Violencia política de género: ¿agresión, censura o estupidez?

"Es mujer, es joven, pero es profundamente inteligente". Con esa frase el senador de Morena por Tabasco Óscar Cantón Zetina se refirió ayer a la secretaria de Energía, Luz Elena González, durante su comparecencia ante la Comisión de Energía del Senado, en palabras recogidas por la prensa. La conjunción "pero" coloca la inteligencia de la funcionaria como una excepción a su condición de mujer, y con ello se suma a una lista de frases de políticos mexicanos que condicionan la capacidad de una mujer en el cargo a su género.

La lista tiene antecedentes en todos los partidos. El 5 de abril de 2025, en un acto oficial, el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que "Yeraldine era una meserita de una lonchería de Dimas", en alusión a Yeraldine Bonilla Valverde, expresidenta del Congreso local que llegó a su curul por la tómbola de Morena. En octubre de 2025, cuando la nombró secretaria general de Gobierno, Rocha ofreció una disculpa: "Si en ese momento utilicé una descripción que pudo resultar polémica y fuera de lugar, dejo una disculpa". Tras la licencia de Rocha en mayo de 2026, Bonilla quedó al frente del gobierno estatal para meses después abandonbar el cargo de manera definitiva.

En febrero de 2006, durante una gira en Mazatlán, el entonces presidente Vicente Fox afirmó que 75% de las familias tenía lavadora, "no de dos patas o de dos piernas, sino metálica". La diputada Margarita Martínez Díaz, de la Comisión de Equidad y Género, le exigió una disculpa, que Fox ofreció en televisión sin dejar de sostener que no quiso ofender. El 25 de noviembre de 2023, ya como expresidente, Fox republicó en X un mensaje que llamaba "dama de compañía" a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, quien respondió: "No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer".

Ese último caso llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero no como violencia política. La Sala Superior resolvió en diciembre de 2023 que no había materia electoral porque Rodríguez no era precandidata ni ocupaba un cargo de elección, de modo que se trataba de "publicaciones emitidas por un ciudadano y dirigidas hacia otra ciudadana", y el asunto pasó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). La frase pudo ser discriminatoria y aun así quedar fuera del concepto, porque la ley protege el ejercicio de derechos políticos, no cualquier agravio contra una mujer.

Del otro lado del registro aparecen sanciones que no recayeron sobre políticos sino sobre quienes los critican: una ciudadana obligada a disculparse 30 días en redes, un columnista y su periódico inscritos cuatro años en un padrón de agresores, y un cartonista sancionado por un dibujo. Las dos listas usan la misma figura jurídica, y la discusión de fondo es si se aplica para lo que fue diseñada.

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¿Qué es la violencia política en razón de género según la ley?

La violencia política contra las mujeres en razón de género (VPG) entró a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020. El artículo 20 Bis la define como "toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género", que tenga por objeto o resultado limitar o anular los derechos político-electorales de una mujer o el ejercicio de su cargo, y el 20 Ter enumera 22 conductas que la configuran.

El elemento que separa la VPG de cualquier otra agresión está en el mismo artículo: las acciones se basan en elementos de género cuando se dirigen a una mujer "por su condición de mujer", le afectan desproporcionadamente o tienen un impacto diferenciado en ella. La ley admite como responsables a servidores públicos, partidos, medios de comunicación y particulares, lo que explica que periodistas y usuarios de redes puedan ser denunciados.

Antes de la reforma, el TEPJF ya había fijado la prueba en la jurisprudencia 21/2018, que exige cinco elementos simultáneos: que la conducta ocurra en el ejercicio de derechos político-electorales o de un cargo; que la cometa el Estado, colegas, partidos, medios o particulares; que sea simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual o psicológica; que busque o logre menoscabar esos derechos, y que se base en elementos de género. Si falta uno, no hay VPG.

Las sanciones van desde multas, disculpas públicas y cursos hasta la inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas del Instituto Nacional Electoral (INE), que con corte al 11 de septiembre sumaba 508 registros de 465 personas, 386 hombres y 79 mujeres, de acuerdo con los datos del INE difundidos el 26 de septiembre. Oaxaca concentra 126 registros.

¿Cuándo se ha usado la VPG para frenar la crítica?

El caso que fijó el debate fue el de Karla María Estrella. En febrero de 2024 publicó en X que la diputada del PT Diana Karina Barreras había obtenido su candidatura gracias a su esposo, el diputado Sergio Gutiérrez Luna. La Sala Regional Especializada del TEPJF la sancionó con multa, cursos, 18 meses en el registro y una disculpa diaria durante 30 días en la que debía referirse a la legisladora como "Dato Protegido". El 17 de julio de 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la medida de "exceso", y dos días después Barreras pidió al tribunal reconsiderarla. Estrella terminó las disculpas en agosto de 2025.

