Gerardo OlveraLa mitad del diésel que mueve a México se surte fuera del país, y esa mitad depende ahora de una decisión que se toma en Washington. El gobierno de Donald Trump respaldó una posible prohibición de 90 días a la exportación de diésel de Estados Unidos, proveedor principal de un combustible del que México compra afuera el 49% que consume. El planteamiento creció la semana del 21 de septiembre, luego de que Estados Unidos recortara 17.5% sus exportaciones de destilados —los combustibles derivados del petróleo, entre ellos el diésel—, según El Financiero.
El dato, en cuentas simples: de cada dos litros de diésel que quema el país, uno llega de fuera, y casi siempre por el mismo camino, el del norte. El empujón para cerrar ese camino salió del senador republicano John Thune, que planteó explorar el veto ante el precio interno en Estados Unidos; al 14 de septiembre, el galón se vendía allá en 6.28 dólares, 67.91% más que un año antes.
Del lado mexicano la demanda no cede: 470 mil barriles diarios, según la Secretaría de Energía (SENER). Lo que Pemex no produce, lo trae; y lo que trae, lo trae sobre todo de un solo país, con lo que el nudo queda a la vista: un insumo que no se puede dejar de comprar frente a un proveedor que amenaza con dejar de vender.
La consultora Bloomberg Línea puso a México a la cabeza de los países que resentirían el freno. El gobierno de Claudia Sheinbaum respondió con lo que tiene a la mano, evaluar el impacto y activar alertas en el sector, mientras Hacienda sostiene el subsidio que evita que el golpe llegue de inmediato a la bomba de gasolina.
El discurso oficial presume la refinería de Dos Bocas; la factura cuenta otra cosa. Pese a esa refinería, la producción nacional no alcanza para la demanda de diésel, de modo que casi la mitad se compra afuera. Pemex importó alrededor de 186 mil barriles diarios en abril de 2026 y esa cifra mantiene el bolsillo mexicano atado a lo que pase en las refinerías del vecino.
Para que ese amarre no se sienta en la calle, el gobierno lo tapa con dinero: mantiene un acuerdo con gasolineros para que el diésel no pase de 27 pesos por litro y subsidia el IEPS —el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el gravamen federal a los combustibles—, al que en los hechos renuncia por entero en el diésel.
Ese tapón cuesta: los subsidios al diésel rondan los 30 mil millones de pesos por la parte del gobierno, más otros 40 mil millones que absorben las estaciones. Si Estados Unidos cierra la llave, el barril de reposición sube y el tapón se vuelve más caro, justo cuando el precio internacional ya venía trepando.
La respuesta incomoda: no lo manda del todo México. La decisión se toma en Washington y responde a un cálculo interno, contener el precio del diésel dentro de Estados Unidos antes que cuidar el del vecino. Trump respalda el freno y un senador de su partido lo empuja, con lo que el control de un insumo que mueve al transporte de carga y al campo mexicano queda del otro lado de la frontera.
La cuenta la pagan en orden: primero el transportista y el productor del campo, que corren con diésel; detrás, quien compra cualquier cosa que viaje en camión, porque el flete más caro se cobra en el precio final. El tope de 27 pesos y el subsidio amortiguan el primer golpe, pero salen del erario, de modo que el costo no desaparece, solo se muda del la estación de servicio a las finanzas públicas.
Se construyó una refinería para dejar de depender de nadie; basta que el vecino hable de cerrar la llave para que México vuelva a contar los litros que le faltan, y a descubrir que, de cada dos, uno sigue llegando de fuera.
