Tribunal de Guanajuato sanciona al padre Pistolas por violencia política

Diez meses y medio después de la misa en la que amenazó a la gobernadora de Guanajuato, el sacerdote Jesús Alfredo Gallegos Lara, conocido como el padre Pistolas, quedó declarado responsable de violencia política contra las mujeres en razón de género. El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) lo resolvió por unanimidad el 25 de septiembre, dentro del procedimiento especial sancionador TEEG-PES-21/2026, en perjuicio de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

El fallo le ordena publicar una disculpa pública en Facebook dentro de los cinco días posteriores a que la sentencia quede firme, es decir, una vez agotadas las impugnaciones. También le impone un curso sobre violencia política de género pagado de su bolsillo y la obligación de abstenerse de expresiones que denigren o minimicen la función de la gobernadora. El tribunal dispuso publicar la resolución siete días en sus estrados, ordenó inscribir al sacerdote en el registro de personas sancionadas por esta falta y dio vista a la Secretaría de Gobernación, que es la autoridad facultada por ley para sancionar a los ministros de culto.

Para los magistrados quedó acreditado lo que dijo el sacerdote en la misa del 2 de noviembre de 2025, transmitida en vivo por Facebook, en el contexto del debate sobre el acueducto Solís-León: que “esa p... gobernadora quiere matarnos de hambre” y que “yo le voy a partir su m... a ella”. El tribunal concluyó que la crítica a la función pública cabe en el debate político, mientras que la amenaza de un hombre dispuesto a causar daño físico a una mujer que gobierna constituye violencia simbólica, porque su impacto es distinto cuando va dirigida contra una mujer.

El caso arrancó el 10 de noviembre de 2025 con una denuncia que presentó una consejera del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) y que la gobernadora ratificó después. Al expediente se sumaron dos ampliaciones por tres videos difundidos desde dos cuentas de Facebook atribuidas al sacerdote. En marzo, el TEEG lo devolvió al IEEG para que recabara más pruebas, con lo que el trámite se extendió hasta septiembre.

García Muñoz Ledo, gobernadora por el PAN, dijo el 29 de septiembre en Apaseo el Grande que espera la disculpa y que seguirá “el camino legal”. A su juicio, debe haber una medida que muestre que en Guanajuato no se tolerará la violencia contra las mujeres, “sobre todo en la antesala de un proceso electoral”. Gallegos Lara es párroco de Chucándiro, Michoacán. Al cierre de esta edición no constaba si impugnó la resolución ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene jurisdicción sobre Guanajuato.

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¿Por qué el agua de la presa Solís está en el centro del pleito?

El acueducto Solís-León es el proyecto que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó en marzo de 2025 para llevar 3 mil 800 litros por segundo de agua potable desde la presa Solís, en Acámbaro, a Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León. Contempla una línea de conducción de unos 237 kilómetros y una inversión cercana a 15 mil millones de pesos, que aportarían en partes iguales la Federación, por un lado, y el estado y sus municipios, por el otro.

Del otro lado de la cuenta está el campo del sur del estado. Conagua anunció que tecnificaría el riego de 10 mil 200 hectáreas del Distrito de Riego 011, es decir, una zona agrícola cuyas obras de riego administra la Federación y cuya agua se reparte por concesión. Destinaría 6 mil 400 millones de pesos a 25 mil productores, con la meta de recuperar hasta 120 millones de metros cúbicos. La promesa oficial es que el riego tecnificado permita abastecer a las ciudades sin quitar agua al campo, y en esa promesa se concentra la desconfianza de los agricultores de Acámbaro y del sur, que temen que la obra reste agua al riego para dársela a las zonas urbanas.

Esa desconfianza tiene detenida la obra. El 18 de septiembre, en Irapuato, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno federal busca convencer a los agricultores antes de que termine el año y que, si no hay acuerdo, analizará otras fuentes de agua para León. En Jalisco, alcaldes de la ribera de Chapala también rechazan el acueducto por su efecto sobre el lago, que recibe las aguas del río Lerma.

La sentencia contra el padre Pistolas se suma a un registro que no deja de sumar nombres. Al 11 de septiembre, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE contaba 508 inscripciones de 465 personas, 386 de ellas hombres. Guanajuato aportaba 14 registros y Michoacán, donde oficia el sacerdote, 12.

¿Quién decide hasta dónde llega la crítica y quién decide sobre el agua?

La sentencia traza una línea explícita: criticar el acueducto y a la gobernadora que lo impulsa forma parte del debate político, mientras que amenazarla con golpes no. Con eso, el TEEG sanciona la forma y deja intacto el fondo. El sacerdote puede seguir oponiéndose a la obra desde el púlpito, siempre que no pase a la amenaza.

El alcance del fallo depende de otras instancias. La disculpa solo corre cuando la sentencia quede firme, lo que deja la última palabra al Tribunal Electoral federal si hay impugnación. Además, la sanción que pueda recaer sobre el sacerdote como ministro de culto no la decide Guanajuato: la vista a Gobernación traslada al gobierno federal la decisión de castigarlo o no. Un tribunal estatal declaró la falta, pero el castigo administrativo se resuelve en la Ciudad de México.

Para la gobernadora, el caso llega cuando el acueducto que su gobierno negocia con la Federación espera una definición. Al presentar la sentencia como una señal de cero tolerancia en la antesala electoral, García Muñoz Ledo desplaza la conversación del reparto del agua al respeto a las mujeres que gobiernan, un terreno donde la resolución ya le dio la razón.

El insulto ya tiene sentencia, pero el agua no. La presa Solís riega el sur agrícola y el acueducto la llevaría al corredor industrial que va de Celaya a León, de modo que sigue abierta la pregunta que el pleito con el sacerdote puso en la plaza pública: quién se queda con el agua que almacena la presa. Esa decisión, como la sanción al padre Pistolas, tampoco se toma en Guanajuato. La tienen Conagua y Palacio Nacional, con un plazo que la propia presidenta fijó para antes de que acabe el año.

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Hechos clave

• El TEEG resolvió por unanimidad el 25 de septiembre que Jesús Alfredo Gallegos Lara ejerció violencia política de género contra la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo (expediente TEEG-PES-21/2026).
• Las expresiones sancionadas se dijeron en una misa transmitida por Facebook el 2 de noviembre de 2025; la denuncia se presentó el 10 de noviembre de 2025.
• El sacerdote deberá disculparse en Facebook dentro de los cinco días posteriores a que la sentencia quede firme y tomar un curso a su costa; el tribunal dio vista a la Secretaría de Gobernación.
• El 29 de septiembre, la gobernadora dijo en Apaseo el Grande que espera la disculpa y que seguirá la vía legal.
• El acueducto Solís-León prevé llevar 3 mil 800 litros por segundo a cinco ciudades, con una inversión cercana a 15 mil millones de pesos.