Gerardo OlveraRefrescos, bebidas alcohólicas, tabaco y alimentos de alta densidad calórica aportarían 264 mil 150 millones de pesos por Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en 2027. La cifra viene de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Édgar Amador Zamora, entregó al Congreso el 8 de septiembre de 2026. La iniciativa no contempla aumentar el impuesto en esas cuatro categorías, según reportó El Financiero el 9 de septiembre. Por eso el ingreso adicional depende de que crezcan el consumo y la fiscalización, no de una tasa más alta.
El IEPS se cobra al productor o importador de ciertos bienes, que lo traslada en el precio hasta el consumidor final. Por rubro, Hacienda estima 76 mil 920.5 millones de pesos por bebidas saborizadas, 2.2% más que lo previsto en la Ley de Ingresos de 2026. Por bebidas alcohólicas y cerveza calcula 76 mil 990 millones, 5.6% menos que un año antes, de los cuales 51 mil 87.4 millones vendrían de cervezas y bebidas refrescantes y 25 mil 902.6 millones de bebidas alcohólicas. Por tabacos labrados prevé 64 mil 889.5 millones, un alza de 4.5%.
Los alimentos no básicos con alta densidad calórica, es decir, los que tienen 275 kilocalorías o más por cada 100 gramos y pagan desde 2014 un IEPS de 8%, aportarían 45 mil 350.4 millones de pesos. Eso es 5.8% más que lo estimado para 2026. Sumadas, las cuatro categorías representan casi un tercio de los 828 mil 256 millones de pesos que la iniciativa espera por IEPS en 2027. El resto, 538 mil 549.2 millones, corresponde a combustibles automotrices.
La iniciativa suma dos medidas fuera de las tasas. La primera obliga a productores, fabricantes e importadores de otros productos que contengan nicotina, como las bolsas o sacos, a imprimir un código de seguridad en cada empaque para rastrear su origen. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá asegurar y destruir la mercancía que no lo tenga. La segunda reitera la tasa de 0% de IVA para productos de gestión menstrual, un beneficio que se aplica desde 2022.
La Cámara de Diputados debe aprobar la Ley de Ingresos a más tardar el 20 de octubre y el Senado, el 31 de octubre. El Presupuesto de Egresos tiene como fecha límite el 15 de noviembre, y todo el paquete entraría en vigor el 1 de enero de 2027. La Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), se declaró en reunión permanente el 14 de septiembre. En ese formato analiza la iniciativa con funcionarios de Hacienda, del SAT y del sector privado antes de dictaminarla.
La estimación forma parte de un paquete con un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos. El gasto neto pagado, que excluye los pagos diferidos, sería de 10.515 billones, equivalentes a 26.7% del PIB y 0.7% más en términos reales que lo aprobado para 2026, según el análisis de México, ¿cómo vamos? del 9 de septiembre. Los ingresos presupuestarios sumarían 9.157 billones de pesos, 23.2% del PIB. Otros 1.479 billones vendrían de financiamiento, es decir, de deuda, y equivalen a 13.9% de los ingresos totales.
Hacienda proyecta que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más amplia de lo que el Estado necesita pedir prestado en un año, bajen de 4.1% del PIB en 2026 a 3.9% en 2027. Aun así, el saldo acumulado de esa deuda subiría de 54.0% a 55.0% del PIB. Todo el cálculo descansa en un crecimiento de 2.05%, dentro de un rango de 1.5% a 2.5%. El consenso de analistas de la Encuesta Citi del 4 de septiembre espera 1.8%, y un crecimiento menor al previsto se traduce en menos recaudación.
El paquete llega después de siete meses de recaudación a la baja. Entre enero y julio de 2026, el ISR cayó 6% real anual, su mayor retroceso para ese periodo desde 2009, según el informe de finanzas públicas de Hacienda. La SHCP lo atribuyó a menores pagos de las empresas. En el mismo lapso, los ingresos tributarios totales crecieron 0.0% real. De acuerdo con Expansión, el IEPS sin combustibles quedó 70 mil 356 millones de pesos por debajo de lo programado.
En el caso de los refrescos, la cifra de 2027 parte de una base que ya subió. Para 2026, el Congreso aprobó elevar la cuota a las bebidas saborizadas con azúcar de 1.64 a 3.08 pesos por litro y extenderla a las bebidas con edulcorantes. Por eso el alza de 2.2% que ahora estima Hacienda se calcula sobre un impuesto que ya se había duplicado.
La decisión de no subir tasas se tomó en Hacienda, no en San Lázaro, y el calendario lo muestra. El 1 de septiembre, Carol Antonio Altamirano planteó revisar el IEPS a la cerveza e incluir productos con exceso de sodio, como sopas instantáneas, salsas y aderezos. Dos días después, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que no existía una iniciativa y pidió a su bancada esperar la propuesta del Ejecutivo. El vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar descartó aumentos de tasas. El 8 de septiembre, Hacienda entregó una iniciativa sin incrementos, con lo que la mayoría legislativa se alineó a esa decisión.
El interés del Ejecutivo está en el calendario. 2027 es año de elecciones federales intermedias y de 17 gubernaturas, de modo que un paquete presentado como "sin nuevos impuestos" le evita defender un alza en campaña. Pero el hueco que deja la caída del ISR no desaparece. Se cubre con tres fuentes: más consumo gravado, más fiscalización, como el código de seguridad a la nicotina, y 1.479 billones de pesos de deuda.
El costo lo paga el consumidor. El IEPS no lo absorbe el Estado: el fabricante lo traslada al precio del refresco, la cajetilla o la botana. Que no suban las tasas en 2027 tampoco elimina el aumento que ya se cobra desde 2026. Para la industria de bebidas y alimentos, el mensaje es que la cuenta del próximo año depende del volumen que venda y del control que aplique el SAT, no de una reforma votada.
Queda una distancia entre lo que Hacienda estima y lo que de verdad recauda. Los 264 mil millones son una proyección, no dinero en caja, y el IEPS distinto de combustibles ya corría por debajo de lo programado en 2026. Los diputados todavía pueden modificar la iniciativa, como reconoció Monreal, hasta la votación del 20 de octubre. Lo que la mayoría haga con la propuesta de gravar cerveza y sodio mostrará si esa idea quedó enterrada o solo en pausa.
