La Consejería Jurídica de la Presidencia informó este 1 de octubre, en la conferencia matutina, que la reforma que exige nacionalidad mexicana única a quien aspire a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ya tiene el aval de 20 congresos locales, tres más de los 17 que pide el artículo 135 de la Constitución. En la misma conferencia se leyó el transitorio que fija su alcance: la regla será aplicable a partir del proceso electoral de 2028, de modo que no toca a quienes compitan en 2027.
El Senado aprobó la reforma el martes 29 de septiembre con 86 votos a favor y 42 en contra, en una sesión con los 128 senadores presentes, con lo que Morena, el PVEM y el PT reunieron exactamente las dos terceras partes que exige un cambio constitucional. Para llegar a esa cifra, el bloque oficialista llamó a los suplentes de cuatro legisladores que no podían asistir, entre ellos la suplente de la senadora migrante Karina Ruiz, Octavia Hernández Farret, mientras que el senador del PVEM Luis Armando Melgar votó en contra, como había anticipado.
El texto modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución: quien aspire a esos cargos deberá ser mexicano por nacimiento, renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de registrar su candidatura y acreditar que el vínculo con el otro Estado terminó, y no podrá adquirir otra nacionalidad mientras ejerza el cargo. Los senadores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra con el argumento de que la medida afecta a mexicanos nacidos en el extranjero, en particular a los migrantes que viven en Estados Unidos, y la mayoría rechazó todas sus reservas.
El primer nombre que cruzó la discusión fue el de Jasmine Bugarín, senadora con licencia del PVEM y coordinadora de la Defensa de la Transformación en Nayarit, nacida en Los Ángeles, California. El 30 de septiembre, Claudia Sheinbaum leyó el artículo 62 de la Constitución de Nayarit, pidió a Morena y a Bugarín aclarar la designación y dijo que la reforma entraría en vigor de inmediato; un día después, la Consejería Jurídica corrigió el alcance con el transitorio de 2028 y precisó que Bugarín es mexicana por nacimiento conforme al artículo 30, porque es hija de padres mexicanos.
La Consejería añadió que la Secretaría de Relaciones Exteriores le informó que Bugarín renunció a la nacionalidad estadounidense desde 2018, aunque, en declaraciones recogidas por La Jornada el 30 de septiembre, la propia senadora con licencia ubicó esa renuncia en 2024, con lo que las dos fechas no coinciden.
La iniciativa la envió Sheinbaum al Congreso a finales de agosto y la Cámara de Diputados la aprobó el 22 de septiembre con 344 votos a favor, una semana antes de que el Senado completara la mayoría calificada. Entre la votación en San Lázaro y el aval de 20 legislaturas pasaron nueve días, porque los congresos estatales empezaron a votarla el mismo día en que el Senado la turnó.
El transitorio que la deja fuera de 2027 tiene una explicación que la Consejería Jurídica dio en la propia conferencia: las reglas de la elección del próximo año ya no admiten modificaciones, porque el proceso está en marcha. La Constitución obliga a que las normas electorales se publiquen al menos 90 días antes de que inicie el proceso y prohíbe cambios de fondo durante este, de modo que una regla nueva sobre requisitos de candidatura solo podía aplicarse a la siguiente elección.
Con 20 aprobaciones, la reforma ya superó el umbral de los congresos locales; lo que falta es el cómputo de los votos de las legislaturas, la declaratoria del Congreso de la Unión y la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación. Hasta entonces, tener doble nacionalidad no impide registrarse a ningún cargo, y aun después de publicada la regla solo operará desde 2028; la primera elección presidencial en la que aplicará será la de 2030.
Para contexto sobre cómo se repartieron las candidaturas del oficialismo, Lo Político reportó que Morena lleva 10 de 17 coordinadores rumbo a las gubernaturas de 2027 y el PT se apartó del proceso, y Nayarit es uno de los estados donde el PVEM obtuvo la coordinación.
La votación del Senado mostró el límite exacto de la mayoría oficialista: 86 votos de 128 es el mínimo para tocar la Constitución, y el bloque necesitó suplentes y la presencia completa de sus legisladores porque un senador de su propio aliado, el PVEM, votó en contra. El margen fue de cero votos, lo que convierte a cada senador del Verde en una pieza de la que depende cualquier reforma constitucional que el gobierno quiera aprobar en lo que resta de la legislatura.
En los estados la ecuación es otra, porque Morena y sus aliados controlan la mayoría de las legislaturas, y eso explica que 20 congresos la aprobaran en dos días sin que la oposición pudiera frenarla. El poder de veto que la Constitución da a las legislaturas locales existe en el papel, pero con esa distribución la decisión se tomó en el Senado y los congresos la ratificaron.
Sheinbaum presentó la reforma como una medida de soberanía "en tiempos de injerencias", mientras que la oposición la leyó como una restricción a los derechos de la diáspora; el texto aprobado no quita a ningún mexicano su segunda nacionalidad, sino que la convierte en un costo de entrada para tres tipos de cargo. El caso Bugarín dejó ver otra cosa: dentro del oficialismo, la exigencia de una sola nacionalidad se volvió argumento de presión sobre la designación de un aliado antes de que la regla existiera, y fue la propia Consejería la que tuvo que acotar su alcance.
La reforma decide quién podrá registrarse como candidato a partir de 2028; no decide quién compite en 2027, ni resuelve la candidatura de Nayarit, que se rige por la Constitución vigente.
