Gerardo OlveraEn un juicio, la palabra de un narco vale lo que el fiscal esté dispuesto a rebajarle de condena. Por eso, desde que «Narcocracia» —el libro de Anabel Hernández construido sobre el testimonio de Sergio Villarreal Barragán, «El Grande»— salió a la venta, el país discute lo de siempre: si un criminal que habla a cambio de beneficios dice la verdad cuando señala a la clase política. Es una discusión legítima y, a la vez, una distracción. Mientras este debate se libra entre el círculo rojo, más de 130,000 personas siguen desaparecidas y no localizadas en México; más de 72,000 cuerpos permanecen sin identificar en morgues, fosas y servicios forenses, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y los recuentos de la crisis forense de 2026.
Esa es la otra verdad: la que no le rebaja la pena a nadie y a miles de familias les falta. La que verdaderamente importa para cientos de miles de familias mexicanas para quien resulta irrelevante saber quien fue el presidente municipal, policía o ex presidente que extendió la mano al capo criminal.
Para atender a esta necesidad urgente, existe una herramienta con nombre propio, la comisión de la verdad. No es un tribunal y no manda a nadie a la cárcel; es un mecanismo oficial y temporal que tiene como objetivo investigar los crímenes que quedaron impunes o tapados por la versión oficial, reconstruye lo que pasó, lo reconoce en voz alta y ordena reparar a las víctimas. Dicho en simple: es el lugar donde el Estado admite lo que negó y ayuda a las familias a encontrar a los suyos. si aceptamos la tesis de que en México la relación crimen organizado-estado es simbiótica, quizás sea momento de discutir la necesidad más apremiante.
La cuenta mexicana no deja lugar a la abstracción. El RNPDNO acumula más de 300,000 registros de desaparición desde el año 2000, y de esa lista más de 130,000 personas nunca volvieron a casa; el propio gobierno de Claudia Sheinbaum reconoce más de 132,000 casos vigentes. Son más de 12,000 desapariciones nuevas cada año: más de treinta familias, cada día, que empiezan a buscar.
Y hay una parte que ningún expediente judicial toca: los cuerpos que sí aparecieron, pero sin nombre. Esos más de 72,000 restos sin identificar son miles de familias que podrían enterrar a los suyos y no saben que ese cuerpo es el de su padre, su hermano. Su hijo.
Lo primero, el nombre del político que un narco suelta en el estrado estadunidense, se discute una semana y se defiende o se ataca desde a postura ideológica; lo segundo, el nombre del muerto que espera en una plancha, no lo resuelve ningún tribunal.
Colombia construyó ese mecanismo después del Acuerdo de Paz de 2016, que firmaron el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. De ahí salió el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con tres piezas: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz —el tribunal que juzga los crímenes del conflicto— y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
La Comisión entregó su informe final en junio de 2022, tras más de tres años de trabajo, y le puso número a lo que el país sabía a medias: entre 1985 y 2016, alrededor de 121,768 personas desaparecidas por la fuerza, 450,664 asesinadas y 7.7 millones desplazadas, según el conteo conjunto de la propia Comisión, la Jurisdicción Especial para la Paz y el grupo de análisis de datos HRDAG. No fue una lista de culpables; fue el país mirándose de frente y sin miramientos.
La pieza que más le habla a México es la Unidad de Búsqueda. Es un órgano fuera de los tribunales, de carácter humanitario, con un solo trabajo: encontrar a los desaparecidos y devolverlos a su casa, sin esperar a que alguien vaya preso. Su directora, Luz Marina Monzón, lo dijo sin rodeos: no hay verdad completa mientras miles de familias no sepan dónde están los suyos, y buscarlos ya es, en sí mismo, repararlos. Esa pieza —la que busca cuerpos, no culpables— es la que México necesita fortalecer.
El proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 asignó 1,223.5 millones de pesos para las tareas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); esta cifra equivale en términos reales —al descontar el efecto de la inflación— a un recorte del 3.15% en comparación con los recursos asignados en 2026,
La verdad del juzgado es discutible por diseño: la sostiene un criminal que negocia su condena, y trata de sobornos y de nombres de políticos. La verdad de la búsqueda es de otra clase: trata de dónde está un hijo, un hermano, una hija, y su necesidad no está en disputa. Que un capo señale a la clase política mueve la conversación; que una familia sepa qué pasó con los suyos y pueda enterrarlos es lo que de verdad urge, y es exactamente para lo que existe una comisión de la verdad.
El derecho de las víctimas a conocer la verdad de lo ocurrido está reconocido en el derecho internacional y fue el centro del modelo colombiano; en México sigue a merced de qué narco decide hablar ante un juez ajeno. Y no es que el país no sepa hacerlo: montó la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, que en 2022 concluyó que la desaparición de los 43 fue un «crimen de Estado», y otra para la «guerra sucia» de 1965 a 1990.
Pero las dos miran hacia atrás, a un caso y a una época cerrada. Ninguna toca la maquinaria que produjo a los más de 130,000 desaparecidos de este cuarto de siglo, ni junta lo que confiesan los capos con las fosas que abren los colectivos con sus propias manos. En abril de 2026, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU pidió llevar la crisis mexicana a su Asamblea General.
Al final, una comisión de la verdad no se mide por los narcos a los que les cree ni por los políticos que exhibe, sino por las familias a las que les permite dejar de buscar. Esa es la verdad que a México se le está quedando en la espera.
