El Paquete Económico 2027 es el conjunto de documentos con el que el gobierno federal le dice al Congreso cuánto dinero espera cobrar el próximo año, cuánto propone gastar y con qué supuestos sobre la economía hace esas cuentas. El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, lo entregó el 8 de septiembre de 2026, y está formado por tres piezas: los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Para 2027, Hacienda no propone impuestos nuevos ni cambios de tasa, y apuesta a cobrar más con la estructura que ya existe y con más fiscalización. Según la Iniciativa de Ley de Ingresos, la recaudación tributaria llegaría a 6.264 billones de pesos, el 15.9% del PIB y 5.9% más en términos reales que el cierre estimado de 2026, con el ISR como primera fuente (3.289 billones), seguido del IVA (1.768 billones) y del IEPS a combustibles (538.5 mil millones).
La cifra que más circula, 10.636 billones de pesos, suele leerse como el total de ingresos, pero se entiende mejor como el tamaño del gasto: es el gasto neto total propuesto, y del lado de los ingresos se cubre con 9.157 billones de ingresos presupuestarios y 1.479 billones de financiamiento, es decir, de deuda. Por eso la Ley de Ingresos pide un techo de endeudamiento interno de 1.7 billones de pesos y uno externo de 13,500 millones de dólares.
Los supuestos con los que se hicieron esas cuentas son un crecimiento del PIB de entre 1.5% y 2.5%, una inflación de 3% al cierre de 2027, un tipo de cambio de 18 pesos por dólar al cierre, una tasa de Cetes a 28 días de 6% y un precio de 61.8 dólares por barril para la mezcla mexicana. Con esos números, Hacienda calcula un déficit presupuestario de 3.4% del PIB, unos Requerimientos Financieros del Sector Público (la medida más amplia del déficit, que suma lo que el sector público necesita pedir prestado) de 3.9% del PIB y una deuda total que subiría de 54% a 55% del PIB.
El paquete todavía no es ley. La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos, el Senado hasta el 31 de octubre para hacer lo propio, y Diputados, por sí sola, hasta el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos; lo que resulte entra en vigor el 1 de enero de 2027.
El cambio llega por la vía del IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que se cobra sobre productos específicos como combustibles, refrescos, alcohol y cigarros y que el consumidor paga incluido en el precio. Hacienda estima recaudar por ese impuesto 828,256 millones de pesos en 2027, y de esa bolsa 538,549.2 millones vendrían de gasolinas y diésel, 76,990 millones de bebidas alcohólicas y cerveza y 64,889.5 millones de tabacos, de acuerdo con la Iniciativa de Ley de Ingresos reseñada por Infobae el 9 de septiembre.
En refrescos y bebidas azucaradas no hay un aumento nuevo, porque el salto se dio en 2026, cuando la cuota pasó de alrededor de 1.64 a 3.08 pesos por litro y se creó una de 1.50 pesos para bebidas con edulcorantes. Pero esa cuota se actualiza cada año con la inflación, de modo que en 2027 quedaría cerca de 3.20 pesos por litro, según un cálculo de Expansión publicado el 24 de septiembre. En cigarros, la cuota por pieza pasa de 0.8516 a 0.9197 pesos, un aumento que no es nuevo, sino parte del calendario aprobado en el paquete de 2026, que sigue subiendo hasta 2030.
En combustibles, las cuotas tampoco cambian por ley, pero se ajustan con la inflación. Con la estimación de Hacienda que cita Expansión, el IEPS por litro de Magna pasaría de 6.70 a 6.95 pesos, el de Premium de 5.66 a 5.87 y el de diésel de 7.36 a 7.67. En la bomba, el efecto depende de los estímulos fiscales que Hacienda aplica cuando sube el petróleo, con los que reduce ese impuesto para contener el precio final.
Lo que se discute en el Congreso puede mover este mapa. El 22 de septiembre, especialistas convocados por la Red de Acción Sobre el Alcohol pidieron a los diputados cambiar el IEPS a bebidas alcohólicas por una cuota según los mililitros de alcohol puro de cada producto, una propuesta que no viene en el paquete del Ejecutivo y que solo existiría si la Cámara la incorpora en su dictamen.
En el papel, el orden es sencillo: Hacienda propone y el Congreso decide, con la Cámara de Diputados como dueña exclusiva del Presupuesto de Egresos. En la práctica, con la mayoría de Morena y sus aliados en ambas cámaras, el margen de cambio suele concentrarse en ajustes a la Ley de Ingresos y en la reasignación de partidas dentro del gasto, y no en el tamaño total del paquete.
Ese margen es corto también por la forma del gasto. De acuerdo con los anexos del Presupuesto reseñados por El Financiero, 80 de cada 100 pesos son gasto obligatorio (pensiones, deuda, participaciones a estados y nómina), y los programas sociales prioritarios recibirían 1.025 billones de pesos. La discusión real entre diputados se da sobre los 20 pesos restantes de cada 100, y ahí compiten la inversión en infraestructura, salud, educación y seguridad.
Hay una decisión que ni siquiera pasa por el Congreso. El IEPS a combustibles aporta el 65% de todo el IEPS previsto, pero cuánto se cobra de verdad lo decide Hacienda cada semana con los estímulos que publica en el Diario Oficial: si el petróleo sube y Hacienda renuncia a parte del impuesto para frenar el precio en la bomba, esa recaudación se queda corta y el hueco se cubre con otros ingresos, recortes o más deuda.
Del lado de quien paga, el diseño reparte el ajuste sin tocar las tasas: cobra más al consumo de gasolina, refrescos y cigarros por la vía de la inflación y el calendario, y cobra más a empresas y contribuyentes por la vía de la fiscalización. Es una manera de subir la recaudación sin votar un impuesto nuevo, y por eso lo que conviene revisar en octubre no es si hay impuestos nuevos, sino cuánto cambia cada cuota y quién queda exento.
