Con [PENDIENTE] votos a favor, [PENDIENTE] en contra y [PENDIENTE] abstenciones, el pleno del Senado aprobó este martes 29 de septiembre la reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución que obliga a quien aspire a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a no tener otra nacionalidad y, si la tiene, a renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato. La votación superó por [PENDIENTE] votos los dos tercios de los senadores presentes que exige una reforma constitucional.
[PENDIENTE: desglose por bancada. Ejemplo de redacción: "Morena aportó X votos, el PVEM X y el PT X; PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra con X, X y X votos". Si algún senador del bloque oficialista votó en contra o se abstuvo, nómbralo aquí, en particular Luis Armando Melgar (PVEM), quien había anticipado su voto en contra según La Razón.]
El texto aprobado, idéntico a la minuta que envió la Cámara de Diputados, establece que quien ejerza alguno de esos tres cargos no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, usar pasaporte o documento de identidad de otro Estado, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de un gobierno extranjero. Para acreditar la renuncia, el aspirante deberá comprobar, conforme a la legislación del país emisor, que el vínculo jurídico dejó de existir; no bastará con un trámite ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La reforma todavía no forma parte de la Constitución. Necesita la aprobación de al menos 17 de los 32 congresos locales, la declaratoria del Congreso de la Unión y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El decreto entraría en vigor al día siguiente, pero su aplicación se difiere: según el régimen transitorio, rige a partir del proceso electoral de 2028 y no alcanza a quienes ya ocupen esos cargos. El Congreso tendrá 90 días naturales para adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral.
Lo Político siguió el trámite desde las comisiones en la nota previa a esta votación y en su seguimiento.
La iniciativa es de la presidenta Claudia Sheinbaum. La Cámara de Diputados la aprobó el 22 de septiembre con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención en lo general, y la minuta llegó al Senado esa misma noche. Al día siguiente, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, la dictaminaron sin cambios: 12 votos contra 6 en la primera y 11 contra 3 en la segunda, con el voto a favor de Morena, PT y PVEM y en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
En esa sesión, el senador Luis Donaldo Colosio (MC) sostuvo que se legislaba con una urgencia que formalmente no existía y que el artículo 32 de la Constitución ya reserva a los mexicanos por nacimiento los cargos que exigen esa calidad. El panista Marko Cortés argumentó que la reforma afecta los derechos de los migrantes y citó a los 3.5 millones de michoacanos que viven en el exterior. La víspera de la votación, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, el del PRI, Manuel Añorve, y el de MC, Clemente Castañeda, confirmaron el voto en contra de sus bancadas, mientras que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, aseguró que tendrían la mayoría calificada.
[PENDIENTE: una o dos intervenciones del debate en el pleno, una por bloque, tomadas de la versión estenográfica.]
La secuencia muestra dónde está el poder de decisión: la Presidenta propone, la mayoría oficialista dictamina y vota en ambas cámaras en una semana, y la oposición, sin votos para frenar la reforma en el Congreso federal, traslada la discusión a los congresos locales y a los mexicanos en el exterior. El último filtro son las legislaturas estatales, y la velocidad con que voten definirá cuándo se publica el decreto.
El alcance real es el calendario. Como la regla se aplica desde el proceso de 2028, la primera elección presidencial sujeta al candado será la de 2030: la mayoría actual fija hoy un requisito de elegibilidad para la próxima sucesión, y cualquier aspirante con otra nacionalidad tendrá que renunciar a ella, y acreditarlo ante el país emisor, antes de pedir su registro.
La reforma no prohíbe la doble nacionalidad a los mexicanos: fija una condición para encabezar un Poder Ejecutivo, y la deja escrita antes de que empiece la carrera por 2030.
