Desplazamiento forzado en México: la violencia sacó de su casa a familias de 510 mil hogares

En agosto de 2024, 53 familias dejaron sus casas en Chicomuselo, un municipio de la región Frontera de Chiapas donde el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación se disputan el territorio, según reconstruyó Expansión Política. Dos años después, ese municipio de alrededor de 36 mil habitantes encabeza la primera medición oficial del desplazamiento forzado interno en México: de acuerdo con el INEGI, el 26.54% de su población registró desplazamiento forzado, más de uno de cada cuatro habitantes.

El dato forma parte de la Encuesta Intercensal 2025, cuyos resultados dio a conocer el INEGI esta semana. Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, 510 mil hogares tuvieron al menos a un integrante obligado a dejar su lugar de residencia por la violencia o la inseguridad delictiva. En esos hogares vivían 1.6 millones de personas, una cifra que el propio instituto aclara: cuenta a todos los que habitaban la casa, no solo a quien tuvo que irse.

Es la primera vez que el Estado mexicano mide el fenómeno a escala nacional. Para hacerlo, más de 44 mil entrevistadoras y entrevistadores visitaron poco más de 7.3 millones de viviendas entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025, y en cada una preguntaron a una persona mayor de 18 años si alguien del hogar había tenido que cambiar de residencia y por qué. La misma encuesta registró otros 152 mil hogares con al menos una persona desplazada por desastres naturales o de origen humano, con 486 mil integrantes, de modo que, sumadas ambas causas, el conteo llega a 662 mil hogares y más de dos millones de personas.

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El mapa tiene nombres. Siete de los diez municipios con mayor proporción de población desplazada por violencia están en Chiapas y Michoacán: Chicomuselo, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Frontera Comalapa en el primer estado, y Tumbiscatío, Tepalcatepec y Aguililla en el segundo, mientras que los otros tres están en Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas. Por entidad, las proporciones más altas se registraron en Zacatecas, Morelos, Colima, Querétaro, Michoacán, Baja California Sur, Durango, Quintana Roo y Guerrero, con entre 2.2% y 1.6% de su población.

¿Qué hay detrás de un hogar desplazado?

Detrás de cada uno de esos 510 mil hogares hay una salida que casi nunca se planea. El Colectivo Nacional de Desplazamiento Interno Forzado lo resumió así ante La Jornada el 24 de septiembre: "Prácticamente se van sin nada, sólo abrazando a sus hijos". El colectivo recordó que quienes huyen conservan derechos que alguien debe garantizar, como el empleo, la escuela para sus hijos y una vivienda, porque al irse dejan lo que construyeron en toda su vida.

La encuesta tampoco alcanza lo más reciente. El mismo colectivo advirtió que a los datos del INEGI les faltan las víctimas de 2026, año en el que se han documentado al menos 10 eventos de desplazamiento en Guerrero y otros estados. El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana registró en 2025 al menos 15,795 personas desplazadas en 73 eventos en 11 entidades, y el 83% de esos casos estuvo ligado a la violencia de grupos criminales, según reportó Infobae.

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En Colombia, el país que conoce este fenómeno desde hace más tiempo en la región, el desplazamiento se reconoció en la ley en 1997, con la Ley 387, que obligó al Estado a atender a quienes tuvieron que huir de su tierra. México llega a este punto al revés: primero tiene la cifra y todavía no tiene la ley. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados reconoció que el país cuente por primera vez con datos oficiales y dijo que servirán para la prevención, la protección y las soluciones duraderas, pero un dato no le da derechos a nadie mientras no exista la norma que los haga exigibles.

¿Quién tiene en sus manos la ley que falta?

La ley existe en borrador desde hace seis años. El 29 de septiembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, que crearía un mecanismo nacional para atender a las víctimas, y desde entonces la minuta espera en el Senado, de acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez de la propia Cámara alta y con un reportaje de Proceso de agosto de 2026. En 2023, una legisladora de Morena dijo a SinEmbargo que el freno era presupuestal y que la Secretaría de Hacienda estaba detrás de detenerla.

El 29 de septiembre de 2026, el día en que esa minuta cumple seis años sin votarse, el pleno del Senado tiene agendada la reforma de doble nacionalidad, que sus comisiones dictaminaron en menos de 24 horas después de recibirla. La mayoría de Morena, el PT y el Partido Verde decide qué entra al pleno y a qué ritmo, y esa misma coalición gobierna buena parte del territorio que ahora aparece en el mapa: Chicomuselo está gobernado por el petista Lisandro Borrallas Verdugo, y Tumbiscatío, Tepalcatepec y Aguililla por Morena y el Verde, según Expansión.

El pendiente no es solo del Congreso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a México expedir una ley federal en la materia en 2013, 2015 y 2022, y un amparo que busca obligar al Congreso a legislar ha sido pospuesto dos veces en la Suprema Corte, según Proceso. Hasta 2023, solo Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas tenían leyes locales sobre desplazamiento, de modo que en el resto del país una familia que huye no tiene a qué oficina acudir con ese nombre.

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El INEGI ya sabe cuántos hogares se vaciaron y dónde. Lo que ninguna ley federal dice todavía es quién debe recibir a esas familias, con qué presupuesto y en qué plazo, ni si alguna podrá volver a Chicomuselo con garantías, y esa respuesta depende de una votación que el Senado no ha puesto en su agenda.

Hechos clave

• La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI midió por primera vez el desplazamiento forzado interno en México.
• Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, 510 mil hogares tuvieron al menos un integrante desplazado por violencia; en ellos vivían 1.6 millones de personas.
• Chicomuselo, Chiapas, encabeza la lista municipal con 26.54% de su población con desplazamiento forzado.
• Siete de los diez municipios con mayor proporción están en Chiapas y Michoacán.
• La Ley General sobre desplazamiento forzado, aprobada por Diputados el 29 de septiembre de 2020, sigue pendiente en el Senado.