Nadie prohíbe el efectivo en la nueva ley: lo que hace es entregar a una sola oficina la decisión de dónde deja de servir. La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre como parte del Paquete Económico 2027, faculta a la Secretaría de Hacienda para señalar los "sectores estratégicos y actividades relevantes" en los que el pago electrónico será el único aceptado, y le da 15 días hábiles para publicar esa lista una vez que la ley entre en vigor.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados tiene prevista para el 1 de octubre, a las 12:00 horas, la sesión en la que dictaminará esta ley junto con la reforma a la Ley Aduanera, según anunció su presidente, Carol Antonio Altamirano. Hoy, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, comparece ante el pleno, y la meta de la comisión es que la ley llegue a votación en el pleno el 14 de octubre.

La iniciativa reconoce como medios de pago el SPEI, el sistema de transferencias interbancarias que opera el Banco de México; CoDi, que permite cobrar con un código QR desde el celular, y DiMo, que envía dinero con solo el número de teléfono del destinatario. A quien realice actos de comercio le exige habilitar la infraestructura para recibir esos pagos, informar a sus clientes que puede recibirlos y tomar medidas cuando algo impida aceptarlos, mientras que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitirán las reglas sobre los códigos QR en terminales de venta.

En los sectores que Hacienda designe, el efectivo y el cheque solo se admitirán en contingencias, y el texto aclara que esa excepción no podrá usarse de manera permanente ni recurrente. Los transitorios fijan el reloj: la ley rige al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, Hacienda tiene 15 días hábiles para definir los sectores y las autoridades de cada sector disponen de otros 15 para emitir sus reglas, de modo que entre la publicación y la primera caja sin cambio caben 30 días hábiles, poco más de seis semanas.

La ley también crea dos herramientas de identidad: la CURP Digital, que los bancos podrán aceptar como identificación adicional, y el Expediente Digital Ciudadano, que permitirá consultar documentos de una persona con el mismo efecto jurídico que el papel. El texto de la iniciativa no nombra sectores concretos ni establece sanciones por incumplir.

Tasa Banxico en 6.5% y Fed al alza: por qué México no siguió a Washington

¿Por qué el gobierno quiere que se pague menos con efectivo?

La cifra que usa el gobierno para justificar la ley la dio José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en la conferencia matutina del 24 de septiembre: el 85% de los pagos menores a 500 pesos se hace en efectivo. Dicho de otro modo, de cada diez compras chicas, más de ocho se pagan con billete o moneda, y la meta que planteó, calculada con el Banco de México, es que la mitad de los pagos sea digital en 2027.

En esa misma conferencia, Peña Merino colocó a las gasolineras y las carreteras como los primeros sectores en los que se reduciría el efectivo, y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que "no se va a prohibir el uso de efectivo ni mucho menos, se trata de facilitar el uso de la tecnología". Los sectores, sin embargo, no están en la ley: los nombró el gobierno en conferencia y los decidirá Hacienda en sus reglas operativas.

El 23 de septiembre, Peña Merino y Othón Moreno González, del Banco de México, expusieron la iniciativa ante la Comisión de Hacienda, donde diputados de Morena, PAN, PT, PRI y Movimiento Ciudadano coincidieron en que la propuesta no prohíbe el efectivo y plantea una transición gradual, y pidieron reforzar la protección de los usuarios y la educación financiera.

El terreno donde caerá la ley tiene sus propias cifras: en agosto, el 55.0% de la población ocupada trabajaba en la informalidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, con lo que más de la mitad de quienes trabajan lo hace fuera del registro que un pago electrónico deja a su paso.

¿Quién decide y quién paga el cambio?

El Congreso vota el marco, pero la lista de lugares donde el efectivo deja de recibirse no pasa por el Congreso. Hacienda definirá los sectores por acto administrativo, lo que le permite ampliar o cambiar esa lista sin una nueva votación de diputados y senadores, y como la iniciativa no fija sanciones, el alcance de la obligación dependerá de las reglas que cada autoridad sectorial publique después.

Del lado de quien gana, cada pago por SPEI, CoDi o DiMo deja registro, lo que da a la autoridad fiscal un rastro que el billete no deja, y los rieles que se promueven son los del Banco de México, no los de las redes de tarjetas que cobran comisión por transacción. Del lado de quien absorbe el costo, están el comercio que hoy cobra en efectivo y quien no tiene cuenta bancaria o celular con datos: para ellos la ley no es una opción de pago nueva, sino una condición para seguir vendiendo o comprando en los sectores que Hacienda elija.

La pregunta que el dictamen del 1 de octubre tendría que responder es si los diputados dejarán la lista de sectores en manos de Hacienda tal como llegó, o si pondrán en la ley algún límite, un plazo mínimo o una lista cerrada. El efectivo seguirá en la cartera; lo que cambia es que la decisión de en qué caja ya no se recibe se tomará en una oficina de Hacienda y no en el pleno de la Cámara.

Hechos clave

• El Ejecutivo envió la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre, dentro del Paquete Económico 2027.
• Hacienda tendrá 15 días hábiles, tras la entrada en vigor, para definir los sectores donde solo se aceptarán pagos electrónicos.
• El efectivo y el cheque solo se admitirán en contingencias en esos sectores, sin uso permanente ni recurrente.
• El 24 de septiembre, el gobierno informó que el 85% de los pagos menores a 500 pesos se hace en efectivo y fijó la meta de 50% de pagos digitales en 2027.
• La Comisión de Hacienda prevé dictaminar la ley el 1 de octubre y llevarla al pleno el 14 de octubre.