En Tamaulipas, el columnista Héctor de Mauleón publicó el 1 de mayo de 2025 en El Universal un texto sobre una red de huachicol, el contrabando de combustible, atribuida a Juan Carlos Madero, cuñado de Tania Gisela Contreras López, exconsejera jurídica del gobierno estatal y hoy presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del estado. El Instituto Electoral de Tamaulipas impuso el 20 de junio de 2025 al periodista y al diario multa, disculpa, retiro de la columna y cuatro años en el registro. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) calificó el caso, junto con el del reportero veracruzano Arturo Ángel Arellano, como "acoso judicial".

En Jalisco, el Tribunal Electoral local sancionó el 31 de agosto al cartonista de Mural Paco Navarrete por un cartón sobre la diputada de Morena Itzul Barrera; la Sala Regional Guadalajara confirmó en septiembre y revocó la disculpa el 28 de octubre, después de que la denunciante se desistió. En sentido inverso, la Sala Superior resolvió el 12 de agosto que el periodista de Radio Teocelo Élfego Riveros no cometió VPG contra la diputada Mara Chama, con lo que revocó las resoluciones del tribunal de Veracruz y de la Sala Xalapa.

El patrón que comparten estos expedientes es que la crítica señalaba un posible nepotismo, una red familiar o un desempeño en el cargo, y que la denuncia la presentó una mujer con poder público contra quien la cuestionaba. La organización Artículo 19 ha descrito ese uso como un "arma de censura", y la contradicción quedó expuesta cuando la propia Presidenta y la diputada denunciante pidieron moderar una sanción que el tribunal ya había dictado.

¿Por qué es importante distinguir cuándo sí y cuándo no?

Porque el concepto existe para proteger el acceso de las mujeres al poder, y cada uso que lo convierte en escudo contra la rendición de cuentas le resta fuerza frente a los casos que sí lo son. El propio TEPJF fijó la frontera desde 2018: en el expediente SUP-REP-617/2018 sostuvo que los límites de la crítica hacia personas con actividad pública "son más amplios", que una expresión "insidiosa, ofensiva o agresiva" no basta para acreditar VPG y que los señalamientos dirigidos a la función de una servidora pública no la constituyen, porque presumir lo contrario "podría subestimar a las mujeres".

Con esos criterios, la prueba práctica es preguntar si la frase funcionaría igual dirigida a un hombre. "Es mujer, pero inteligente", "era una meserita" o "lavadoras de dos patas" no cuestionan una decisión ni un resultado: ponen en duda la capacidad por el hecho de ser mujer, y ese es el núcleo que la ley describe. En cambio, decir que una legisladora llegó a la candidatura por su esposo, que la familia de una magistrada aparece en una investigación o que una diputada vota de cierta manera es una afirmación sobre conducta y poder que puede ser falsa o difamatoria, para lo cual existen otras vías legales, pero que se aplicaría igual a un político hombre.

La zona gris existe y los tribunales la recorren con criterios cambiantes. El caso de Gerardo Fernández Noroña y la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, lo muestra: el Tribunal Electoral de Michoacán declaró VPG en julio, la Sala Toluca le ordenó revisar primero el fuero parlamentario y el 10 de octubre el tribunal, por cuatro votos contra uno, dejó sin efecto las sanciones y remitió el asunto al Senado. Quiroz respondió que eso equivale a "mandar el expediente a casa del agresor". Ahí la discusión ya no es si hubo agresión, sino quién tiene la última palabra sobre un legislador.

La lectura de poder es que la figura se aplica con más facilidad contra quien no tiene fuero ni estructura, como una ciudadana en redes, un cartonista o un medio local, que contra senadores y gobernadores, cuyas frases rara vez pasan de una disculpa. La frase de Cantón Zetina se dijo en una sesión legislativa, el espacio donde la inviolabilidad parlamentaria protege lo que se dice, de modo que la consecuencia que enfrente dependerá menos de la ley que de la decisión de su bancada.

Hechos clave

• El 12 de noviembre, el senador Óscar Cantón Zetina (Morena) dijo de la secretaria de Energía, Luz Elena González: "Es mujer, es joven, pero es profundamente inteligente".
• La VPG se incorporó a la ley general de acceso de las mujeres el 13 de abril de 2020; la jurisprudencia 21/2018 del TEPJF exige cinco elementos simultáneos para acreditarla.
• Al 11 de septiembre, el registro del INE sumaba 508 inscripciones de 465 personas sancionadas por VPG.
• En diciembre de 2023, el TEPJF resolvió que el mensaje de Vicente Fox contra Mariana Rodríguez no era materia electoral porque ella no ocupaba cargo ni candidatura.
• Karla Estrella, Héctor de Mauleón y Paco Navarrete fueron sancionados por VPG tras criticar a mujeres con cargo o candidatura; el CPJ y Artículo 19 lo han señalado como acoso judicial y censura.