El tablero político mexicano se encuentra sacudido por una reforma constitucional que busca restringir el acceso a los cargos de mayor relevancia pública para quienes posean doble nacionalidad. El asunto ha sido impulsado desde el Ejecutivo Federal y respaldada por la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.
La iniciativa plantea exigir nacionalidad mexicana exclusiva a quienes aspiren a la Presidencia de la República, a las gubernaturas estatales y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En el ámbito político la medida ha sido vista como un dardo con destinatario directo hacia la oposición, particularmente contra perfiles del Partido Acción Nacional (PAN) con doble ciudadanía o vínculos binacionales, como lo es Francisco García Cabeza de Vaca. Frente a esta avanzada legislativa, la organización Fuerza Migrante levantó la voz desde Washington D.C. a través de un comunicado el cual intituló: "Quien gobierne México debe responder a los intereses de México".
Aunque la plataforma reconoció la facultad del Estado para resguardar la soberanía, rechazó que la binacionalidad sea sinónimo de conflicto de interés o deslealtad patria. "Una sola nacionalidad no garantiza una sola lealtad, como una doble nacionalidad no demuestra una lealtad dividida", enfatizó la agrupación. Recordó además que la histórica reforma de 1997 sobre la materia surgió justamente para amparar a millones de migrantes que necesitaban naturalizarse en el extranjero sin perder la nacionalidad mexicana, alertando sobre los riesgos de extender estas prohibiciones.A la ola de rechazos se sumó con fuerza Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, quien dirigió un mensaje a los 128 integrantes del Senado de la República.
Rubin apeló directamente a los legisladores de Morena, PT y PVEM a votar en contra y rechazar directrices partidistas. "Tener dos nacionalidades no hace a nadie menos mexicano; la doble nacionalidad no significa doble lealtad. Ser mexicano no se mide por cuántos pasaportes tenemos", sostuvo.
Advirtió que la reforma amenaza con "dividir a sus propios ciudadanos entre mexicanos de primera y mexicanos de segunda", y afecta a familias binacionales que aportan al país mediante inversiones y remesas. A modo de sentencia, concluyó: "La historia recordará cómo votó cada senador".
El análisis de los documentos parlamentarios revela que este veto no se limita a la cúpula federal. Un punto de acuerdo presentado por el senador José Ramón Gómez Leal (Morena) expone la intención de llevar este filtro a los estados, exhortando al Congreso de Tamaulipas a armonizar sus leyes locales con el artículo 32 de la Constitución para aplicar la restricción en la gubernatura, las diputaciones locales y los ayuntamientos.
El artículo 32 Constitucional ya reserva ciertos puestos estratégicos de manera exclusiva para mexicanos por nacimiento y que no adquieran otra nacionalidad, como lo son las Fuerzas Armadas, la Marina y el Servicio Exterior Mexicanos. El marco jurídico vigente prohíbe adquirir una nacionalidad extranjera, una vez que ya se esté en funciones, sin embargo, no se hace referencia a quienes ya cuentan con una doble ciudadanía de origen y adquirida previamente.
Es por ello que se busca armonizar el artículo 32 Constitucional y modificar el 81 (Presidencia), el 116 (gubernatura) y el 122 (jefatura de Gobierno de la Ciudad de México), para obligar a cualquier persona aspirante a renunciar a cualquier otra ciudadanía que no sea la mexicana, para registrar candidatura.
Lo cierto es que este martes 29 de septiembre de 2026, en el Senado de la República se votará la iniciativa en comento y se verá si el debate avanza hacia la Cámara de Diputados y después a los congresos de los Estados. O, si todo queda en pura intención.
Esta dinámica deja al descubierto una tensión profunda: mientras el discurso oficial justifica la reforma como un escudo soberano, la comunidad binacional denuncia un retroceso discriminatorio que ignora el compromiso histórico del México migrante.
