En Monterrey, el Congreso de Nuevo León le puso una exigencia al gobernador Samuel García: abrir las cuentas de dos programas, Cero Clausuras y Ponte Nuevo, Ponte Mundial. El punto de acuerdo lo presentó la diputada Claudia Caballero, del PAN, el pasado 26 de agosto ante la Diputación Permanente —el órgano que sesiona cuando el pleno está en receso—, según consta en el portal del propio Congreso.
Lo que pide el acuerdo son cuatro cosas concretas: cuánto dinero entró por aportaciones de la iniciativa privada, qué empresas aportaron y cuánto puso cada una, bajo qué reglas opera Cero Clausuras y cómo se fiscaliza todo. El punto que a nadie le contestan es qué reciben a cambio las empresas que ponen el dinero para dicho programa.
En su exposición de motivos, Caballero puso las cifras sobre la mesa: Cero Clausuras, operado por la Secretaría de Economía estatal, habría recaudado 350 millones de pesos en aportaciones empresariales para obra e imagen urbana rumbo al Mundial de Futbol 2026, y el gobierno anunció que iría por más recurso hasta llegar a 500 millones. La diputada sostuvo que quien aporta queda con una garantía: que ninguna dependencia estatal —ni la Secretaría de Economía, ni Medio Ambiente, ni Fuerza Civil, la policía estatal que García creó en 2021— lo inspeccione, audite o clausure.
Conviene medir el alcance de lo que aprobó el Congreso, porque no es lo que parece. Un punto de acuerdo es un exhorto: el pleno le pide algo al Ejecutivo, pero no lo obliga ni le fija plazo. García puede responder con el desglose completo, responder a medias o no responder, y no hay sanción que se lo impida. El Congreso marcó la cancha; quien decide si juega es el gobernador.
El gobierno estatal lanzó Cero Clausuras: Confianza y Legalidad para el Desarrollo el 13 de mayo de 2026, dentro de la estrategia Nuevo León Cumple. Según el boletín oficial del Estado, lo opera la Secretaría de Economía junto con 17 dependencias estatales y 10 cámaras empresariales, entre ellas CAINTRA, COPARMEX, CANACO y CMIC —los organismos que agrupan a la industria y el comercio de la zona metropolitana.
En la versión del Ejecutivo, el programa sirve para que las micro, pequeñas y medianas empresas se regularicen sin que una falta administrativa menor termine en el cierre del negocio, con la clausura como último recurso. García lo repitió en la Expo PyME 2026, donde lo colgó de un paquete que incluye créditos por más de 10 mil 896 millones de pesos vía Nafin y Bancomext y el programa Hecho en Nuevo León.
La letra del acuerdo dice más que el anuncio. Un análisis de Eje Central apuntó que el documento publicado en el Periódico Oficial mantiene excepciones que dejan a las dependencias con facultades para inspeccionar, sancionar y cerrar cuando haya afectación ambiental, riesgo sanitario o reincidencia. Es decir, la promesa de no clausurar trae candados que la promoción del programa no menciona.
El reclamo no es que entre dinero privado a la obra pública, que es práctica conocida, sino qué se entrega a cambio de ese dinero. Caballero lo planteó así: atar la protección frente a la autoridad a una aportación convierte una obligación del Estado —tratar igual a todos ante la ley— en un privilegio que se paga. Quien pone, queda cubierto; quien no pone, queda expuesto a la inspección que al otro le perdonan.
El propio García le dio a la oposición el argumento que hoy le devuelven. Reconoció en público que hay inspectores que, en sus palabras, "normalmente ponen gorro" y que se han dado actos de extorsión contra negocios. Si el problema son funcionarios que abusan del cargo, la salida que reclama el PAN sería investigarlos y sancionarlos, no cobrar una cuota que garantice que esos mismos funcionarios no lleguen a tocar la puerta.
Y por debajo corre un pulso de partidos. García gobierna por Movimiento Ciudadano, el exhorto salió de la bancada del PAN, y el Congreso de Nuevo León es de los que el gobernador no controla con mayoría propia, de modo que cada pedido de cuentas es también un round entre dos poderes que llevan años midiéndose. La comparación que metió Caballero con el Fan Fest —cuyos números el Congreso ya había reclamado sin recibir el detalle completo— fija el terreno de la pelea: lo que está en juego es quién puede abrir la cuenta de dónde salió y a dónde fue el dinero del Mundial.
La pelota queda del lado del gobernador. Mientras el Ejecutivo no publique quién aportó, cuánto y qué obtuvo a cambio del recurso, las dos lecturas —apoyo a las PyMEs por un lado, compra de protección por el otro— se quedan una frente a la otra sin nadie que dé el fallo.
