Si no pasa algo extraordinario, este jueves 24 de septiembre Estados Unidos y China se sentarán en Washington a negociar la reducción de aranceles y un mecanismo de diálogo sobre inteligencia artificial. Aunque México no ocupa un asiento en esa mesa, el resultado se le mete en la política comercial: el país cobra desde el 1 de enero de 2026 aranceles de entre 5% y 50% a productos de naciones sin tratado, China entre ellas, una medida que hoy opera como su carta en la revisión del T-MEC.
La cita tiene coreografía. Xi Jinping aterrizará en la Base Conjunta Andrews y será recibido esa noche con una cena de Estado en la Casa Blanca a la que Donald Trump convocó a la plana mayor de la tecnología —Sam Altman (OpenAI), Tim Cook (Apple), Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia), Sundar Pichai (Alphabet), Jeff Bezos (Amazon) y Michael Dell—, en una señal de que la inteligencia artificial comparte el centro de la agenda con los aranceles, la disputa por las tierras raras —el itrio, insumo de imanes y electrónica, entre ellas— y la tregua comercial que expira en noviembre y para la que Washington ofrece una prórroga de seis meses.
Nada de esto se improvisa en la sobremesa. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se reunió el domingo 20 de septiembre en Nueva York con el viceprimer ministro chino He Lifeng, acompañado del representante comercial Jamieson Greer, de acuerdo con la misma fuente, en el encuentro donde se redacta el guion técnico que los dos jefes de Estado ratifican o dinamitan cuatro días después.
México llega a ese escenario por una decisión que tomó solo. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2025, vigente desde el 1 de enero de 2026, fijó aranceles —el impuesto que paga una mercancía al entrar al país— de entre 5% y 50% sobre mil 463 fracciones arancelarias de economías sin acuerdo comercial, entre ellas China, Corea del Sur, India, Indonesia y Tailandia, según El Informador; el techo de 50% recae en los vehículos de pasajeros y de carga, sin distinguir gasolina, diésel o motor eléctrico, y la red alcanza autopartes, siderurgia, textiles, calzado, electrodomésticos y juguetes, sobre un flujo de importaciones de 29 mil 400 millones de dólares.
La medida responde a dos incentivos que operan a la vez. Hacia dentro, levanta una barrera de precio a la manufactura asiática de bajo costo y le abre a Hacienda una vía de recaudación en un año de gasto ajustado; hacia fuera, es una señal dirigida a Washington, porque México endurece el trato a China en el mismo ejercicio en que se abre la mesa que define su acceso al mercado estadounidense.
Esa mesa arrancó el 1 de julio de 2026, cuando México, Estados Unidos y Canadá abrieron la primera revisión conjunta del T-MEC —el tratado que sustituyó al TLCAN y entró en vigor en julio de 2020—, el mecanismo pactado para evaluar el acuerdo cada seis años y ajustarlo, según UnoTV. La presidenta Claudia Sheinbaum ha acotado el alcance a decidir cómo se harán esas revisiones periódicas, mientras Trump ha repetido la amenaza de retirar a su país del tratado.
En ese marco, los aranceles a China dejaron de ser un asunto solo de industria y recaudación para volverse un activo negociador que México puede exhibir o retirar. Análisis del sector automotor los han descrito como moneda de cambio frente a Estados Unidos de cara a la revisión: alinearse con la presión de Washington sobre Pekín a cambio de blindar las condiciones de acceso al norte.
La decisión que mueve el tablero se toma el 24 de septiembre en una mesa sin silla para México, de modo que su margen depende del signo del acuerdo ajeno. Si Washington y Pekín recortan aranceles y prolongan la tregua, la barrera que México levantó contra China pierde filo como carta, porque deja de acompañar una presión estadounidense y pasa a remar contra un deshielo; si la cumbre se rompe y la tensión escala, el empujón será el inverso, hacia cerrar todavía más.
El costo de sostener esa política lo reparten dos frentes internos que rara vez aparecen en el mismo párrafo. El consumidor lo paga en el precio de un automóvil, un refrigerador o una prenda importada, mientras que la industria nacional que la barrera protege lo cobraría si Washington exige desmontarla como parte del reacomodo, con lo que el mismo arancel que hoy escuda mañana puede volverse concesión.
La revisión del T-MEC traduce todo esto a dinero, porque México coloca más del 80% de sus exportaciones en Estados Unidos, de modo que cada concesión que Trump le arranque a Xi reordena lo que Washington puede a su vez pedirle a su vecino del sur.
El fondo es que la política arancelaria de México hacia China dejó de valer por sí misma y vale por su encaje con la estrategia estadounidense, y de ahí que funcione en la práctica como un apéndice de la negociación entre las dos potencias, con un precio real que se fija en mesas donde México no reparte las cartas.
