La restricción de celulares que la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el 22 de septiembre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) no incluye una sanción nacional para el alumno que la incumpla, de modo que la decisión sobre qué pasa en cada caso quedará en manos de directores, docentes y familias. El Acuerdo 09/09/26 entra en vigor el 3 de noviembre de 2026 y aplica tanto en escuelas públicas como particulares del Sistema Educativo Nacional.
En educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, los teléfonos, relojes inteligentes y demás dispositivos personales quedan restringidos durante toda la jornada escolar, recreo incluido. Solo podrán usarse en actividades programadas con anticipación, con propósito pedagógico y bajo la guía del docente, así como en emergencias personales o por motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión o salud, según el texto publicado y reportado por Expansión y xeu Noticias.
El documento no establece suspensión, expulsión ni castigo automático. Excélsior reportó que el acuerdo le da a su aplicación un carácter formativo y preventivo, con participación de estudiantes, docentes y familias, mientras que Infobae precisó que cada escuela podrá fijar mecanismos internos, como el resguardo temporal del aparato, siempre que queden asentados en sus reglas de convivencia.
El calendario también reparte tareas. A partir del día siguiente a la publicación, las autoridades educativas deben iniciar asambleas con madres, padres y tutores para informar y construir los acuerdos de aplicación, y las autoridades de los estados y de la Ciudad de México tendrán 180 días naturales, contados desde la entrada en vigor, para emitir o armonizar sus propias normas, con margen para ajustarlas a las condiciones de cada entidad, según Merca2.0 y El Financiero.
En bachillerato no habrá una regla única: cada plantel deberá limitar el uso no pedagógico de los dispositivos mediante consulta y asamblea con su comunidad, y en educación superior cada institución definirá su política conforme a su autonomía.
La SEP aplicó a finales de agosto, durante la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, una consulta a más de 565 mil figuras educativas sobre el uso de dispositivos en las aulas. El 3 de septiembre, el titular de la dependencia, Mario Delgado, anunció en un foro en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo que habría un acuerdo nacional y presentó el tema como una responsabilidad compartida entre familias, docentes, autoridades y empresas de tecnología, según El Universal.
El 18 de septiembre, los secretarios de educación de las 32 entidades aprobaron el acuerdo por unanimidad en la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Conaedu, y el 21 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la fecha de entrada en vigor. Ese mismo 18 de septiembre, La Razón reportó que la SEP aún no detallaba protocolos para el resguardo de los aparatos ni medidas por incumplimiento.
La regla federal llega sobre un terreno que ya estaba regulado a medias. Delgado informó el 3 de septiembre que 17 entidades contaban con alguna norma sobre dispositivos, y La Jornada ubicó entre ellas a la Ciudad de México, Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León, Jalisco y el Estado de México. En la capital, el Congreso local aprobó el 21 de mayo de 2026 una reforma a la Ley de Educación que regula el uso de celulares sin prohibirlos de forma absoluta y sin sanción automática.
La vía legislativa sigue abierta en paralelo. En enero de 2026, el senador del PT Alberto Anaya presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación que permitía a maestros y directivos retener los celulares durante la jornada. En junio, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que había iniciativas en la Cámara a las que convenía dar salida, y el 21 de septiembre pidió llevar la restricción a la ley.
La SEP fijó la restricción con un acuerdo secretarial y no mediante una reforma legal, y lo hizo sin un catálogo de consecuencias. El gobierno federal se queda con el anuncio, mientras que la aplicación diaria baja al plantel, donde un director tendrá que decidir qué hace con el alumno que saca el teléfono en el recreo y con la familia que reclama por ello.
El punto de mayor fricción es el resguardo. A finales de agosto, el secretario general de la Sección 6 del SNTE en Colima, Miguel Ángel Rivera Huezo, dijo que el sindicato acepta las reglas pero rechaza que el personal docente se haga responsable de guardar los aparatos, porque no está definido quién paga un teléfono que se roba o se daña bajo su custodia. Ninguna de las versiones de prensa sobre el texto publicado reporta una disposición que resuelva esa pregunta.
La misma tensión aparece en otras secciones. El 21 de septiembre, el dirigente de la Sección 25 del SNTE en Quintana Roo, José Arimael Salas Alcocer, sostuvo que la medida debe aplicarse con base en disposiciones oficiales y no en decisiones individuales de maestros o directivos, aunque el acuerdo publicado deja precisamente a cada comunidad escolar la construcción de sus mecanismos. En agosto, la Sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México había planteado una regulación diferenciada según la edad y el contexto de cada escuela, algo que el acuerdo concedió en bachillerato pero no en educación básica.
El reparto de tiempos refuerza ese esquema: la regla corre desde el 3 de noviembre en todas las escuelas del país, mientras que los estados tienen hasta principios de mayo de 2027 para armonizar sus normas, de modo que durante esos meses serán los consejos técnicos y las asambleas escolares quienes definan, escuela por escuela, qué significa incumplir.
