan la posibilidad de crecer hacia Estados Unidos desde la capital.
Para el AIFA, la decisión reabre la posibilidad de sumar destinos en Estados Unidos, incluida la recuperación de las rutas a Houston y McAllen, aunque esa posibilidad depende de que las aerolíneas decidan programar vuelos ahí y no en el AICM, donde la demanda ya existe.
La pregunta que el comunicado deja abierta es la del costo. México defendió desde 2022 que el recorte de slots era una decisión técnica de seguridad, y la salida del conflicto pasó por un compromiso de "asignación más transparente" de esos mismos horarios, con lo que la política aeroportuaria de la capital quedó sujeta a una revisión bilateral cuyos términos no se han hecho públicos. Mientras la SICT y la SRE no publiquen los compromisos, no hay forma de medir cuánto mando conservó México sobre su propio aeropuerto.
